Cada vez que abren la boca Olmedo López y Sneyder Pinilla- los funcionarios de Gustavo Petro que manejaban la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD) y quienes denunciaron todas las fechorías que cometieron dentro de la unidad-, prenden lar armas y sacan a relucir más nombres de personajes involucrados en este escándalo de corrupción que tiene en jaque al país y que es de las dimensiones del proceso 8,000 del elefante, Ernesto Samper, con la entrada de dineros del Cartel de Cali a su campaña presidencial de 1994.
El caso de corrupción denunciado por este par de bandidos no puede pasar desapercibido. El famoso cónclave que confirma Olmedo donde supuestamente hay ministros, altos funcionarios del Gobierno, congresistas y directores de departamento, dieron la orden de robarse 380 mil millones de pesos para presuntamente comprar 30 congresistas y conseguir aprobar todas las nefastas reformas que propone este Gobierno que llevarían a Colombia hacia la cubanización. Una investigación dio a conocer que el robo asciende a más de 5 billones de pesos.
Lo más grave de todo es que pretenden distraernos con la constituyente chavista que pretende hacer el inquilino de la Casa de Nariño que será por la vía inconstitucional armando un Congreso paralelo al verdadero que sí se rige bajo nuestra Constitución, con la narrativa del ‘poder constituyente’ utilizando a estudiantes, asambleas de barrio, juntas de acción comunal, cabildos, entre otros. Bajo esta distracción pretende tapar un escándalo aún peor y es el que Olmedo y Sneyder señalaron en su matriz de colaboración a cuatro representantes de la Comisión de Acusaciones que tienen en sus manos la tarea de investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Estos señalamientos son de suma gravedad y muestran que una de las prioridades del saqueo a la UNGRD tenía como objetivo principal el comprar a cuatro de cinco congresistas que hacen parte de esta Comisión y quienes tienen la obligación de investigar las irregularidades presentadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la presunta entrada de dineros ilícitos y violación de topes de la campaña presidencial de Petro, denunciado por su propio Hijo, Nicolás Petro, y su exnuera Day Vásquez. Los nombres mencionados por Olmedo López en su matriz son los del actual presidente de la Comisión, Wadith Manzur, María Eugenia Lopera, Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta. Al exguerrillero del M-19, Alirio Uribe, no lo tiene que comprar porque este es camarada de Petro desde sus tiempos en la ilegalidad y tampoco a la congresista Olga Lucía Velásquez, esposa del actual presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, quien fue puesto por Petro en ese cargo.
La Corte Suprema ya abrió una indagación por las menciones que Olmedo López y Sneyder Pinilla, han hecho sobre al menos cuatro congresistas que niegan cualquier ilegalidad.
Los congresistas mencionados en esta matriz deben ser recusados por evidente conflicto de intereses. Es muy probable que tengan que cambiar a gran parte de los miembros para que haya independencia y credibilidad en esta investigación. Si tuviesen un poco de vergüenza y de respeto por el país, deben dar un paso al costado ante semejante denuncia mientras la justicia hace lo propio.
Recordemos que Olmedo López hizo una escandalosa revelación en la Revista Semana, donde confesó que recibió la orden de comprar a Wadith Manzur (presidente de la Comisión) quien lleva la investigación de Petro. López dijo que Manzur se vendió al Gobierno y según este, tiene suficientes evidencias contra Manzur para demostrar que recibió instrucciones en el caso de los carrotanques. ¿Quién le dio la orden a Olmedo de supuestamente comprar a Manzur?
Mientras tanto, los colombianos no podemos seguir cayendo en las cortinas de humo que arma este nefasto Gobierno para distraernos y tapar las inmundicias que hacen deslechando a las instituciones para lograr su propósito de perpetuarse en el poder para cambiar el modelo económico. Los colombianos deberíamos estar exigiendo la renuncia del exgurrillero que hoy gobierna nuestro país y pidiéndole a la justicia que tome acciones ante tanta evidencia.
Ñapa: El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el Director Nacional de Inteligencia y exguerrilero del M-19, Carlos Ramón González, mencionados en este escándalo de corrupción, deben darle la cara al país y retirarse de sus cargos. Tienen mucho que explicar. ¿Hacen parte del famoso cónclave?