Es difícil encontrar un gobierno en la región que haya estado envuelto en tantos y tan seguidos escándalos en tan poco tiempo. Es tal el ritmo de revelaciones, denuncias, salidas en falso y declaraciones salidas de tono que pareciera que este gobierno es adicto a la confrontación, al constante estado de crisis. No obstante, lo que ha ocurrido en las tres últimas semanas excede a cualquier proporción: polígrafos ilegales, chuzadas, muertes extrañas y versiones que conducen a pensar que una fuerza oscura estuvo detrás de la financiación de Petro.
Sin embargo, tan oscuro como el escándalo es la defensa que ha emprendido el presidente, sus alfiles e influenciadores: en lugar de responder con transparencia al país, Petro se ha dedicado a recurrir a la táctica de la victimización y la injuria: no es él, sino el resto del país, el culpable, y la denuncia no es otra cosa que un “golpe de Estado blando”. El problema de esta formulación es que puede concluir con violencia: la de sus defensores más radicales, sumidos en la paranoia de un golpe de Estado inexistente del que hay que defender al líder supremo.
Ya hemos tratado en otras columnas esa falacia del “golpe de Estado blando”, que no tiene el más mínimo sentido en una red de escándalos fraguada dentro del mismo gobierno: la jefe de gabinete, el embajador, los oficiales de seguridad, son personas de la íntima confianza del presidente como para estar detrás de una alianza golpista. Además, ¿qué es lo que quiere el petrismo?, ¿que la justicia y los entes de control no actúen sobre ellos porque tienen corona, como se dice popularmente?
Colombia sería un Estado fallido si la Fiscalía no pudiera investigar casos solo en razón a que los protagonistas son de izquierda y ahora están en el poder. Que lo haga no es un golpe blando, sino que es una obligación constitucional.
Algo similar ocurre con cualquier crítica emitida sobre la discreta gestión de la vicepresidenta Francia Márquez: de inmediato se levantan las voces petristas que claman contra el racismo y el colonialismo, como si la Márquez no fuera susceptible a crítica alguna. Dicha actitud infantiliza la política y es cada vez menos creíble para los colombianos.
Porque lo que necesita el país cuanto antes es que Petro deponga su agresividad contra la prensa y la justicia. Que entienda que él no es Napoleón, que no va a conquistar a la Historia, sino que se debe limitar a cumplir la Constitución y la Ley como presidente. Que entienda que sus ataques a la prensa lo retratan como un antidemócrata y que ponen al país en una pugnacidad que entorpece las investigaciones que deben desarrollarse, pues hablamos de la legitimidad de una elección, de la ilegalidad contra una niñera y de la muerte contra un coronel de la República. En suma, lo que necesita Colombia es que Petro responda.