Entre todos los chivos expiatorios que podía elegir para justificar su injustificable gestión, Petro decidió elegir a la prensa. Los medios de comunicación se convirtieron en el blanco favorito del presidente, que no para de acosarlos desde su persistente balcón en Twitter. Pero basta con no ser petrista para comprender lo peligroso que esto resulta para una democracia, pues la arremetida contra la libertad de prensa es el preludio del ataque de un dictador a las demás libertades de todos los ciudadanos.
La prensa no es la culpable de la inflación que aún afecta el bolsillo de los colombianos, ni de la pobre (o inexistente) política de seguridad que tienen a todas las regiones del país sumidas en robos, secuestros y extorsiones, ni tampoco la prensa es la responsable de una subida tan regresiva como agresiva del precio de la gasolina: pero ahora resulta que los medios de comunicación son los enemigos del país, según Petro.
Por narrar los hechos anteriores, y también por destapar escándalos tan graves como el de Marelbys Meza o los audios de Benedetti, el Gobierno de Petro graduó a los periodistas como “enemigos del pueblo” y las consecuencias no se hicieron esperar: Camilia Zuluaga fue objeto de seguimientos e intimidación mientras paseaba a su hija de apenas un año, y esta semana, en las marchas convocadas por Petro, cinco periodistas sufrieron agresiones físicas en distintas ciudades del país, sin hablar del incremento de la agresividad digital contra medios como SEMANA.
La prensa debe contar siempre la verdad, ¿pero qué es la verdad? Como es imposible responder en última instancia a esa cuestión, existen distintos enfoques editoriales, todos y cada uno de ellos legítimos y protegidos por la Constitución, incluso cuando se dedican al ejercicio del control sistemático contra el poder. Es eso lo que tanto molesta a los gobiernistas hoy: para ellos, cualquier crítica, cualquier denuncia, cualquier relato sobre la opacidad de la gestión de Petro indefectiblemente debe ser mentira, pues Petro es, para ellos, un ser perfecto.
El artículo 20 de nuestra Constitución consagra la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir información “veraz e imparcial”. Ese es el quid: que para el petrismo jamás habrá información verdadera y neutra sobre su líder. Cualquier mala noticia es ataque, cualquier control político es desequilibrio y, peor todavía, cualquier denuncia es complot blando-golpista.
Para estas personas es complejo entender que la prensa cumple un papel de contención al poder, y en ese choque siempre habrá una disparidad editorial que no ha podido ser asimilada por los gobiernistas. Así como el ego de Petro no puede ser una política de Estado, una prensa arrodillada a él no podría ser prensa, sino reportería de la más básica.
Desde su cada vez más pequeña tarima y ante su cada vez más pequeño grupo de espectadores, Petro aseguró, sin más pruebas que su propia ira, y en referencia al escándalo de Laura Sarabia, que “SEMANA ordena y el CTI obedece”. Esta acusación parte de una profunda y acostumbrada ignorancia sobre la separación de poderes por parte del mandatario, y también revela su más profundo anhelo: destruir a la prensa colombiana que estorba su camino absolutista. Para Petro, sería mejor una prensa que no informe sobre los problemas del país que lo tienen a él como causa, una prensa que funcione siempre como caja de resonancia sobre sus discursos y que no destape, ni por error, escándalos de sus subalternos; es decir, para Petro sería mejor una prensa que no fomente el espíritu crítico entre sus consumidores. ¿Pero qué sería mejor para los colombianos?
Volvamos al asunto: en Colombia existen 640 medios de comunicación, y todos están hoy bajo amenaza; el pulso que el petrismo sostiene con el medio más poderoso no solo es antidemocrático, sino que estigmatiza el ejercicio de una profesión constitucionalmente protegida y convierte a nuestro país en un lugar donde la libertad de prensa es un imposible.