En medio de la oleada de escándalos, noticias y anuncios del Gobierno Nacional en las últimas semanas, han pasado desapercibidas las facultades extraordinarias que está pretendiendo pasar por el Congreso de la República el presidente Gustavo Petro. Esta figura -establecida en el artículo 150 de la Constitución- le permite al Presidente regular de forma temporal y específica los asuntos que él considere mediante decretos, sin tener que someter esa normatividad al debate político del Senado y la Cámara de Representantes. Por años, esta ha sido una herramienta que han usado todos los gobiernos y que les permite tener mayor celeridad a la hora de tomar decisiones.
Sin embargo, la Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples fallos, dejando claro que las facultades extraordinarias son la excepción y no la regla general. Lo anterior, parece no importarle mucho al mandatario, quien a través de la mayoría de las reformas presentadas y anunciadas ha decidido introducir múltiples solicitudes de estas facultades. Hasta el momento son veintidós: catorce en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo - PND, seis en el proyecto de reforma a la salud y dos en el borrador de reforma pensional.
Las del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo no tienen antecedente alguno. En el gobierno de Iván Duque se solicitaron ocho facultades y en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos únicamente seis.. Cuando se revisan los poderes solicitados en el PND encontramos que pretende modificar todo el sistema de Familias en Acción, adquirir los actuales predios del San Juan de Dios, crear una entidad que administre la construcción y mantenimiento de caminos vecinales, crear y estructurar un grupo empresarial del sector eléctrico, establecer una preocupante Agencia de Seguridad Digital y reorganizar todos los fondos estatales.
Dentro del polémico proyecto de reforma a la salud, solicitó modificar mediante decreto todo el actual régimen laboral de los trabajadores de la salud, la reforma a las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, dictar por decreto todas las normas necesarias para fijar las reglas y procedimientos durante el eventual régimen de transición establecido en la reforma y tomar todas las decisiones para la capitalización de la Nueva EPS.
Para el caso del borrador de la reforma pensional, que fue publicado la semana pasada y por el cual pretenden quitarles la libertad a los colombianos de escoger su régimen y fondo de pensión, solicitó dos nuevas facultades extraordinarias que tienen que ver con la reforma a Colpensiones y modificaciones en materia administrativa, presupuestaria y financiera al Ministerio de Trabajo, para asumir los inmensos recursos que se obtendrían luego de darle un golpe histórico al ahorro en el país.
La estrategia del Presidente es clara: evitar en lo que más pueda el debate al interior del Congreso de la República y concentrar el mayor nivel de poder posible para poder tomar decisiones trascendentales por decreto. La debilidad política del gobierno, el desorden institucional y la incapacidad para crear consensos en el país, están llevando a que Petro quiera pasar por encima de las instancias democráticas y para esto le apuesta a tener mayor poder.
El Congreso de la República y sobre todo los partidos que hoy conforman la lánguida e incoherente coalición de gobierno deben reflexionar sobre esto. Cada habilitación de este tipo que le concede el legislativo al ejecutivo es un mensaje de rechazo a la legitimidad de la democracia y a la independencia de poderes que promulga nuestra constitución política. Las facultades extraordinarias deben seguir siendo la excepción y ojalá que los congresistas no le abran la puerta a esta acumulación de poder en cabeza del Presidente que alimenta su objetivo de ser un ente superpoderoso, autoritario e indiscutible.