En relación con las recientes controversias suscitadas, influidas en parte por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 y las decisiones del gobierno del presidente Petro, que afectan a Antioquia en asuntos mineros y viales, se plantea la cuestión de si Colombia debería avanzar hacia un Estado Federal. En este contexto, surge un nuevo acontecimiento que refuerza la tendencia hacia la recentralización bajo la administración actual, centrándose ahora en la política catastral con un enfoque multipropósito.

El punto uno, del acuerdo de La Habana, sobre la reforma agraria, estableció como eje fundamental la implementación de un catastro multipropósito, para lo cual se emitieron normas de delegación y descentralización. Durante los gobiernos de los presidentes Santos y Duque, se avanzó en la elaboración de documentos CONPES, como el 3859 de 2016 y el 3958 de 2018, y se promulgaron normativas que facilitaron el proceso de descentralización catastral.

Estas medidas permitieron que las entidades territoriales asumieran la competencia y llevaran a cabo la gestión integral de la información catastral en sus respectivos territorios. La justificación detrás de esta decisión se basaba en el rezago en los procesos de actualización a nivel nacional, atribuido en parte a una estructura institucional inadecuada con baja capacidad y eficiencia catastral.

Históricamente, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se le ha confiado la responsabilidad de ser la autoridad catastral en Colombia y, además, de llevar a cabo la gestión catastral en aproximadamente el 90% de los municipios del país. El restante 10%, en su momento, estaba a cargo de los llamados catastros descentralizados.

Sin embargo, dada la falta de capacidad técnica, operativa, administrativa y presupuestal del IGAC para abordar la gestión catastral de la mayoría de los municipios, los gobiernos regionales, en cumplimiento del acuerdo de La Habana, idearon la figura de la delegación de competencias catastrales y, posteriormente, la habilitación como gestor catastral. Esto no solo tenía como objetivo fortalecer el proceso de descentralización, sino también reconocía que el IGAC, por sí solo, no podría lograr la actualización de todo el territorio nacional.

La creación de la figura de la habilitación ha llevado a la existencia de más de 40 gestores catastrales en el país. Sin embargo, contradiciendo la esencia y génesis de la política del catastro multipropósito en Colombia, en agosto de 2023, el IGAC emitió la Resolución 1040, claramente orientada hacia la recentralización.

Esta resolución reglamenta la gestión catastral multipropósito y establece limitaciones para los gestores catastrales. Para que los municipios seleccionen un gestor catastral diferente al IGAC, se les exige verificar que dicho gestor haya realizado procesos de formación y/o actualización catastral. En el caso de gestores catastrales responsables de varios municipios, los procesos de formación y/o actualización deben cubrir el 70% del área del territorio a su cargo.

Este requisito dificulta que la mayoría de los municipios, con el IGAC como su gestor, opten por cambiar.

Las cifras revelan la limitada capacidad operativa, técnica y administrativa del instituto. En el año fiscal 2023, el presupuesto asignado para levantamiento, actualización y administración de la información catastral fue de $308.456.849.359, pero hasta noviembre, la ejecución fue solo del 12,1%.

Esta situación se agrava al considerar los recursos del Fondo Colombia en Paz, cuya ejecución se ha limitado a la generación de insumos cartográficos de municipios a intervenir, sin haberse levantado catastralmente el primer predio con dichos recursos.

Además, el estado de los procesos de actualización catastral de municipios financiados por la cooperación francesa, el Presupuesto General de la Nación 2022 y el Programa Territorios Forestales Sostenibles, TEFOS, financiado por la cooperación del Reino Unido, sigue siendo desconocido, sin cuestionamientos del Gobierno, el Congreso de Colombia, ni los organismos de control.

Ante la escasa obtención de resultados y la evidente debilidad institucional, debidamente documentada, el IGAC persiste en mantener el control sobre los municipios, impidiendo que las entidades territoriales refuercen sus capacidades y contribuyan al logro de la meta establecida, que representa el 70% del área total del territorio nacional. Según la proyección programada de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo (PND), se espera haber alcanzado un mínimo del 12.41% al cierre del 31 de diciembre de 2023.

Es imperativo evitar repetir la excusa habitual de este Gobierno, que atribuye la ineficacia de las entidades y sus directivos al gobierno anterior. Ha llegado el momento de demostrar resultados, en contraposición a una política de recentralización, como se explicó anteriormente en relación con la seguridad y ahora en el ámbito catastral, elemento fundamental del acuerdo de La Habana. Sin embargo, esta política se ve comprometida por las decisiones del actual Gobierno, de centralizar todas las acciones a nivel nacional.

Al recordar las afirmaciones del presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión, donde prometió trabajar para lograr una paz verdadera y definitiva, cumplir con el Acuerdo de Paz, estas declaraciones ahora parecen incumplidas.

Es otra mentira más y una evidencia adicional de que este Gobierno, con sus decisiones, busca poner fin a nuestra democracia y llevar al país hacia un modelo de gobierno alineado con los postulados del Foro de São Paulo.

La recentralización está despojando de poder a las regiones, violando los principios de la Constitución de 1991 y, lo más preocupante, un gobierno de orientación izquierdista está incumpliendo los acuerdos de La Habana. Es una situación lamentable para nuestro país.