El presidente, sus agencias y ministerios en estos frentes han agraviado a la zona central del país, conformada por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, conocida como Eje Cafetero.

Afrentosa fue la exclusión de los caficultores de esta región durante el reciente bajón de precios del café. El 19 de febrero de 2024 se lanzó el programa del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (Faia) para caficultores, que subsidia el 30 por ciento de las compras a los del Sisbén A1 a C18. La versión inicial de la ministra de Agricultura de entonces, Jhenifer Mojica, seleccionó 13 departamentos y dejó por fuera a los tres del Eje. Tras los reclamos fue revocada tal decisión, tan solo un mes antes del cierre de la inscripción de beneficiarios.

Asimismo, para la intervención del Fondo de Estabilización de Precios del Café (Fepec) en el precio interno, deprimido por diez meses, se mantuvo como referencia el costo de producción del suroccidente, inferior al de la zona central. Las sequías en Brasil impidieron la quiebra.

Mandoble mayor fue el de hace dos semanas. Se supo que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) andaba de compras en predios de las fajas de amortiguación del Parque Nacional Natural Los Nevados (PNNN), protegido desde 1974, para entregarlos a indígenas caucanos de Piscitau y Misak El Carmelo.

Los predios están en el macizo del Ruiz, junto con los otros volcanes Santa Isabel y Tolima, y los páramos del Cisne, Santa Rosa y Quindío. Cuenta con ecosistemas y humedales de interés mundial, como la laguna del Otún, y bosques altoandinos, de donde viene el agua para 3 millones de personas en cuatro departamentos. Son 61.420 hectáreas, pero en 180.000, que conforman el sistema, priman reglas de sostenibilidad.

Hay especies de conservación en aves (loros, pericos, cotorras, patos, cóndores y águilas); en mamíferos (danta, oso de anteojos, venados, tigrillos, pumas y murciélagos insectívoros, frugívoros y nectarívoros) y en flora hay árboles de 30 metros de altura, pajonales, turberas, arbustales, palma de cera, pino colombiano, romerón y siete cueros. Un verdadero tesoro de biodiversidad.

La historia detrás es que el propietario del predio Potosí en Caldas, Gustavo González, con su comisionista Germán Salazar, al ser requerido con fines de conservación para la venta del predio, buscó un mejor precio en la ANT.

Y lo encontró. Mientras en los municipios de Villa María (Caldas) y Santa Rosa de Cabal (Risaralda) las transacciones recientes en esas zonas son de 3 millones de pesos por hectárea, lo ofertado por la coordinación de la ANT en estos departamentos, dirigida por el exalcalde santarrosano Rodrigo Toro, fue de más de 15 millones (J. C. Gómez, Blu, 20/9/24).

¿Cuál es la razón? El cabildo indígena misak Nietos de María Dolores Chantren, fundado el 10 de marzo de 2024, requirió por tierra a la agencia. Al ser muy costosa en el Cauca, se “ocurrió” ofrecerle las de González, más el predio Las Hortensias, y en Risaralda a Dobeiba, Pleito, Porvenir, Los Andes y Correa, sobre los que la ANT ofició a la Carder el 12 de septiembre por un concepto técnico ambiental, ya que los indígenas aceptaron el territorio.

El negocio iba viento en popa cuando la sociedad civil e instituciones y gobernaciones del Eje, sumadas las del Tolima, protestaron por el riesgo ambiental y en el agua. En apariencia se suspendió, lo que no es causal para bajar la guardia, máxime por la tradición de “torcidos” en la ANT y la largueza de Toro para comprar con dineros públicos, como una cuadra de tierra –que adquirió en su alcaldía para reubicar viviendas– por 1.519 millones de pesos.

De remate, en la Comisión Sexta de la Cámara cursó un debate sobre la propuesta de Odinsa (Argos-GEA), asociada con el fondo australiano Macquarie, para prorrogar por 30 años la concesión que conecta a Armenia-Pereira-Manizales, bajo la forma de Iniciativa Privada.

Voces contrarias, como la de la Veeduría, con Juan Guillermo Ángel, denunciaron la inicua propuesta que, en kilómetros por dólar, tiene los peajes más caros del mundo; con eventuales tasas de retorno hasta del 30 por ciento y la inversión de apenas un porcentaje del 20, en donde se recauda el 80 por ciento de tales peajes, para aplicar el grueso en la vía La Paila-Calarcá de interés nacional y en trasgresión de varias leyes.

Fue extraño cuando el presidente de la ANI, Francisco Ospina, presentó, en oficio de vocero de Odinsa, “una modificación” peor aún que la idea original. Clara burla a los numerosos reparos ciudadanos expresados en foros y audiencias.

En los agravios al Eje Cafetero, además de los daños, los funcionarios de Petro, contrario a la carreta que se lanza desde los balcones, se apropian del interés privado y desechan el bien público social. ¡Vergonzosas sus incoherencias!