El Gobierno de Gustavo Petro ha retrocedido al país 20 años. En los poco más de 15 meses de su administración, sus políticas públicas, fundamentadas en dogmas y venganzas, han fortalecido a la guerrilla, al narco, a la delincuencia y a los secuestradores. Nadie en la historia del país ha tenido la capacidad de devolver nuestra nación a una velocidad de más de un año por mes, como lo ha hecho esta administración. Desastroso.
Las imágenes de la liberación del padre de Lucho Díaz son reminiscentes a las de la puesta en libertad de Ingrid Betancourt en 2008. Incluso, el helicóptero usado es uno de los mismos utilizados en la Operación Jaque. Lo ocurrido el pasado jueves es uno de los episodios más tristes y vergonzosos de la historia reciente colombiana, en la que, como esa enfermedad mortal que revive cuando se creía curada, vuelve.
Hoy pienso con dolor en lo siguiente. De nada valieron los muertos que han puesto nuestras FF. MM. durante años, los millones de dólares invertidos en la lucha contra los violentos, los inocentes muertos, los periodistas sacrificados, los políticos asesinados ni los sapos tragados por nuestra sociedad en nombre de la pacificación del país, a la luz del retorno contundente de todas las prácticas narcoguerrillas que han vuelto con venganza, propiciadas por este Gobierno.
Vamos a los números. En los primeros meses del año, el secuestro aumentó 70 por ciento. Entre enero y septiembre de este año se han reportado 241 secuestros en Colombia, de los cuales 167 serían de carácter extorsivo, es decir, en busca de dinero. Los datos son del propio Ministerio de Defensa, que para el mismo periodo del año pasado sumaba 142 secuestros extorsivos y simples.
La extorsión también está disparada. Datos oficiales muestran un aumento del 15 por ciento en esta práctica. Otros indicadores relacionados con la actividad de las guerrillas en Colombia han registrado preocupantes repuntes. Los atentados contra los oleoductos han subido 56 por ciento; los confinamientos, 24 por ciento y las confrontaciones entre grupos armados, 85 por ciento. Los datos de esta debacle en seguridad nacional hablan tan duro como el silencio cómplice de los activistas que antes se rasgaban las vestiduras gritando “Nos están matando” y ahora se atragantan con la mermelada que les entregaron en contratos y puestos en la administración. Mercenarios.
La ONU también ha puesto sus alarmas sobre el tema. Según su más reciente informe, hay gran preocupación en la entidad sobre el auge de la violencia y la expansión territorial de los grupos armados en Colombia.
El documento presentado detalla que se cometieron 52 masacres en el primer semestre de 2023, dejando 168 muertos y 19 de ellos menores de edad. Los datos representan un incremento del 11 por ciento con respecto al segundo semestre de 2022, siendo los departamentos de Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca los más afectados.
A pesar de la contundencia de las cifras y la seriedad de las fuentes, poco o nada reconoce el Gobierno. Los escándalos que emanan de sus propias filas, relacionados con la financiación de su campaña, las formas del jefe de Estado, las traiciones entre copartidarios y excesos de los ahora dueños del poder, han barrido como escoba nueva estos escandalosos datos sobre la realidad del deterioro de la seguridad del país. El Gobierno Petro es un retroceso en todo sentido, un petroceso, que nos costará años en revertir. Es increíble el terrible efecto de elegir mal.