El país se pregunta cuáles serán las consecuencias del peor escándalo ético y jurídico del Gobierno del “cambio”, y si las próximas elecciones regionales del mes de octubre serán el termómetro para medir en realidad qué tanto afectó Nicolás Petro al proyecto político de su papá.

Es claro que posiblemente la campaña del presidente Gustavo Petro fue financiada con dineros del narcotráfico y que existe además la posibilidad de que otros recursos provenientes del clan Torres no hayan sido reportados en la contabilidad oficial del entonces candidato.

Hasta ahora, las explicaciones de Gustavo Petro dejan mucho que desear. El silencio estratégico de hacer de cuenta que no está pasando nada, además de ser lo previsible, no necesariamente es lo más conveniente.

Los colombianos han visto cómo desde el Gobierno se ha esparcido la narrativa de que al presidente la oposición no lo quiere dejar gobernar y que el tema de Nicolás es casi que un entrampamiento. Un intento desesperado por victimizar al presidente, tratando de exonerarlo de la responsabilidad que los ciudadanos, por el contrario, esperan que asuma.

La gente no es tonta, pero sí se va a quedar esperando que algo ocurra. Por eso, el único terremoto político que podría desestabilizar al cero empático y desconectado presidente es una derrota en las principales ciudades gobernadas en la actualidad por los alcaldes y gobernadores “progres”.

Es importante tener claro que para que haya una condena eventual en contra del primer mandatario, tendría que haber una investigación primero en la Comisión de Acusaciones, luego una acusación en el Senado y finalmente un juicio en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, un camino muy largo.

Pero una cosa son las consecuencias judiciales y otras las políticas. Las elecciones regionales representan un riesgo real para el debilitamiento o fortalecimiento del proyecto del Pacto Histórico en su aspiración de quedarse en el poder varias décadas o perder esa posibilidad para 2026.

La situación de Gustavo Petro es muy incómoda. Solo ha pasado un año de haber ganado la presidencia y su imagen desfavorable se encuentra en el 61 por ciento, según la última encuesta de Invamer Gallup de esta semana.

Nicolás Petro le entregó a la Fiscalía General de la Nación, en el acuerdo de principio de oportunidad para lograr libertad condicional, una matriz de casi 30 personas que estarían vinculadas con la financiación de la campaña en la costa. Eso sí, aclaró que ni su papá ni Ricardo Roa estaban enterados de las platas que entregaron el exnarco el Hombre Marlboro, ni las del Turco Hilsaca. ¿Pero y las del clan Torres, que según el exembajador Armando Benedetti serían 15.000 millones de pesos, tampoco sabían nada?

Ese listado lo encabeza Verónica Alcocer, la primera dama de la nación, que todo el país vio muy activa haciendo campaña en la costa. ¿Se atreverán las autoridades a indagar a la poderosa esposa del presidente?

Además, Nicolás mencionó a Mauricio Lizcano, Alfonso Prada, Agmeth Escaf, María Antonia Pardo, Miguel Ángel del Río Malo y hasta el propio Armando Benedetti, entre otros.

Aunque el presidente Petro intente seguir desmarcándose de su hijo para alejarse del escándalo, más se hunde en el pantano de los cuestionamientos. ¿Es que cada vez que se subía a una tarima en forma de ‘P’ en el tiempo de no campaña, el entonces senador no se preguntaba quién financiaba esos multitudinarios y costosos eventos?

Es que es difícil y contradictorio no recordar al senador Gustavo Petro cuando exigía la renuncia de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por el caso de su hermano preso por narcotráfico. Ahora, con la tragedia familiar de los Petro, ¿cómo se aplicaría la exigencia del entonces senador dueño de la moral? ¿O ya no aplica?

El presidente no es ninguna víctima de la oposición porque la implosión del Gobierno fue diseñada y detonada por el mismo “cambio”. Lo más grave es que hay tantas alianzas con las que se construyeron las mentiras del cambio, que ahora no les alcanza para pagarles a todas las mafias que los ayudaron a llegar al poder.

Por eso, los candidatos de oposición al Gobierno en las regiones están obligados a ser impecables en sus campañas. Los ciudadanos están hastiados de gobernantes mediocres como Claudia López en Bogotá, Jorge Iván Ospina en Cali y el polémico Daniel Quintero en Medellín, que fueron abiertamente petristas y que, a su vez, prometieron ser un “cambio”, que lo que logró fue destruir las ciudades que dirigieron.

Estas elecciones son la oportunidad para que los colombianos expresen en las urnas su rechazo o apoyo a los candidatos del Pacto Histórico y al Gobierno nacional. Será una especie de plebiscito para que Gustavo Petro decida cómo es que quiere terminar su mandato en 2026.

Hoy, el presidente se percibe debilitado, desconectado y sus desapariciones no le ayudan en absoluto. Este escándalo apenas comienza a tener consecuencias, y por lo que se percibe, los colombianos no están para nada contentos con el Gobierno, que no entendió que tuvo todo para ser un cambio en mayúscula y se quedó en uno, que a duras penas se escribe entre comillas.