Lo que está sucediendo hoy en el país es una película que ya vimos. Cuando Juan Manuel Santos anunció su voluntad de diálogo con las Farc, esta guerrilla emprendió una campaña de terror contra nuestros soldados para así “llegar fortalecidos a las negociaciones”. En su limitada mentalidad delincuencial, esa organización creyó que asesinar soldados era la mejor manera de precipitar la paz. Por desgracia, muchos compraron esa tesis.

Hoy, cuando lloramos la muerte de 36 policías víctimas de un Plan Pistola, vemos el lamentable regreso de esos métodos.

El presidente electo Gustavo Petro tiene una enorme carga de responsabilidad en estos hechos, a mi modo de ver: anunció una supuesta “paz total” con enormes beneficios para los grupos criminales que quisieran someterse a la justicia, todo para justificar las enormes concesiones que seguro le hará al Eln.

Pero Petro no se ha posesionado y es un error garrafal revelarle su estrategia a las bandas delincuenciales y narcotraficantes. Estos últimos han entendido que tienen una negociación por delante, y que mientras esta llega a concretarse, ellos tienen la oportunidad de fortalecer sus acciones delictivas para poder sentarse a la mesa de tú a tú con un Estado que ya les anunció que los va a perdonar.

Es un error de cálculo increíble, que provocó una escalada violenta y que nos está costando vidas.

Lo que los colombianos no entendemos es por qué Petro no ajusta su estrategia: hay que exigir un inmediato cese del cobarde Plan Pistola al Clan del Golfo. Dejar claro que no se negociará con ellos si siguen asesinando policías. Poner sobre la mesa la condición de que paren ya todas sus acciones delictivas y que respeten la vida de nuestros héroes de la Policía Nacional, a quienes atacan por la espalda de manera vil. Nada de eso ha sucedido. Por el contrario, volvemos a comprobar que para algunos la paz es someter al Estado de rodillas ante los grupos criminales.

Perdón, presidente electo Petro, pero son los grupos criminales los que deben someterse al Estado.

El país entero sabe que el Eln tendrá unos diálogos de paz donde se reencauchará todo lo que se hizo con las Farc: una justicia restaurativa, es decir, cero cárcel; garantía de participación política, es decir, curules; una reinserción sin garantía efectiva de verdad, es decir, lavado de imagen…Todo esto se puede resumir con una sola palabra: impunidad.

La cuestión es saber si dicha impunidad también será un privilegio al que accedan narcos y grupos delincuenciales. Si lo es, se traduciría en que Petro no va a castigar a los responsables del asesinato de los 36 policías que han caído en el desarrollo del Plan Pistola.

Es aquí donde el país entero debe levantarse para exigir que se castigue a los asesinos de nuestros héroes. La indiferencia con la que parte de la opinión pública ha recibido y hasta celebrado estos asesinatos es un síntoma del oscuro futuro que le espera a nuestra Fuerza Pública. Si los ciudadanos que queremos y valoramos al Ejército y la Policía no somos capaces de apoyarlos con decisión, ¿quién lo hará?

Anotemos una última cosa: ¿qué pasará con la extradición? Es seguro que bajo la excusa de garantizar “la verdad” –la misma que las Farc no ha contado seis años después– Petro suspenda este mecanismo. Revivirían los fantasmas del Pacto de la Picota, cuando presuntamente se prometió el final de la extradición a delincuentes que reposan en esa cárcel.

Lo cierto es que Petro se sentará a negociar con el Clan del Golfo. De lo que surja de este “Pacto histórico”, Colombia no debe olvidar que lo hacen con la sangre de nuestros policías sobre la mesa.