El caso más reciente ocurrió la semana pasada. Un juez ordenó suspender la licitación prevista para adjudicar el desarrollo del Transmilenio por la carrera séptima. Ese ramal es un componente clave en la política de movilidad de Bogotá, ciudad que está cada vez más paralizada por cuenta de los trancones y la falta de vías y medios de transporte masivo. Más allá de si uno está de acuerdo o no con la visión y las propuestas del alcalde en este tema, la preocupación surge por el hecho de que sea un juez de la república, quien termine decidiendo un tema tan importante para cualquier ciudad. Más aún cuando esas decisiones no se basan en incumplimientos a la ley sino en evaluaciones de conveniencia de la medida. La judicialización de la política conlleva a la parálisis y acarrea sobrecostos en tiempo y dinero en la implementación de decisiones que son urgentes e importantes. Ese movimiento hacia una especie de activismo judicial hace daño a los procesos de toma de decisiones de política pública que deberían resolverse en las instancias políticas que se crearon precisamente con ese fin. Los políticos, profesionales y de organizaciones menos estructuradas, han encontrado en los estrados judiciales una nueva instancia para dar las batallas que perdieron en las urnas. Muchos activistas han adoptado el camino del llamado “litigio estratégico” como una forma de obtener por la vía judicial lo que no logran por la movilización ciudadana. La invasión de la esfera política por los jueces es también culpa de los políticos. En grandes debates de sociedad, como la eutanasia, el aborto, el matrimonio para parejas del mismo sexo, los políticos han rehuido su responsabilidad y le han dejado el campo abierto a los jueces. En casi todas las democracias esas decisiones han sido el resultado de debates en el congreso y se han resuelto mediante leyes. No así en Colombia donde los jueces han asumido un papel que los políticos se rehúsan a cumplir. Este perverso recurso a la justicia para resolver problemas políticos se alimenta también de ese complejo de Adán de muchos políticos que pretenden reinventar la rueda y borrar a cualquier costo lo que hizo su antecesor, incluso antes de haber ganado las elecciones. No hay prácticamente ninguna decisión política tomada por un gobernante que no sea respondida por un anuncio de una demanda por parte de la oposición al mandatario de turno. El debate se trasladó de las tribunas públicas a los estrados judiciales. Y en los medios leer la sección de política es como abrir las páginas de la crónica legal. De otra parte, es cada vez más frecuente ver a los políticos acusar a los jueces de participar en política y lo que es más grave, de asignarles intereses partidistas. Detrás de cada decisión jurídica, los que no comparten el sentido de la misma saltan inmediatamente a denunciar el sesgo político o los intereses partidistas de los jueces y magistrados que la tomaron. Pretenden así descalificar los fallos y lanzar un manto de duda sobre las razones y las motivaciones de los jueces. Flaco favor le hacen a la tan necesaria justicia que todos claman defender y exigir. En Colombia necesitamos unas instituciones más fuertes, no por su arbitrariedad sino por la confianza el respeto que les debemos todos los ciudadanos. Ese respeto debe empezar por las cabezas. La separación de poderes es una de las piedras angulares de la democracia y el estado de derecho. Ese principio fundamental no puede quedarse en letra muerta y en saludos a la bandera de los discursos políticos. Pero tampoco es bueno que la rama judicial se arrope en su independencia para participar activamente en decisiones que son de carácter político. Ambas interferencias desdibujan los mecanismos de pesos y contrapesos que requerimos para avanzar hacia una sociedad más democrática, con una ciudadanía más activa en la política y unos jueces garantes de los derechos de esos mismos ciudadanos. Es necesario que los linderos entre la política y la justicia queden bien delimitados y se respeten las órbitas de competencia de cada cual. Que los políticos hagan política y tomen decisiones políticas y que los jueces impartan justicia y se abstengan de hacer política con sus fallos. Zapatero a tus zapatos.