Los regímenes populistas empobrecen y destruyen las sociedades. Un reciente estudio mostró cómo de 51 presidentes populistas elegidos entre 1900 y 2020 -transcurridos 15 años de su ascenso al poder- los ciudadanos de esos países perdieron el 10 % de su ingreso per cápita, mientras veían desaparecer el grueso de sus instituciones democráticas.
Estos regímenes buscan de manera desesperada mantenerse en el poder, no aceptan fácilmente la transición por la vía democrática y procuran siempre perpetuarse. Esto es parte de los resultados de la más exhaustiva revisión hecha, hasta ahora, sobre el populismo y sus resultados a nivel global, que puede consultar aquí.
La definición más aceptada considera al populismo como un estilo político centrado en introducir una narrativa que avala un presunto conflicto histórico entre el pueblo y el “establecimiento”, siempre representado en los anteriores gobiernos. El estilo de gobierno populista se centra en resolver su “conflicto” con las élites, supuestamente, a favor del pueblo. Algunas de sus características tienden hacia un liderazgo paternalista y exógeno, un lenguaje agresivo y polarizado, la demanda de una democracia vía referendo, la simplificación de problemas complejos, la inducción de teorías de conspiración y una comunicación directa a través de las redes sociales. ¿Alguna duda sobre el régimen vigente en Colombia?
El asunto es que el populismo requiere de los recursos monetarios para sobrevivir, en particular, para consolidar el fervor popular entre las masas mientras avanzan sus inexorables esfuerzos por destruir las instituciones. Desde el punto de vista económico, enfatiza en la redistribución sobre la inflación, el déficit y la necesidad de contar con los recursos del Estado para entregarlos a los menos favorecidos y empujar el apoyo que genere el espacio político que arrincone a los opositores y, especialmente, que produzca temor y subordinación en los demás poderes del Estado.
Ese manual del buen populismo se quiso aplicar en Colombia, pero falló estrepitosamente. Se pensó que el apoyo popular estaba garantizado con el resultado electoral y que lo único importante era conseguir los recursos a través de una reforma tributaria. Muy temprano se perdió la magia de un apoyo popular masivo, y los recursos, esperados en el corto plazo por dicha reforma, se ahogaron en sus deficiencias jurídicas y en la falencia en las expectativas de los ingresos derivados de los cobros coactivos –que no fueron– a deudores de impuestos. Para empeorar, el panorama económico de mediano plazo se oscurece cada día como consecuencia de resultados negativos de la actividad económica de las empresas.
Hoy tenemos un gobierno desesperado por agenciar capitales bajo ese entorno económico adverso mientras los únicos recursos que quedan pertenecen a los ciudadanos. Después de dos años, el gobierno se ha chocado con las inflexibilidades: es evidente que no se puede echar mano de los recursos de la salud sin generar un tremendo malestar social. Si no, que lo digan los maestros de Fecode, que tratando de anestesiar a sus afiliados terminaron haciéndole huelgas a Santander para que las entienda Bolívar.
Transcurridos dos años se abre un nuevo capítulo en esta primera experiencia colombiana con el populismo. El problema es que la única liquidez disponible subsiste en los ahorros del público, de los ciudadanos, que durante años permanecieron en el sistema privado de pensiones, y otro rubro, los ahorros, que permanecen consignados en los bancos por los colombianos. El objetivo del actual gobierno es transformarlos en subsidios que apalanquen la continuidad del régimen y destinar los recursos de crédito de los bancos a “proyectos” que alimenten las causas de los sedientos activistas y burócratas que todavía mantienen el camino.
Este es el mayor riesgo que hoy enfrenta el país. Los colombianos tenemos que estar muy atentos a controlar esta clase de iniciativas que lo único que pueden lograr es dilapidar los ahorros de los colombianos. En este contexto: los jueces, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los órganos de control y los medios de comunicación tienen una responsabilidad histórica con el futuro del país.