Al procurador Fernando Carrillo le está pasando lo mismo que le sucedió al exfiscal Néstor Humberto Martínez cuando decidió involucrarse en los asuntos en que no podía meter sus narices ni sus manos. Martínez, bien lo sabe el país, se puso a jugar con fuego y, por cuenta de que quiso ocultar sus conflictos de intereses con Odebrecht, Sarmiento y otros poderosos, se quemó. Ahora el que está al borde de chamuscarse por esa misma razón es Carrillo.

Los impedimentos y conflictos de interés de Carrillo con relación al Grupo Sarmiento también son del tamaño de una catedral. Es de público conocimiento que él fue asesor de cabecera de una compañía de Luis Carlos Sarmiento que le pagaba un sueldo de 88 millones de pesos mensuales hasta dos semanas antes de posesionarse como procurador general de la nación. Teniendo este impedimento a cuestas, a principios de 2017, en pleno escándalo de Odebrecht-Grupo Aval, el procurador Carrillo empezó a jugar con fuego y presentó a nombre de la Procuraduría una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de Odebrecht y de su antiguo empleador. La denuncia sorprendió a muchos por lo contundente: en ella Carrillo sostenía que los derechos colectivos habían sido vulnerados por la manera corrupta como el concesionario se hizo adjudicar el contrato de la Ruta del Sol 2. Se refería, específicamente, a la coima de 6,5 millones de dólares que se le pagó a Gabriel García Morales, entonces viceministro de Transporte y director encargado del Inco del Gobierno Uribe, quien, además, era el encargado de adjudicar este jugoso contrato estatal. Esta decisión dejó a la Procuraduría de Carrillo en alto porque salió en defensa del interés público, una rareza en estos tiempos en los que los organismos de control se hacen los de la vista gorda con la corrupción de los poderosos.   En diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se vino con todo y produjo dos decisiones que afectaron enormemente al antiguo empleador de Carrillo: condenó a Odebrecht y a su socio, el grupo Sarmiento, a pagar 800.000 millones de pesos (aproximadamente 250 millones de dólares) como indemnización a favor del Estado por haber violado los derechos colectivos de los colombianos al ganarse el contrato por medio de la famosa coima; e inhabilitó a las empresas de Odebrecht y de Sarmiento para contratar con el Estado durante los próximos diez años. Esa sentencia, hecha invocando los derechos del pueblo colombiano, es la más dura decisión judicial que hasta ahora ha tenido en contra el poderoso grupo Sarmiento y contrastó con la ausencia de investigaciones durante la Fiscalía de Néstor Humberto. Hace un año, esta sentencia fue apelada ante el Consejo de Estado por el consorcio condenado, conformado por Odebrecht y Sarmiento. Unos meses atrás, Martín Bermúdez, el magistrado que tiene a su cargo el caso, aplicando las actuales normas procesales, profirió una providencia ordenando cumplir las valientes condenas impuestas por el Tribunal del Cundinamarca, sin importar que la sentencia hubiera sido apelada, una decisión que debería tener más que contenta a la Procuraduría. (Ver documento) En español, eso significa que las empresas condenadas de Odebrecht y Sarmiento hoy no podrían contratar con el Estado y tendrían que ir alistándose para pagar la indemnización, de 800.000 millones de pesos.   Lo curioso es que la Procuraduría, que es la demandante y ganó el pleito de forma contundente y aleccionadora en la primera instancia, elevó una solicitud hace dos semanas en la que expresa su desacuerdo con la orden dada por el magistrado ponente. Es decir, la Procuraduría ahora quiere que no se cumpla el fallo y que se suspenda mientras esté apelado. (Ver documento) Carrillo está jugando al malabarismo y a la leguleyada y se está quemando. De demandante ahora ha pasado a remar para el mismo lado en que lo están haciendo los corruptos que fueron condenados. O sea, tratando de que la sentencia por la que tanto batalló la Procuraduría no se cumpla. Sobra decir que si el fallo se suspende, el gran beneficiado es Sarmiento, su anterior empleador. Dirán que de por medio hay una sesuda discusión jurídica, pero, más allá de la pelea por los incisos, la coincidencia es, por lo menos, desafortunada y, sobre todo, sorpresiva. Increíble: tanto que Carrillo criticó a Martínez Neira para terminar ahora recorriendo sus mismos pasos.  

Moraleja: los funcionarios pueden tener impedimentos, pero tienen la obligación de revelarlos a tiempo para que se alejen de los casos en los que su sola presencia genera dudas en la transparencia de lo que hacen. De no hacerlo, más temprano que tarde terminarán quemados.