El zangoloteo político, la inestabilidad económica y la polarización del país son cada día mucho más preocupantes. La inseguridad reinante en todo el territorio nacional, la permisividad del Gobierno con la protección a los delincuentes y la desvergüenza del ELN alimentada por decisiones erradas del mismo nos inducen a la duda sobre la realidad de la ‘paz total’ tan cacareada por el jefe de Gobierno e incrementan la incertidumbre sobre la suerte del país en los próximos años.
Son numerosas las dudas que se han generado durante el presente gobierno sobre aspectos relacionados directamente con la justicia, recordando que esta es un pilar fundamental de la democracia y que frente a la impunidad y a la debilidad que se materializa cuando no hay una justicia oportuna, apolítica, equilibrada, diáfana e imparcial, indican que nunca tendremos paz y la seguridad seguirá siendo esquiva, pues la industria, el comercio y la agricultura, así como el ciudadano de a pie seguirán siendo afectados, desestimulando la creación de empleo, la inversión en el campo y por consiguiente generando resentimiento, pobreza y hambre.
En el escenario nacional han aparecido muchas conjeturas sobre hechos en los cuales de una u otra forma está involucrado el Gobierno y no se ha llegado a su plena aclaración, como es el caso de los niños accidentados en la avioneta; se escucha la posibilidad de que hubieran sido secuestrados por un grupo al margen de la ley y entregados justo en el momento en que el Gobierno aceptó los términos impuestos por el ELN en Cuba. ¿Es una coincidencia? Existe mucho escepticismo al respecto y ronda un tufillo de artimaña.
El escándalo en el cual se han visto involucrados funcionarios de la Presidencia de la República con la pérdida de dineros cuyo origen y propiedad son un misterio y las actuaciones denunciadas como ilegales, ejecutadas por funcionarios vinculados a la misma Presidencia, usurpando funciones judiciales, se ven aún más intricadas por el suicidio o asesinato del teniente coronel Óscar Dávila vinculado a estas actuaciones y más se enreda la pita con las aseveraciones inmediatas del jefe de Gobierno afirmando que se trata de un suicidio, creando un manto de incertidumbre aún más complejo, puesto que es medicina legal quien tiene que dar su dictamen. ¿Será que estamos entrando en la fase dinámica de una dictadura?
Se observa con gran preocupación cómo van tomando ventaja en el territorio nacional no solo los grupos delincuenciales que hoy tienen dominio territorial, llegando hasta reemplazar a la autoridad legítima, pues a plena luz del día inauguran obras de infraestructura como representantes de una organización, mientras que de otra parte asombra la desfachatez y el descaro del Gobierno al entregar la soberanía del país a grupos de delincuencia organizada, amarrando y paralizando a la fuerza pública, mientras que los delincuentes siguen cometiendo crímenes en un cese bilateral del fuego con el ELN donde colocan al Estado al mismo nivel de los bandoleros; estos son unos pocos y el país lo conformamos 50 millones de personas. Este no puede ser el costo de la paz. ¡Basta ya!
Se escucha a los cuatro vientos que el Gobierno quiere “milicianizar” el país con las guardias campesinas, indígenas, cimarronas y otras que seguramente aparecerán en el futuro formando las milicias populares, leales exclusivamente al Gobierno y a su gobernante, como su ejército personal. Ya estas organizaciones están al margen de la ley pues han cometido delitos como el degollamiento del subintendente Ricardo Monroy Prieto en marzo de este año y aún no se conoce la acción legal contra los homicidas. ¿Qué pasa con este silencio? Colombia exige resultados en esta investigación; no puede haber impunidad frente a este execrable crimen y debe primar total transparencia en el caso del teniente Coronel Davila.
Otros temas que contribuyen a que se califique al país como una potencia mundial de la duda y la incertidumbre se relacionan con las nacionalizaciones exprés de extranjeros para nombrarlos en cargos del Gobierno, con las declaraciones de Benedetti sobre los 15.000 millones para la campaña del actual jefe de Gobierno, con la impunidad que le otorga el Gobierno a los delincuentes que está nombrando como gestores de paz, con la permanente manifestación de que le preparan un golpe blando para así generar el ambiente necesario que posiblemente justifique su actuación deslegitimando la democracia.
Son numerosos los petristas arrepentidos que día a día expresan su descontento frente a las desafortunadas actuaciones del Gobierno, son muchos los colombianos que en forma voluntaria y pacíficamente marchan en las ciudades pregonando su inconformidad con el Gobierno, son muchas las voces que advierten sobre la posible indebida injerencia de los grupos al margen de la ley obligando a las personas a votar por sus candidatos en las elecciones de octubre con la trompetilla del fusil sobre sus cabezas y son incontables los que visualizan el negro futuro que le espera al país con las ejecutorias de este gobierno.
Colombia no se puede dejar arrodillar por el comunismo internacional. Los colombianos somos responsables de nuestro destino. Las urnas serán nuestra mejor arma para defender la democracia.