Los periodistas, además de informar, deben ser defensores del sistema que más protege y permite el desarrollo de nuestras libertades. Una de las constantes agresiones que sufre la democracia es el ataque a los medios de comunicación. Tanto en su larga campaña como en los pocos meses siendo gobierno, el presidente Petro ha sido facilitador de grandes estigmatizaciones a la labor del periodista. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha alertado sobre estas amenazas. No hay medio de comunicación al que él denomine “tradicional” que se salvé de sus señalamientos y el de sus seguidores.

El pasado 11 de mayo la misma FLIP sacó un informe contundente sobre el matoneo que se realiza contra los medios. “El presidente Gustavo Petro ataca y promueve una imagen negativa sobre la prensa. Sus mensajes restan credibilidad al periodismo y abren la puerta a la criminalización de los medios”, alertó la fundación.

Cuando Petro se refirió a las declaraciones del exlíder paramilitar, Salvatore Mancuso, inmediatamente señaló a la prensa “tradicional” de haber colaborado e influido en el genocidio contra el pueblo colombiano. Cuánta paz le darían al país si se ahorran cualquier insinuación tendenciosa que pudiera facilitar ataques contra esa prensa señalada. Las declaraciones presidenciales no pueden seguir por el mismo camino.

Las cosas en Colombia no van bien y su futuro se pinta incierto. Las denuncias como la de la FLIP son indicadores del tratamiento que recibe la democracia en manos del proyecto político del Pacto Histórico. Una de las labores más esenciales de los medios de comunicación es el control al poder siendo ellos un contrapoder. Su misión no puede ser obstaculizada por conductas autoritarias que no permitan cuestionamiento alguno y que los señalen como unos enemigos de la realización de las reformas del gobierno.

Los discursos con los que el presidente Petro guio su campaña ya no le sirven. Él está ahora en el poder que tanto criticaba. ¿Ha habido algún cambio? Recordemos que el populismo necesita de un enemigo común para llegar al poder. Al no tener ese enemigo una vez ganada las elecciones ¿serán los medios los que se vuelvan sistemáticamente el blanco de sus calumnias?

La polémica contra el libre periodismo se sale de la figura de Gustavo Petro y recae en personalidades bastante importantes dentro del Pacto Histórico, como la controversial senadora Piedad Córdoba, quien prepara un proyecto de ley para “democratizar” los canales de comunicación en Colombia.

En pleno debate el pasado 3 de mayo, la senadora expuso los lineamientos del proyecto: “que informen como debe ser, que digan a la opinión pública lo que realmente acontece”. Bajo estas premisas, las intenciones de Piedad Córdoba son preocupantes. La propuesta de democratizar los medios es malintencionada. Ejemplos internacionales hay muchos. No se le puede permitir al Estado interferir en la forma en cómo deben hacer el cubrimiento y sobre qué. Eso es una amenaza directa a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.

En el mismo informe, la FLIP señaló que en los últimos siete meses han sido asesinados tres periodistas: Rafael Moreno, Wilder Córdoba, y Luis Gabriel Pereira. Esta realidad es muy preocupante. Ya es suficiente con los asesinatos de estos periodistas como para que desde los que son gobierno se le aporte a ese ambiente violento al que son sometidos constantemente. En vez de estar estigmatizando por Twitter la labor del periodismo, el Estado y quienes lo representan debería estar buscando la forma de proteger cada vez más su integridad.

Curiosamente hubo un momento en medio de la campaña en la que Petro sí pidió respeto a la libertad de prensa. “Siempre debemos tener el máximo respeto al cuestionamiento periodístico (…) Si gobernamos, la independencia de la prensa nos hará bien”. El presidente debería recordar esa promesa. ¿Por qué la FLIP ha tenido que llegar a recordándoles algo que parecía tan claro en ese instante de la campaña política?

Las constantes alertas que hay sobre este tema pueden estar cruzando la línea roja si no se acatan. Es la misma Constitución Política la que ordena respetar y proteger la integridad periodística. Cualquier mandatario de turno y funcionario público debería aprenderse el artículo 20 de la Carta Magna en el que se garantiza la libertad de prensa y de expresión. Pareciera ser que a algunos se les olvidara.