La semana pasada, la vicepresidenta Francia Márquez, desde Brasil, encendió las alarmas cuando, sin ningún recelo, señaló que cuatro años no eran suficientes para implementar los cambios del “cambio”. El temor no es infundado. Venezuela lleva 25 años de dictadura y Colombia ha sido testigo directo del derrumbe de una de las economías más ricas de la región, además de ser el país receptor de más de 2,5 millones de venezolanos, de los siete millones que se exiliaron, huyendo de la opresión chavista y del hambre que trae el régimen socialista.
Petro también ha manifestado que cuatro años no son suficientes. Y es que, según la narrativa del Gobierno de la “potencia mundial de vida”, el país ha sufrido de “uribismo” por más de 200 años. Y sí, obviamente es una ironía, pero esa es la simplista forma como los guionistas del progresismo están reescribiendo la historia de Colombia.
La economía decreció en 2023, en comparación con el año inmediatamente anterior, y la última cifra de desempleo comprobó que este ha venido en aumento. A casi dos años de gobierno, es hora de que el presidente diga si va a cumplir con su mandato, como lo establece la Constitución Política de 1991, o si piensa reelegirse.
Como lo establecen la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la reelección está proscrita, lo que implica que es imposible que pueda cambiar la carta magna porque el ordenamiento jurídico nacional sencillamente no lo permite. Pero ¿le quedan caminos al “cambio”?
El secretismo con el que se ha manejado la mesa de negociación con ELN da espacio para pensar que, desde allí, se está madurando la idea de convocar a una asamblea nacional constituyente como camino último para consolidar la mal llamada “paz total”. Quizás por eso el Gobierno ha sido tan paciente y complaciente con esa guerrilla, soportándole paros armados, secuestros, extorsiones y desautorizaciones públicas. La presencia del senador Iván Cepeda en la mesa es un refuerzo de la idea de que el “cambio” llegó para quedarse y que quedó plasmado en la cuenta de X del congresista en agosto de 2020, cuando dijo que: “Respaldo propuesta de Gustavo Petro de avanzar no a una simple alianza electoral, sino hacia un Pacto Histórico, que incluya un programa de transformación del país, un modelo de gobernabilidad, con mayorías parlamentarias y con proyecto estratégico para próximas décadas”. Si hay algo que sabe hacer muy bien la extrema izquierda es esperar. No tienen afán.
Nadie sensato se opondría a un acuerdo de paz con el ELN. Pero a diferencia de experiencias previas como la de las Farc o los paramilitares, los límites de lo que se negocia con el ELN no están definidos, ni tampoco son claros para nadie. No es viable que, a estas alturas, el país desconozca el sentido, la agenda y el alcance de una negociación en la que puede estar en juego el modelo democrático y económico de Colombia.
Por otro lado, está la estrategia de las “crisis explícitas”. En principio parecerían simples desatinos y desaciertos de un equipo de Gobierno sin conocimiento o experiencia técnica en sus sectores y que, hasta ahora, se ha caracterizado por ser el comité de aplausos, pero de resultados poco o nada. Pero cuando se analiza en detalle la situación, es inevitable descubrir una deliberada estrategia de crear caos, confusión y narrativas incendiarias y apocalípticas, al tiempo que se impulsa en el Congreso o por la vía administrativa un conjunto de reformas que buscan destruir todo lo que, hasta ahora, funcionaba bien o más que menos. Esa misma estrategia se evidencia en la crisis que está produciendo el Gobierno en materia de seguridad y violencia. Esta semana, el informe anual del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU presentado en Bogotá rajó la política de seguridad del Gobierno Petro: en 2023 aumentaron las masacres, se agudizó la violencia, el reclutamiento de niños y niñas y los abusos contra la población civil por la expansión territorial de los grupos armados ilegales.
El Gobierno entonces, en medio de la crisis de violencia, podría decir que para pacificar al país se necesita que todos los grupos armados sean perdonados e insertados a la sociedad para fortalecer la democracia, y que para eso es necesario convocar una asamblea nacional constituyente para escribir una nueva carta política en donde “todos quepamos”. Incluido, por supuesto, el presidente Petro. Pero, ¿se arriesgará el mandatario, en medio de un Gobierno impopular, sin resultados y que perdió las elecciones de octubre, a tramitar un cambio tan drástico en la estructura institucional y legal del país? Ya lo he dicho antes, a Petro hay que medirlo por lo que calla y deja de hacer, más que por lo que dice. Y alrededor de la paz y la mesa del ELN hay un sepulcral silencio y una falta de acción que dice mucho más que sus incendiarias declaraciones en X.
Si nada funciona, le queda a Petro la opción de reelegirse en cuerpo ajeno. De hecho, los movimientos y ajustes de las últimas semanas demuestran que el presidente quiere empezar a aceitar su legado. Sin duda, candidatos para perpetuar este desastre sobran: Claudia López, Laura Sarabia, Daniel Quintero y hasta Gustavo Bolívar. Mejor dicho, una nómina de lujo para avanzar en el proyecto socialista y retrógrado que está imponiendo el “cambio”. Así que, como nunca antes, en las próximas elecciones está en juego el orden constitucional, legal y, por supuesto, el bienestar de todos.