El corregimiento de Micoahumado del municipio de Morales es una de las puertas de entrada a la serranía de San Lucas en el sur del departamento de Bolívar. Allí se llega luego de un viaje de varios trasbordos que implica atravesar el río Magdalena para luego adentrarse en una carretera destapada de 29 kilómetros que desde la orilla de Moralito (al frente de la isla cabecera del municipio de Morales formada por el río) hasta el filo de la montaña, marca un ascenso de más de dos horas hasta los 930 metros sobre el nivel del mar donde se divisa el Magdalena Medio. La población de Micoahumado encarna los desafíos que en Colombia cientos de regiones han enfrentado en la defensa del proyecto de vida de sus pobladores. Las presiones sobre el territorio han venido de todos los ángulos: iniciaron desde sus primeros procesos de poblamiento impulsados por las dinámicas de violencia en los departamentos del interior del país que generaron desplazamiento forzado y colonización interna de zonas como esta, las tensiones por la tenencia de la tierra, el uso de los recursos naturales, entre ellos el oro (siendo la segunda región con mayores yacimientos en América Latina) y los conflictos por la frontera agrícola. Luego dichas presiones continuaron con la presencia del ELN desde mediados de la década del sesenta y su dominio sobre varias de las zonas rurales; a su vez con una fuerte presión de las fuerza pública sobre la población dado el estigma creado por la permanencia de las guerrillas en las montañas del sur de Bolívar; más tarde, por el accionar de los grupos paramilitares que centraron sus estrategias contrainsurgentes en la población civil. Las precarias condiciones de vida de la población y la presión violenta han generado en el sur de Bolívar varias de las movilizaciones campesinas más grandes que haya conocido el país. En 1985, 1996 y luego en 1998 se realizaron marchas para hacer visible la crisis de la región, los permanentes atropellos contra la población civil por parte de los grupos armados, la constante violación de los derechos humanos, las desapariciones forzosas, los señalamientos y estigmas que pesaban sobre sus pobladores, líderes y organizaciones comunitarias. La de 1998 fue llamada “Éxodo campesino” porque fue una marcha en la que caminaron desde las regiones rurales hasta la ciudad de Barrancabermeja, cerca de 12 mil campesinos, tuvo una duración de 104 días y como fruto de esa movilización se firmó un Plan de Desarrollo con el Gobierno nacional que no fue implementado como acordado. El recrudecimiento de la violencia en el año 2002, se dio con enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla, presencia de minas antipersonal, bloqueos alimentarios y de la movilidad de las personas. Ante la amenaza del desplazamiento forzado o la obligación de unirse a alguno de los bandos enfrentados, la comunidad decidió resistir (la tercera vía). Al inicio siguiendo el arrojo de una de las mujeres fundadoras del pueblo que en medio de los combates sacó la primera bandera blanca y la siguieron los demás pobladores, hasta la determinación de crear una Comisión de interlocución que conformada por miembros de la comunidad y acompañada por miembros de las iglesias, buscó el desminado de la zona (verificado por la misma comunidad), el respeto de la vida, la salida de todos los actores armados de las casas, la escuela, los espacios de la comunidad y permanecer en el territorio. Acompañados de diversas organizaciones de la región, así como nacionales e internacionales, los habitantes de Micoahumado, echaron mano de una herramienta y un mandato que el país parece olvidar o dejar de lado a diario: La Constitución Nacional de 1991. Así fue como en ese diciembre de 2002 se fundó el Proceso Soberano Comunitario por la vida, la justicia y la paz de Micoahumado y el 14 de marzo de 2003, se conformó una Asamblea Popular Constituyente. El artículo 3 de la Constitución Nacional con su llamado a la “soberanía del pueblo” y el 22 que determina la paz como derecho, se convirtieron en uno de los pilares de la apuesta del proceso de Micoahumado por la vida y por la defensa de su territorio. La figura de Asamblea Popular Constituyente fue utilizada con propósitos muy similares por cinco regiones en todo el país (Mogotes, Santander; Pitalito, Huila; Tibú/Catatumbo, Norte de Santander; Sonsón y Tarso en Antioquia) planteando una apuesta por la vida en el territorio y la construcción de opciones de desarrollo como proyecto de vida. Es el contraste de una apuesta de estas comunidades en medio de la precariedad institucional con la que se ha constituido su historial regional. Estos procesos y liderazgos, así como las diversas organizaciones locales que hacen una apuesta permanente por la vida con dignidad en el territorio del Sur de Bolívar, se ven nuevamente golpeados por el asesinato de dos de sus líderes y un atentado, amenazas e intimidación a otro líder en el municipio de San Pablo, Bolívar. El SOS. por el derecho a la vida en el corregimiento Micoahumado, publicado por las organizaciones sociales y productivas de la localidad y por aquellas que acompañan su proceso señala el asesinato de Belisario Arciniegas García poblador del casco corregimental– agricultor, comerciante y candidato al consejo por el corregimiento de Micoahumado para las elecciones locales que se realizarán este año-. Su asesinato se produjo el día 7 de mayo de 2019 hacia las 5:30 de la tarde en la vereda La Providencia. El mismo día sufrió un atentado en el casco urbano del municipio de San Pablo, Jonel Pardo, activista y líder de la defensa de los derechos humanos. El 10 de mayo de 2019 fue asesinado Wilmar Carvajalino, también poblador del casco corregimental, conductor de un vehículo tipo turbo propiedad de la Federación Agrominera del sur de Bolívar Los esfuerzos y las rutas de participación, las apuestas trazadas por estos líderes en la construcción de región siguen presentes en los esfuerzos cotidianos de toda la comunidad. Ante la presión que se cierne nuevamente sobre la población, con la presencia del Ejército de Liberación Nacional y de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, las diversas organizaciones sociales expresan en el comunicado del SOS. por el derecho a la vida en el corregimiento Micoahumado, su petición “A los gobiernos nacional, departamental y municipal que adelanten todas las acciones necesarias para garantizar la tranquilidad y el respeto a los pobladores. Las autoridades deben garantizar una presencia efectiva en defensa de la vida y la integridad de los pobladores y no exclusivamente la presencia armada“ que en el contexto actual puede generar vulnerabilidades para los pobladores. Se ha solicitado a su vez “Al Gobierno nacional avanzar con la puesta en marcha de la comisión de verificación acordada con la Comisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria que debía realizarse la semana del 13 al 17 de mayo y que aún no se ha podido realizar”. De otro lado, se ha identificado en un reporte de brigadas internacionales de paz en su reporte del2011 que “el 80% por ciento de las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en Colombia en los últimos diez años se produjeron en regiones minero-energéticas y el 87 por ciento de las personas desplazadas proceden de estos lugares”. Este desafío se suma a la compleja lectura que se requiere hacer sobre los desafíos que enfrentamos en los patrones de violencia que marcan la historia de las regiones y de la ruta para las transformaciones urgentes. Estos hechos han desgarrado los procesos de organización en los territorios y a la vez nos plantean la exigencia de buscar garantías para proteger la vida; retan a la institucionalidad pública a que se construya con las comunidades y organizaciones locales, productivas, sociales, los acuerdos para disminuir las vulnerabilidades y riesgos, para hacer apuestas de desarrollo que traduzcan los proyectos de vida de los pobladores del territorio y de su historia y que permitan trazar un futuro incluyente en clave de vida digna.