Esta semana conocimos una prueba más de que el Pacto de La Picota existe y nos está gobernando a todos los colombianos. La exesposa de Nicolás Petro, la señora Day Vásquez, declaró públicamente en entrevista con SEMANA que este habría recibido más de 600 millones de pesos del exnarco Santa Lopesierra y 400 millones del hijo del Turco Hilsaca, investigado por nexos con el paramilitarismo y múltiples asesinatos, para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. De igual manera, aseguró que Nicolás Petro también habría recibido 300 millones por medio de Germán Londoño enseptiembre del 2022 (después de las elecciones presidenciales) como pago por contratos o favores en la Presidencia. Germán Londoño sería la persona que maneja los dineros oscuros que recibe el hijo del presidente y que, según su misma exesposa, se constituirían en un presunto enriquecimiento ilícito.
Yo veo esto y me siento en una máquina del tiempo, volviendo al pasado, a mis propios inicios en la política, cuando un grupo de estudiantes indignados entramos a lo público en el año 1997 cuando se supo que dineros del narcotráfico habían entrado a la campaña del entonces presidente Samper. ¿Volveremos a escuchar el famoso “todo fue a mis espaldas”? ¿Es este el Proceso 8000 2.0?
Como Petro ya tenía conocimiento de que esta noticia saldría en medios de comunicación el jueves 2 de marzo, estratégicamente, horas antes, publicó un comunicado en el que pedía a la Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias para determinar posibles responsabilidades de su hermano Juan Fernando Petro Urrego y su hijo Nicolás Petro con el escándalo de presuntos sobornos a narcos y presos a cambio de incluirlos en la “paz total”. Otra cortina de humo, teniendo en cuenta que la Fiscalía ya había abierto una noticia criminal de oficio desde el 23 de enero contra su hermano Juan Fernando Petro. Estos hechos son mucho más que “rumores”, como los categoriza el presidente, pues existirían pruebas que podrían señalar la responsabilidad penal del hermano e hijo del mandatario en varios delitos penales.
Mientras a Colombia la gobierna el Pacto de La Picota, liderado por Gustavo Petro, él se esfuerza, por un lado, en mostrar una aparente transparencia al solicitar públicamente la realización de las investigaciones a la Fiscalía General de la Nación, cuestión que no es su competencia; y, por el otro, en minimizar los hechos denominándolos como rumores, mientras la exesposa de su hijo está siendo presionada ilegalmente y amenazada para que no corrobore los hechos señalados. En síntesis, la acusación es clara y las pruebas tendrán que ser evaluadas por la justicia.
Pero todo esto no es sorpresivo. Forma parte de un sistema criminal que yo mismo denuncié formalmente en la campaña presidencial del año pasado. Tanto en medios de comunicación como ante la Fiscalía hablamos sobre cómo estructuras criminales, como el ELN, las disidencias Farc y el Clan del Golfo, habrían ejercido presión sobre ciudadanos de diferentes regiones para votar por Petro a la presidencia. El Pacto de La Picota se ha venido materializando desde el inicio de este gobierno, pero comenzó a evidenciarse desde mucho antes. Recordemos que en noviembre del 2021 el hermano de Petro se reunió con Iván Moreno, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, Álvaro ‘Gordo’ García y otros corruptos, parapolíticos y delincuentes de alta peligrosidad en la cárcel La Picota. Este mismo grupo de personas que conforman el Pacto de La Picota habrían negociado con alias Douglas, jefe de la Oficina, para que diera testimonios falsos en mi contra, favoreciendo a Petro y perjudicando nuestra campaña. Nadie se salva del actuar de estos criminales.
La misma práctica corrupta que tanto decían enfrentar es la que hoy los tienen en el ojo del huracán y con una bomba de ilegalidad que estalla en sus propias manos. Mientras la criminalidad avanza y gana terreno, los colombianos sufren por la inseguridad, el deterioro económico y la incertidumbre que nos genera un gobierno sin rumbo.
Por último, resalto la necesidad de que este caso y todos los asociados al entramado criminal del presidente puedan ser investigados con plena autonomía e independencia por parte de la Rama Judicial. Los procesos deben llevarse sin interferencia del presidente, quien debe evitar ser juez y parte, omitir sus apreciaciones personales, que tienden a minimizar y ocultar los problemas, y garantizar la integridad de quienes quieran declarar la verdad en este y todos los procesos que están por venir. La “paz total” queda gravemente herida al comprobarse que narcos habrían pagado para no ser extraditados y obtener beneficios jurídicos y hasta ser nombrados “gestores de paz”. El “cambio” que predican es solo un eslogan para repetir los peores momentos de la historia de este país. El Gobierno Petro queda herido de muerte luego de estas denuncias de ingresos de dineros del narcotráfico a su campaña.