La corrupción es uno de los principales enemigos de la actividad estatal, en épocas de urgencia y crisis, como la ocasionada por la pandemia del coronavirus, es aún más importante adoptar medidas contra esta. A continuación ocho propuestas para atacar este flagelo.   Primera. Simplificación de la normatividad. La expedición de más de un centenar de decretos de rango legal y más de doscientas medidas administrativas a nivel nacional y local, convierten el mundo normativo en una maraña propicia para intermediarios e influencias.   Segunda. Simplificación de los trámites. Los permisos previos y la acreditación de condiciones entorpecen las actividades económicas y sociales. Aplicar el principio de buena fe, confiar en que los ciudadanos aplicarán los protocolos y solo realizar controles posteriores con las respectivas sanciones en caso de infracción.   Tercera. Transparencia total. Las medidas deben tener motivaciones y finalidades claras y explícitas, ausentes de distorsiones políticas, fines electorales o dobles agendas. El ciudadano debe entender fácilmente la medida, sus antecedentes y propósitos.   Cuarta. Deben existir indicadores de eficiencia que muestren que las ayudas están llegando al usuario final, de forma que el déficit de libertades y de representación demuestren que los sacrificios valieron la pena y se reducen los contagios, los fallecimientos y el desempleo.   Quinta. Los gobernantes deben rendir cuentas, explicar la procedencia de los recursos, los déficits causados, los impactos tributarios, así como los efectos esperados de las inversiones; la rendición debe ser ordena, periódica y coherente a lo largo del tiempo.   Sexta. Establecer líneas de atención inmediata al ciudadano de manera que pueda acceder sin trabas ni demoras a las ayudas y programas.   Séptima. Es necesario que se constituyan veedurías ciudadanas, tanto locales como nacionales, que se encarguen del seguimiento a la ejecución de las medidas de emergencia y los desembolsos oportunos de las ayudas económicas.   Octava. Deben operar los controles fiscal y disciplinario, sin perjuicio del ejercicio de la acción penal, de forma prioritaria, en relación con la ejecución de las disposiciones dictadas dentro de la Emergencia Económica y Social ocasionada por el coronavirus, sin protagonismos ni espectáculos mediáticos, con el principal propósito de la eficiencia estatal y la superación de la crisis.   Que esta difícil coyuntura sea la oportunidad para demostrar que esfuerzos coordinados de los ciudadanos, los gobernantes y los organismos de control pueden derrotar la corrupción, que en estas circunstancias reviste mayor gravedad pues se aprovecha de la necesidad y la tragedia.   Video: https://youtu.be/pPMSyCJZ6gI