La confesión realizada por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, constató lo que ya sabíamos meses atrás. Las gestiones adelantadas por él y su coequipero, Danilo Rueda, en las distintas cárceles del país fueron todo un éxito para la campaña del Pacto Histórico, al punto de poner más de un millón de votos, que fue la diferencia que le permitió a Gustavo Petro ser el primer mandatario de los colombianos.

Gustavo Petro tuvo su estrategia clara y desde el principio delegó en su hermano la tarea de negociar con narcos, asesinos y corruptos. Tenían desde entonces una agenda nítida, que ha ido cumpliendo a cabalidad.

La designación de Danilo Rueda como comisionado de Paz jamás ha sido algo aleatorio. Más allá de ser un nombramiento de Juan Fernando Petro, lo fue de los delincuentes que se encuentran en los pabellones de más alta peligrosidad de las peores cárceles del país.

En este momento, la política criminal está en manos de delincuentes, a los que Danilo Rueda les está cumpliendo punto por punto la agenda. Las negociaciones con el ELN son una pantomima, pues a estas alturas es a todas luces claro que no van a cumplir nada de lo pactado.

El atentado que fraguaron contra el fiscal general y la senadora María Fernanda Cabal, los continuos hostigamientos a la población civil, el asesinato de policías e incluso las extorsiones que están haciendo en ciudades como Bogotá son prueba de ello.

La voluntad de paz del ELN es completamente inexistente. La política de paz de este gobierno ha sido sumamente conveniente para las bandas criminales, pues han logrado replegar a la fuerza pública en las regiones. En materia de seguridad pareciera que las órdenes las están dando los delincuentes.

El Pacto de la Picota se ha impuesto por encima de la Constitución y la ley. Lo acordado por el Gobierno y los grupos armados ilegales -se ha demostrado- está por encima del constituyente primario, es decir, del pueblo colombiano.

Los gobernadores del país podrán presentar quejas y solicitar una y otra vez que se refuerce la seguridad de sus territorios, pero nada pasará porque para el Gobierno primero está cumplirles a los narcos y criminales.

Si muchos nos aterramos de las cantidades de dinero de origen ilegal que nos hemos enterado muy posiblemente entraron a la campaña del presidente Petro, creería que eso es apenas un ápice comparado con los miles de millones que las bandas delincuenciales inyectaron en las regiones que dominan, comprando publicidad y votos.

Juan Fernando Petro, en su entrevista a la Nena Arrázola, del programa Los informantes, del Canal Caracol, menciona que la obtención de votos en Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio fueron definitivos y que le dieron la victoria a su hermano. El control territorial que ejercen los grupos armados al margen de la ley en esas zonas del país, gracias a la ‘paz total’, va en aumento. El Gobierno les está cumpliendo.

Entre tanto, en lo corrido del año han asesinado a más de 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como a 24 firmantes del acuerdo de paz. Han sido acribillados más de 40 policías y se han registrado más de 53 masacres.

La Corte Constitucional tiene la última palabra. Permitir que las directrices de la mal llamada ‘paz total’ continúen vigentes es atentar contra el Estado de Derecho, las instituciones y el pueblo colombiano. Ojalá la Corte pronto se pronuncie y entonces dejen de ser los criminales los que dirijan la política de seguridad en nuestro país.