El pasado 2 de octubre, durante la audiencia, se evidenció la actitud desafiante y hostil de la jueza que lleva el caso Uribe, lo que dejó en claro la falta de imparcialidad. En un tono provocador, la jueza desafió y maltrató al expresidente, mostrando un sesgo notorio que llevó a Álvaro Uribe a retirarse de la audiencia por falta de garantías procesales, algo que él jamás había hecho, a pesar de la ignominia y persecución que ha soportado durante más de cinco años. Con esa actuación, la jueza dinamitó el debido proceso.
Como lo mencioné en mi columna del 2 de octubre, este es un caso colmado de incongruencias, y en esta última audiencia se demostró la vulneración de todos los derechos del expresidente. Antes de retirarse, Uribe dejó claro que le estaban adelantando un proceso en el que le habían negado las pruebas. Ese mismo día, tras finalizar la audiencia, el abogado Jaime Granados (defensa de Uribe), confirmó en rueda de prensa que agotarán todas las instancias y presentarán una tutela (la cual ya fue radicada), para garantizar el respeto de los derechos del expresidente, incluso a nivel internacional, debido a las violaciones y atropellos de la jueza.
En la audiencia anterior, en la que la jueza negó los siete días solicitados por la defensa de Uribe, las partes debían realizar el descubrimiento probatorio. En un sistema de partes, como el colombiano, son la Fiscalía y la defensa las que llevan a cabo dicho descubrimiento. En este caso, fue la Fiscalía la que lo realizó, mientras que la defensa se negó a hacerlo, debido a la postura de la jueza. La Procuraduría intervino, no para presentar pruebas, sino para solicitar que algunas no fueran tenidas en cuenta. En la última intervención, la defensa solicitó la exclusión de ciertas pruebas. Continuaron con la actividad normal de peritaje (a la que tenían derecho) del computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve, para posteriormente hacer el descubrimiento. Los siete días solicitados a la jueza eran para comparar las copias espejo de los dispositivos con los originales.
El pasado 11 de octubre, los resultados entregados por los peritos revelaron inconsistencias en los dispositivos del testigo estrella del senador Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve, lo que genera serios interrogantes sobre estas pruebas fundamentales en el proceso. El 4 de enero de 2019, agentes del Inpec confiscaron un computador, un celular y otros objetos de Monsalve. Sin embargo, no fue hasta el pasado 30 de septiembre, 36 horas antes del descubrimiento probatorio en audiencia, que la defensa de Uribe tuvo acceso completo a estos dispositivos.
Lo que encontraron los peritos fue sorprendente: la Fiscalía reportó 63.382 archivos en el celular, pero la defensa descubrió 61.350 archivos adicionales. ¿Qué archivos faltaban en la copia entregada por la Fiscalía?
En el caso del computador, la diferencia fue aún mayor. Mientras la Fiscalía reportó 347.365 archivos, la defensa encontró más de 424.000. ¿Cómo se explica esta discrepancia de casi 80.000 archivos? Hasta ahora, se han recuperado 254 GB de información, pero los peritos continúan investigando posibles manipulaciones o archivos borrados. A pesar de la gravedad de estos hallazgos, la jueza se negó a otorgar los siete días adicionales que la defensa solicitó para examinar los dispositivos a fondo.
La defensa de Uribe sostiene que estos hallazgos demuestran que la integridad de la evidencia ha sido comprometida. La importancia de revisar los dispositivos originales no solo radica en hacer comparaciones, sino en descubrir si hubo manipulación deliberada. Las incongruencias en los dispositivos de Monsalve no pueden pasarse por alto. Con miles de archivos no reportados y el creciente volumen de información recuperada, la credibilidad de la evidencia está en duda. ¿Quién manipuló estos dispositivos? ¿Qué se intenta ocultar?
Después de revisar la información entregada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe sobre los resultados del peritaje, en los que se confirma la manipulación de los dispositivos, entiendo por qué la jueza no quería otorgar los siete días solicitados por la defensa para analizarlos.
¿Sabía la jueza que las pruebas estaban manipuladas? ¿Tenía conocimiento previo de que existía una diferencia de 76.907 archivos entre la prueba original entregada por la Corte Suprema de Justicia (el computador de Monsalve) y la copia espejo entregada a la Fiscalía?
Igualmente, había incongruencias y diferencias sustanciales en el número de archivos del celular de Monsalve, de casi 25.000 archivos. ¿También tenía conocimiento de esto la jueza? Su actitud displicente y altanera al hacer todo lo posible para no otorgar esos días a la defensa deja mucho que pensar sobre su imparcialidad. ¿Está politizada? ¿Qué pretende ocultar? ¿Quiénes están detrás de esto?
Esto no solo trata de defender las garantías procesales del expresidente Uribe, sino las de cualquier colombiano. ¿Qué garantías tenemos los ciudadanos si contamos con una justicia que, a simple vista, está politizada?
Ñapa: al observar la persecución y la rápida y vergonzosa acción de la fiscal Luz Adriana Camargo contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral, al ordenar investigarlos por supuesto prevaricato, al indagar sobre la campaña de Gustavo Petro y su gerente por violación de topes, surgen muchas dudas y queda claro quién está dirigiendo a la fiscal y hacia dónde quieren llevar a este ente investigador. ¿Quieren convertirlo en un aparato perseguidor contra todos aquellos que no estén de acuerdo con este gobierno?
Aclaro que, con el derecho que me otorga la Constitución para ejercer el periodismo y como columnista de opinión tanto en Colombia como en Estados Unidos, soy respetuosa de la justicia, de los jueces y magistrados de nuestro país, pero en este caso, en el que se persigue con tanta sevicia a un expresidente y se pretende que se defienda sin pruebas, no puedo ser imparcial. Ante la injusticia y la infamia, se debe luchar hasta conseguir la verdad.