Esta semana, el secretario para la Transparencia, Andrés Idárraga, hizo pública una denuncia que muestra lo que está ocurriendo con algunos fondos mixtos y la ejecución de recursos públicos, que es el descaro al que ha llegado la corrupción. El secretario Idárraga denunció las irregularidades encontradas en un contrato firmado entre la Alcaldía de Puerto Gaitán (Meta) y el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada.

Se trata del proyecto ‘Estudios y diseños técnicos integrales para el mejoramiento de vías rurales del municipio de Puerto Gaitán’, un contrato por 18.372.331.866 pesos, firmado entre la Alcaldía de Puerto Gaitán y este Fondo Sierra Nevada.

El Fondo Sierra Nevada es uno de los tantos fondos mixtos que existen en el país. Estas son entidades sin ánimo de lucro, que se constituyen con recursos públicos y privados, pero que se rigen por normas de derecho privado. De esta forma, tienen libertad para contar con su propio régimen de contratación, a pesar de administrar recursos públicos. Como no están obligados a cumplir las normas de la Ley 80, se han convertido en los mayores “contrataderos” del país. Hoy son el mejor lugar que encuentran los corruptos para ejecutar recursos públicos y quedarse con la mejor tajada. Con la libertad que les da su “régimen privado”, estos fondos arreglan todo para que al final el contratista elegido sea el que los corruptos quieren. Y la ejecución de regalías se ha convertido en una de las contrataciones favoritas de estos cuestionados fondos.

El director del Departamento Nacional de Planeación, Alexánder López, publicó hace unas semanas un informe que muestra cómo entre las 11 empresas que concentran la ejecución de regalías están el Fondo Mixto para la Gestión y Promoción del Deporte, responsable de 85 proyectos por 898.000 millones de pesos; el Fondo Mixto Sierra Nevada, con 164 proyectos por 698.000 millones de pesos; Foncolombia, con 153 proyectos por 368.000 millones; la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca); la Asociación de municipios del Urabá, Darién y Caribe (Asomudacar) y la Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso (Asosupro), entre otros. La contratación de estos fondos suma 2 billones 895.000 millones de pesos de regalías. Y todos han tenido denuncias de irregularidades en su ejecución.

Pero volvamos a la denuncia de Idárraga contra el Fondo Mixto Sierra Nevada.

Para ejecutar los 18.000 millones en los ‘Estudios y diseños técnicos integrales para el mejoramiento de vías rurales del municipio de Puerto Gaitán’, el Fondo Sierra Nevada contrató a la empresa Conbases S. A. S., creada en 2021, con un capital de 30 millones. Como socios aparecen Juan Carlos Betancourt Nova y su esposa, Mónica Marcela Cruz.

Pero además, como interventora, designó a Proyectos de Ingeniería Fepal S. A. S., creada también en Bogotá en 2021, con igual capital de 30 millones y con una única socia: Paula Alejandra Guacaneme Nova. Pero, según la denuncia de la Secretaría de Transparencia, a pocos días de firmarse el contrato con el Fondo Mixto Sierra Nevada, la señora Guacaneme le transfirió el 100 por ciento de sus acciones a Víctor Manuel Puello Vigoya. Y claro que tenía que transferir las acciones.

Juan Carlos Betancourt Nova (contratista) y Paula Alejandra Guacaneme Nova (interventora) son hermanos por parte de madre, así que no podían aparecer en papeles como vigilante y vigilado. Todo un negocio en familia.

Ante el evidente conflicto de intereses, el secretario Idárraga requirió explicaciones a la Alcaldía de Puerto Gaitán, al contratista y a la interventora sobre la relación entre sus socios, el soporte del cumplimiento de los requisitos de viabilización y aprobación del proyecto y, por supuesto, de su ejecución. Ninguno dio respuesta.

Pero estos son solo 18.000 millones de una de las decenas de contratos que ha ejecutado el Fondo Mixto Sierra Nevada.

De acuerdo con la investigación de la periodista Paula Bolívar, detrás de este fondo está la familia del exalcalde de La Paz (Cesar) Martín Zuleta. En su constitución, el primero de marzo de 2021, aparecen varios miembros de la familia de Zuleta. Según el recuento de la periodista, allí están “Andrés Felipe Cleves Daza, hermano de Esteban José Cleves Daza y primo de María Alexandra Pérez Daza, familiar también de Rico Víctor Carrillo Mejía. También integran este fondo Carlos Eduardo Daza Rumbo, quien es primo de todos los anteriores, pero también es hermano de Yonis Ramón Rumbo Nieves, esposo de Tomasa Mendoza Mieles, quien simultáneamente es prima hermana del exalcalde de La Paz Martín Zuleta; es decir, todo queda en familia”.

Además, en su constitución aparece la empresa Intec de la Costa S. A. S., una de las que formó parte de Centros Poblados y que compró Emilio Tapia para acreditar la experiencia. Pero hay más: el fondo mixto incumple el requisito básico para su existencia: no hay ninguna persona jurídica de carácter público que forme parte de su constitución.

A pesar de las abiertas irregularidades, a Sierra Nevada, cuyas oficinas funcionan en Valledupar, le han entregado más de 150 contratos que superan los 500.000 millones de pesos. Además de Puerto Gaitán, ha ejecutado proyectos en Albania y Barrancas (La Guajira); Becerril, La Jagua de Ibirico y Codazzi, en el Cesar. Estos municipios figuran también en la lista de los que más han recibido regalías para proyectos que terminaron en elefantes blancos, con adiciones o donde simplemente se robaron todo.

¿Quiénes son los dueños de este Fondo Mixto Sierra Nevada? ¿Realmente un alcalde de un municipio como La Paz tiene el poder para mover esta contratación multimillonaria? ¿O por fin es hora de empezar a buscar más arriba y descubrir quiénes son los políticos dueños de estas regiones que llevan años robándose las regalías?