“Cómo dinamitar un oleoducto”, es el título de uno de los libros de Andrés Malm, uno de los autores predilectos del presidente Petro. De hecho, ha manifestado nuestro primer mandatario que Malm le quitó el título al próximo libro que publicaría.

Dicho esto, no nos extrañe que haya nombrado a un exmiembro del Partido Comunes como ministro de Minas y Energía, pues la guerrilla de las Farc era experta justamente en dinamitar oleoductos, práctica habitual de esta organización, la cual generó la muerte de varios ecosistemas, mostrándonos así su talante ambientalista.

Acabar con Ecopetrol es un propósito que está cumpliendo este gobierno. Desde que se conocieron los resultados de la segunda vuelta en la contienda presidencial, la empresa más emblemática del Estado colombiano ha perdido un 30 % de su valor en la Bolsa de Valores de Colombia y un 34 % en Wall Street. Teniendo en cuenta que Irene Vélez no logró culminar su obra, el nuevo ministro, Omar Andrés Camacho, parece que cumplirá en su reemplazo la tarea.

De nuevo, comete el presidente Petro el error de nombrar a un activista que muestra entre los grandes méritos de su hoja de vida haber sido vocero de un comité que en su momento buscó la revocatoria del mandato de Enrique Peñalosa cuando este era alcalde de Bogotá.

Pero no todo es malo. El recién nombrado ministro manifiesta en su hoja de vida tener una maestría en energías renovables. Teniendo en cuenta que no existe hasta el momento por parte del Gobierno una hoja de ruta clara en materia de transición energética, puede ser que Camacho tenga sobre el tema una mayor idea que la ministra filósofa. Ese es un hecho positivo que hay que reconocer.

Luego de ver este tipo de nombramientos, al igual que el de la ministra de Trabajo, con un trasfondo netamente comunista, es claro que el Gobierno Petro quiere cambiar nuestro modelo económico. Acabar con el sector minero energético del país es el principio del fin de la democracia capitalista en Colombia, un fenómeno que ya se está dando en el mundo y que favorece a las autocracias, tal como lo advierte Martin Wolf en su más reciente libro.

El presidente Petro, viejo simpatizante del marxismo, estaría abonando el terreno para su llegada en Colombia. El Código Minero que propone el Gobierno, así como el borrador de decreto que pretende hacer un reordenamiento en ese sector, según expuso esta semana la ministra de Ambiente, son una clara señal de querer restringir esa actividad en Colombia, muy especialmente la legal.

Según Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, cuatro empresas ya frenaron actividades de exploración en el país, no solo por la difícil situación de orden público, sino porque no hay garantías para los inversionistas del sector minero. Estas empresas estaban haciendo inversiones de entre 45 y 50 millones de dólares en municipios y departamentos del país, que necesitan de este tipo de industrias para procurar un mejor vivir de sus habitantes, que ya no contarán con esos recursos para su bienestar.

Muy seguramente, luego de los anuncios gubernamentales, en los cuales gradúa de enemigas a las grandes empresas mineras, este sector, que aporta inmensos recursos a la economía del país, también se marchite.

Ojalá el Congreso detenga este tipo de iniciativas, nefastas para la democracia, al igual que las Cortes, cuyo papel más que nunca es fundamental para garantizar la democracia en Colombia y el cumplimiento de la Constitución política, que enarbola la libertad económica y la iniciativa privada, algo que el gobierno claramente quiere cambiar.