El reclamo público, como bien lo menciona Habermas, es la forma como el público dinamiza cambios (a veces inmediatos, a veces no), en el espacio público. La indignación, propia de las moralidades emergentes, que amplían su esfera de la compasión más allá de su propia especie, se volverá a sentir en las inmediaciones de la Plaza Santamaría en Bogotá, ante el regreso de la tortura legalizada.Un reñido fallo de tutela generó este absurdo retroceso para la ciudad. Con una votación  de cinco contra cuatro, en el que fueron definitivos, tanto el voto del suspendido magistrado Jorge Pretelt, investigado precisamente por favorecer intereses privados en fallos de tutelas y quien a pesar de tener como principal actividad económica la ganadería, en ningún momento presentó declaración de impedimento; como el voto del Magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien según algunos medios llegó a la Corte de la mano del también investigado exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, para luego convertirse en su magistrado auxiliar.  Escobar Gil, hasta hace poco apoderado de la Corporación Taurina de Bogotá, está acusado por la fiscalía por el delito de tráfico de influencias en el reciente escándalo por sobornos en fallos de tutelas.Es así, como una serie de personas (las cuáles tienen el descaro de quererse mimetizar bajo la figura de minoría, cuando son todo lo contrario a lo que la doctrina de derechos humanos y las mismas Cortes han establecido, dado que por el contrario son grupos poderosos e influyentes), asistirán el 22 de enero y varios domingos sucesivos, a contemplar como un grupo de hombres, emplea armas cortopunzantes, para torturar mediante un rito sevicioso, hasta llevar a la muerte a un ser sintiente. Algunos irán porque perciben un beneficio económico, otros, porque tal acto les genera un gusto que para ellos está por encima de la vida del ser vulnerado, otros, porque esa tradición es un baluarte simbólico de su grupo social.Manoseando el concepto de libertad en el eslogan de la temporada taurina, pretenden que se entienda que tienen libertad para ser crueles. Olvidan que la libertad propia, termina cuando la del otro comienza, en este caso, la de un ser que obviamente no puede acudir a un estrado a defenderse. Plantean soberbiamente que “al que no le gusta, que no vaya”, olvidando que para que un acto de injusticia deje de cometerse, no basta con dejarlo de presenciar. El dejar de ver el video en que un acomodado hombre torturó durante horas por medio de quemaduras, cortadas y golpes al perrito Schnauzy, no hizo que el animalito dejara de sufrir en manos del psicópata. Ser indiferente es ser cómplice.Más allá de lo ético, hay otros factores que no quisiera dejar de mencionar, para los lectores a los que les interesen los aspectos económicos, ya que con insistencia, los taurinos dicen haber aportado ingentes recursos a las arcas públicas por medio del pago de impuestos. Sin embargo, la realidad dista mucho de ello.En este sentido cabe recordar la “Alerta Fiscal”, emitida por la Contraloría de Bogotá en 2009, que llamó la atención por el no de cobro de cerca de $5.000 millones a la Corporación Taurina por concepto del impuesto de Pobres, por los periodos comprendidos entre 2001 y 2008. Cobro no realizado bajo la exención efectuada por el IDRD, cuando la Ley no permite exención a los particulares. Estos recursos ya no pueden reclamarse por haberse incurrido en el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción fiscal.  También corresponde mencionar la reciente polémica, surgida en medio del trámite de la reforma tributaria, a raíz de que se conociera que las corridas de toros están exentas del pago de IVA. Buscando solventar esta situación, absurda e inequitativa, el Senador Carlos Fernando Galán radicó una proposición, pero ésta fue prontamente negada en el Senado, con el aval del Ministro Cárdenas Santamaría, el Presidente del Congreso Mauricio Lizcano, el Senador Luis Emilio Sierra, entre otros. Todos los mencionados, reconocidos aficionados taurinos, legislando en interés propio.Ante ese mismo Congreso, que por sentencia de la Corte Constitucional; es el único que tiene la palabra para eliminar la excepción que aún permite las corridas y otros tantos espectáculos crueles; es que hoy día cursan tres iniciativas complementarias que buscan cambios en la materia, en orden de radicación: una de Nicolás Echeverry, otra de Guillermo García Realpe (con ponencia positiva de Juan Manuel Galán) que busca acatar la observación de las Naciones Unidas para que los menores de edad sean alejados de la tauromaquia y otra de Carlos Fernando Galán. Así mismo el Viceministro de Interior, Luis Ernesto Gómez, anunció que desea trabajar una iniciativa legislativa abolicionista que iría respaldada por el Gobierno Nacional. En 2016 fue derrotado el proyecto de Armando Bennedetti que había tenido un aliento más, tras una proposición de Claudia López. Todos estos y otros tantos Congresistas conscientes del tema, son minoritarios frente a un Congreso indolente, donde se juegan tantos intereses.También estamos pendientes de la decisión que tome la Corte Constitucional, sobre la viabilidad de la iniciativa que denominamos Consulta Antitaurina.Confiamos en que más temprano que tarde, por decisión propia o de los estamentos representativos del “pacto social”, los toreros, rejoneadores, novilleros, etc; dejen las armas. Muchos los esperamos, así como la no repetición, incluso olvidando el daño que le han causado a tantos seres. Por lo pronto, luego de cuatro años sin corridas en el bello y subutilizado escenario de la Santamaría, la ciudadanía consciente ejercerá su derecho al reclamo público el 22 a las 2. Y en medio de su diversidad ideológica, religiosa, de condición social o de cualquier índole, manifestará pacíficamente su rechazo a las corridas e insistirá en nuevas formas de relacionarnos éticamente con los otros animales.