Con la Constitución de 1991 se acentuó la descentralización con la autonomía de los entes territoriales, se limitaron algunas de las competencias presidenciales, se abrió la puerta para el pluripartidismo y se mantuvo la representación proporcional, con posteriores ajustes electorales y al sistema de partidos.
La situación ha sido el desdibujamiento de los partidos políticos y su falta de diferenciación ideológica, con el paralelo debilitamiento del Congreso y de contera, el fortalecimiento del presidencialismo plebiscitario, marcado por las tendencias de opinión favorables o adversas. Se han propuesto reformas políticas y ha estado presente, en mayor o menor grado, la revocatoria del Congreso.
Los gobiernos preparan su agenda legislativa, pero casi nunca logran una representación mayoritaria o significativa en el Congreso, situación que los lleva a buscar las mayorías parlamentarias por otros medios, no previstos por el sistema, tales como cupos presupuestales indicativos, clientelismo, prebendas, etc. En síntesis, se construye una relación oscura y perniciosa para la política.
El actual gobierno ha estado rodeado de escándalos relativos a la financiación de la campaña electoral que conllevarían la pérdida de los cargos de presidente y vicepresidenta, y más recientemente de descarados sobornos a congresistas que se desempeñaban como presidentes de las cámaras o miembros de la comisión de acusaciones por parte de altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que socava la legitimidad de las dos ramas del poder público.
De otro lado, partidarios del gobierno proponen restablecer la reelección presidencial y convocar una asamblea constituyente o realizar un referendo constitucional, mientras el presidente propone inversiones forzosas para la banca y conduce la petrolera estatal al abismo. Se trata de la mejor estrategia de defensa, pasar al ataque y generar nuevos problemas.
En un sistema parlamentario se podría anticipar la salida del gobierno sin mayores traumatismos institucionales, como también la disolución del Congreso para anticipar las elecciones y recomponer la representación política a las nuevas tendencias.
Además, dentro de esa flexibilidad institucional del sistema parlamentario también se puede reelegir indefinidamente al jefe de gobierno, mientras que su gestión goce del apoyo de las mayorías parlamentarias, que en últimas dependen del mismo pueblo que elige a su Congreso, así se superaría la discusión cíclica de la reelección.
Sin embargo, en nuestro sistema presidencial de periodos fijos y con las actuales circunstancias en que gobierno y Congreso estarían cuestionados y salpicados por escándalos mayúsculos, la única posibilidad para anticipar las elecciones de ambos sería un referendo constitucional en el que los ciudadanos votarán sí o no tal anticipación.
Se trataría de una solución democrática a una crisis de legitimidad de dos de los principales órganos del Estado, el presidente y los partidos políticos medirían sus respectivos apoyos populares y las mayorías ciudadanas podrían cambiar anticipadamente a representantes y gobierno.
Cita de la semana: “¿Qué es un Estado mafioso?… El Estado controla y usa grupos criminales para promover y defender sus intereses nacionales y los intereses particulares de una élite de gobernantes”. Moisés Naím, Repensar el mundo (2016).