El ministro de Justicia, Néstor Osuna, luego de la reunión de la Comisión de Expertos para la reforma a la justicia, anunció que se presentarían distintos proyectos de ley para reformar la justicia, sin descartar posibles ajustes a la Constitución.

El panorama es desalentador: niveles de impunidad que rondan el 90 %; investigaciones que se archivan por vencimientos de términos; congestiones en la mayoría de los despachos judiciales que conllevan decisiones tardías en años; politización de la justicia; judicialización de la política; hipertrofia de la Rama Judicial, a la que se suma la JEP de escasos resultados; en fin, una justicia distante de los ciudadanos, mediada por procedimientos engorrosos, y no ausente de escándalos de corrupción.

Han sido muchos los intentos infructuosos de reforma a la justicia propuestos por los últimos gobiernos. Se abrió camino el activismo judicial, la tesis del “gobierno de los jueces”, que implica interpretaciones amplias y ambiciosas que en ocasiones desbordan los textos legales o superiores. Altos tribunales, como la Corte Constitucional, han recorrido ese camino, llegando a contradicciones inaceptables, como prohibir la pesca deportiva ante la incertidumbre del posible sufrimiento de los peces, pero, en cambio, ampliar los tiempos de gestación para la despenalización del aborto de seres humanos, aunque hay salvamentos de voto.

Me atrevería a decir que somos uno de los países con mayor número de altas corporaciones judiciales y magistrados que las integran: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Jurisdicción Especial de Paz, cuentan con más de 110 magistrados y lo que implican sus despachos con los respectivos auxiliares. Se trata de una rama del poder público con múltiples cabezas, una verdadera hipertrofia judicial.

En cambio, de acuerdo con información de 2021, habría 5.488 jueces que habrían recibido 1,8 millones de asuntos. Lo anterior significa que hay 11 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar internacional, según la Ocde, sería de 65. En otros términos, se tiene un exceso de altos cargos judiciales y un déficit en los cargos de base.

De otro lado, hay defectos estructurales en la organización del Estado, aunque hay excepciones, los controles a los magistrados de las altas corporaciones son escasos y deficientes, pues sus juzgadores, los congresistas, están sujetos a controles judiciales de aquellas. La acción de tutela ha ampliado sus ámbitos a derechos económicos y sociales, así como a sentencias judiciales, colocando a la Corte Constitucional en un lugar preponderante que no fue previsto por el constituyente.

El Consejo de Estado puede presentar proyectos de ley y de reforma a la Constitución, mientras que el Consejo Superior de la Judicatura puede presentar proyectos de ley sólo en cuanto a la administración de justicia y los códigos. Sin embargo, se ha consolidado la práctica de concertar las propuestas gubernamentales con los órganos afectados, con lo cual se abre la posibilidad de negociaciones políticas con los magistrados y los jueces.

En fin, se embarca este gobierno en un intento más de reforma a la justicia, aún no se conoce el contenido y los retos son enormes, dados los antecedentes no se puede ser muy optimista.

Sin embargo, pocas veces, como ahora, se requiere de una justicia independiente, ágil y cumplida, porque tener justicia es tener paz.

Cita de la semana: “Las sociedades más pacíficas también suelen ser más ricas, sanas y cultas, estar mejor gobernadas, respetar más a las mujeres y practicar más el comercio”. Los ángeles que llevamos dentro (2012), Steven Pinker.