La intervención de Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, en el Foro de la Academia Nacional de Medicina y en representación de 14 asociaciones, es una valiosa contribución a la genuina reforma de la organización de la salud. Ella es pediatra, docente universitaria y exsubsecretaria de Salud Pública de Bogotá.
Parte de una premisa indispensable: la suficiencia de recursos para cubrir los siempre crecientes costos de la salud. Si se aspira a igualar el promedio de gasto anual de la Ocde, y aun sin reformar la Ley 100 y contando las fuentes de aportantes públicas y privadas, falta el 1,1 por ciento del PIB, 16,2 billones de pesos. El Gobierno tasó la reforma para 2024, 2025 y 2026 a razón de más de 6 billones de pesos en cada uno (@MinHacienda, 27/2/23). Añadido a esos 16 faltantes por año, si se quiere el nivel Ocde, la erogación anual rodearía 22 billones de más.
Clemencia Mayorga dice que la atención básica en regiones abandonadas y un riguroso ejercicio de promoción y prevención inducirían a mayores demandas y expectativas de vida. Es deseable, pero se detectarán más enfermos, crónicos o agudos, y urge más presupuesto para atenderlos. Deben sumarse también los gastos por “nuevas tecnologías, terapias, medicamentos e insumos” y el montaje de “un sistema de información integrado, en línea, que permita analítica con inteligencia artificial”.
Propone entonces que los recursos que ya no vayan a la intermediación financiera de las EPS, que hoy les rentan 20 por ciento (Garay, 2023) y que NO manejarían, se destinen a dicha atención primaria y áreas relacionadas, y que su sustituto sea el ente público Adres.
Plantea que las EPS, en cuya consolidación se han invertido incontables sumas de dinero por gobiernos y afiliados en 30 años, cumplen funciones logísticas complejas para “la operación de más 1.500.000 atenciones al día”, que hoy ninguna entidad estatal está en capacidad de asumir y, por tanto, como “agenciadoras de atenciones”, percibirían un monto definido, sustentado en estudios técnicos.
Avisa, sobre la “descentralización de Adres con el ordenamiento del gasto”, que dejar las gestiones rectoras en gobernantes territoriales entraña alto riesgo “por la politiquería y la corrupción”, ya que Colombia, en podredumbre, ocupa el puesto 87 entre 180 países y han sido identificados 178 riesgos de posibles desfalcos en el sector (MinSalud, 2019).
Explica las listas de espera para consultas y atención especializada por varios factores, pero “en especial por el déficit de recurso humano” y advierte al Gobierno Petro sobre “evitar la incertidumbre” que “puede afectar” el curso normal de tan sensible actividad.
(Ver https://www.youtube.com/watch?v=6_H9ezjrXVM). También vale escuchar a Marcela Vélez, médica, epidemióloga y Ph. D. en Política en Salud, investigadora, docente y autora de los libros, Salud: negocio e inequidad, quince años de la Ley 100 en Colombia (2008) y La salud en Colombia. Pasado, presente y futuro de un sistema en crisis (2016).
Entiende que “para un ciudadano común en Colombia, pensarse el sistema de salud sin EPS puede ser bastante difícil porque es lo único que conoce”. Que pregunte: ¿quién me dará la autorización o los medicamentos? ¿A quién le pongo la tutela?
Revela que “en el concierto de los sistemas de salud del mundo, organizaciones como las EPS (de intermediación) son excepción y no regla (…) un buen indicativo de que son innecesarias”. Pese a esto, para reemplazarlas se requiere “un periodo de transición que garantice el no retroceso en la atención” y “que permita a las nuevas instituciones ganar la capacidad y las competencias”.
Agrega que estructurar equipos básicos para atención primaria ha demostrado efectividad a la hora de mejorar los indicadores y de usar los recursos en intervenciones enfocadas en los colectivos y no solo en los individuos, como las EPS. En muchos países se les critica por obsoletas, por no estar alineadas con los objetivos de la salud pública y por “tener detrás a los inversionistas privados haciendo presión” para mantener su modelo financiero de lucro.
Deplora que el Gobierno no desarrolle el aspecto predictivo del sistema, para ella otro vacío del proyecto. Cuestiona “qué va a pasar con los que están sanos, pero se van a enfermar de condiciones crónicas”, con las complicaciones futuras, con el aumento de la vida por “mejores tratamientos” y con problemas surgidos por “factores de riesgo”.
Contrastan las proposiciones de Clemencia y Marcela con las estridencias de mitin de algunos funcionarios o con las de partidos políticos que abogan por las EPS, para dejarlas intactas o con menor renta o con cierto candor, “sin ánimo de lucro” o como “gestoras” “para ejecutar el sistema”, con una del 8 por ciento. En contravía hay voces autorizadas, oigámoslas.