La frustración en el ámbito agrícola se evidencia entre los seguidores del Gobierno actual debido al fracaso de la denominada reforma agraria, considerada por muchos como un desacierto. Este descontento se fundamenta en la percepción de que el presidente muestra un completo desconocimiento de los acuerdos de La Habana, interpretándolos de acuerdo a sus intereses personales. De manera llamativa, se ha vuelto común que altere o modifique el significado de las palabras según sus ideologías, a veces consideradas como absurdas, como expresó recientemente en un foro al abordar temas relacionados con delitos.

Es importante destacar que el primer punto de los acuerdos de La Habana representa el eje central de la ambiciosa reforma agraria, concebida para liberar a Colombia de las frustraciones derivadas de numerosos intentos fallidos de reformas y legislaciones a lo largo de diversos gobiernos. Sin embargo, es evidente que las reformas agrarias, en su mayoría, han sido impulsadas por gobiernos de orientación izquierdista y, lamentablemente, han cosechado resultados poco satisfactorios. Estas políticas se han centrado mayormente en la titulación de tierras en lugar de fomentar la productividad, lo que históricamente ha generado frustraciones comunes en varios países.

En el caso específico de Colombia, esta tendencia se ha mantenido, priorizando la entrega de títulos de propiedad en detrimento del impulso a la productividad agrícola. Este enfoque no solo ha afectado a Colombia, sino que también ha sido una constante en reformas agrarias emprendidas en otros países como México, Argentina, Cuba, Nicaragua y, más recientemente, en Venezuela.

Ahora, centrémonos en lo que está sucediendo en Colombia, camino al posible fracaso del Gobierno actual, que destinó el presupuesto más grande en la historia del país para la adquisición y formalización de tierras. Esta tarea fue encomendada al Ministerio de Agricultura y, de manera fundamental, a la Agencia Nacional de Tierras, que tiene bajo su responsabilidad el manejo del mayor número de solicitudes de formalización, suficientes para cumplir con los acuerdos de La Habana. Este proceso se inició durante el gobierno del presidente Santos y continuó con los mandatos de los presidentes Duque y Petro.

Sin embargo, los últimos dos presidentes se han enfrascado en una disputa para demostrar quién ha sido más competente (o incompetente, según mi apreciación). La administración del expresidente Duque enfrentó desafíos internos entre los funcionarios encargados de cumplir con lo establecido en el acuerdo de La Habana, priorizando agradar al líder en lugar de ejecutar sus funciones. El actual Gobierno comenzó con informaciones falsas sobre los resultados, que fueron públicamente anunciadas a la Agencia Nacional de Tierras.

En esta columna demostramos que eran cifras manipuladas, y el propio Gobierno, incluso el presidente engañado, se vio obligado a reconocer la situación. La ministra de Agricultura, la doctora Mojica, tuvo que rectificar las cifras.

Después de estos acontecimientos, se esperaba que el gobierno actual se dedicara a realizar las acciones de manera adecuada y a trabajar en equipo para cumplir con lo establecido en los acuerdos de La Habana, especialmente en el punto uno.

No obstante, en los últimos días, el presidente Petro, desinformado sobre lo acordado, afirmó públicamente que ni el gobierno del expresidente Duque ni el suyo habían cumplido con la compra de los tres millones de hectáreas asignadas. Esto, a pesar de que se destinó el mayor presupuesto económico para llevar a cabo la mayor reforma agraria en la historia de Colombia.

Lamento informarle, señor presidente, que nuevamente parece haber interpretado erróneamente el acuerdo de La Habana o, tal vez, sus funcionarios han contribuido a confundirlo en cuanto a los términos pactados con las Farc. En una declaración reciente en su cuenta de X, usted mencionó: “El reto de la reforma agraria es entregar tierra comprada a latifundistas y pasarla a campesinos. Aquí cambia la propiedad y se democratiza la tenencia de la tierra. El acuerdo de paz exige comprar tres millones de hectáreas”.

Presidente Petro, lamento contradecir su interpretación; lo acordado en el acuerdo es adjudicar tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Esta afirmación está respaldada por el propio jefe negociador del gobierno del expresidente Santos, Humberto de la Calle, quien indicó que se partió de la base de que entre el 40 % y el 50 % de estas tierras podrían recuperarse sin costo alguno.

En cuanto a su ministra, la doctora Jennifer Mojica, ella expresó en una entrevista con el periódico El Espectador que el acuerdo de paz nunca planteó la necesidad de comprar estos tres millones de hectáreas. Según ella, cuando se habló de la redistribución o democratización de tierras, se hizo apelando a otros mecanismos y posibilidades que el Estado tiene a su disposición.

Ante esta discrepancia, sería esclarecedor que nos comunique cuáles son sus verdaderas intenciones al insistir en la compra de tierras. Además, la propuesta de destinar más de 60 billones del presupuesto nacional para adquirir tierras en el Caribe y las riberas del río Magdalena, aparentemente con el propósito de expandir su influencia en áreas estratégicas del país junto a sus aliados indígenas, comunidades negras y campesinas, genera interrogantes sobre el impacto en las finanzas públicas y la representación de los intereses de todos los colombianos a través de sus impuestos.

Más bien, sería prudente enfocarse en la verdadera realidad de la reforma agraria que está teniendo lugar en la región de la altillanura colombiana, la Orinoquia y en áreas donde las disidencias de las Farc ejercen su influencia. En estos territorios, se está forzando a los propietarios de tierras a abandonar sus fincas, vendiendo sus ganados y cultivos a precios irrisorios bajo amenazas de violencia e incluso homicidios si no cumplen con las instrucciones de estas facciones.

Además, se ha observado la retoma de terrenos baldíos que anteriormente estaban bajo el control de las Farc antes de la firma del acuerdo de paz. Lamentablemente, ni el gobierno de Duque ni la administración actual han mostrado la diligencia necesaria para proteger estos territorios y posteriormente asignarlos a campesinos, como se estableció en los acuerdos de La Habana. En lugar de estar en manos de los agricultores, estos terrenos han vuelto a caer en manos de las disidencias de las Farc, especialmente en los departamentos de Caquetá y Vichada.

En resumen, es crucial que el Gobierno cambie radicalmente su política de tierras y refuerce su autoridad para salvaguardar los intereses de los trabajadores del campo. Sin una transformación significativa, no se cumplirán los objetivos esenciales de una reforma agraria, como la seguridad jurídica.

Esto implica la necesidad de leyes y regulaciones claras y coherentes que proporcionen seguridad jurídica a los agricultores, garantizando la protección de sus derechos de tenencia de la tierra. Colombia no logrará una verdadera reforma agraria mientras quienes la lideran prioricen intereses particulares y políticos en lugar de los intereses generales, que son fundamentales en cualquier democracia.