Es la vigésima en 32 años, en línea con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde). En abril de 2022, el FMI le trazó a Colombia la política fiscal para reducir “los déficits gemelos (fiscal y externo) y garantía de la sostenibilidad”. El foco está en el fiscal, que se enmienda con más ingreso y menos erogaciones (BanRep, ‘IMF Technical Staff Report’, 5/4/22, pág. 11).
El FMI planteó “recalibrar” las finanzas públicas con “reformas más profundas”: 1) Impuestos verdes (aumento de tasas impositivas al carbono y vehículos); 2) Comida chatarra y bebidas azucaradas; 3) Eliminación de regímenes tributarios preferenciales; y 4) Impuestos a la riqueza y dividendos. Estimó recaudar así el 1 por ciento del PIB, 12 billones de pesos (pág. 12). Este eje de la reforma no es, pues, criatura de Ocampo o Petro, es “copie y pegue” del FMI, que les dictamina volver a Colombia deudor viable (ver foto FMI). Con el descenso del déficit fiscal a -2,6 por ciento del PIB en 2025, por alza de tributos y recorte del gasto, y de la deuda del gobierno central, del 64,6 en 2021 al 57,7 en 2026 (pág. 52), se completa el ajuste, según Ocampo.
En diapasón, la Ocde hizo “evaluación detallada” del costo de los tratos preferenciales a los contribuyentes. Identificó 106, por 17,4 billones de pesos anuales, para personas naturales; 123, por 15,4 billones, para empresas y 142 beneficios para IVA (@OECDtax- 28/7/22). El documento facilitó crecer la apuesta, ya que la receta del FMI no cobija la política social.
Las personas naturales pondrán 8,1 billones de pesos, al perder ciertas prebendas, pero, ante todo, al limitarse a las 524.760 con ingresos mensuales de más de 10 millones de pesos, incluidos laborales, honorarios, pensiones, ganancias ocasionales, cosechas y dividendos, a deducir máximo 25 por ciento de la renta líquida, sin exceder 1.210 UVT (48,5 millones-2023). Eleva la tasa efectiva de tributación desde 6,4 por ciento hasta 25,7, al grupo de 140 millones en adelante, donde superricos que perciben 200 millones o 250 o más, quedan en dicho rango (art. 2-8).
En el impuesto al patrimonio hay cerca de 40.000 sujetos. A tenedores entre 3.000 millones (2023) de pesos y 5.000 aplica 0,5 por ciento y –sin justificación– pone el 1 por ciento para los demás. No discrimina los 3.037 de 10 millones de dólares (40.000 millones) de los 1.888 de 100 millones, diez veces más, ni de los 16 entre 500 y 1.000 millones, 100 veces (Saqueo, pág. 197). Contrario al discurso electoral, los supersuperricos salieron mimados.
Las empresas pondrán 5,1 billones. La supresión de beneficios y estímulos en unos ingresos no gravados, en deducciones especiales y del descuento del ICA, sin que el deducible restante supere 3 por ciento de la renta líquida (art. 11), aumenta el valor promedio del impuesto neto en 21 por ciento (Andi). Al mantener 35 por ciento como tarifa única (art. 9), maltrata a las pymes; las otras nacionales liquidarán una tasa efectiva superior a la de las extranjeras y de estas, las de 13 países con acuerdos de doble tributación, pagarán solo 20 por ciento (Andi, BLU, 12/8/22). Como cuando Petro, de alcalde, usó el tratado con España para recomprar las acciones del Citibank en TGI, en operación elusiva de ganancia ocasional.
Grava la canasta familiar como la de Carrasquilla. Busca 4 billones de pesos, con IVA ataviado de “saludable y ambiental”, en bebidas azucaradas, comidas ultraprocesadas, plásticos, gasolina y ACPM, y los combustibles en frontera subirán 2.000 pesos por galón. Como todo IVA, afecta más a personas de ingresos bajos e impactaría la inflación en 1,89 (Raddar). Se alzan las tarifas de energía 25 por ciento anual desde 2025 cuando sea de plantas a carbón, y la sobretasa del 3 por ciento en renta a los bancos se trasladará al usuario. 25,9 billones se logran con el cobro del 10 por ciento a la exportación de petróleo, carbón y oro. Ecopetrol, que saca cuatro de cinco barriles del crudo, contribuirá con 5 de los 7 billones proyectados. Sufrirá duros golpes cuando el precio del barril, como ahora, supere 46 dólares. Con la “sangría” al ingreso, de tipo feudal, junto con crecientes impuestos –por no descontar las regalías– llevará a cuestas la cuarta parte de la reforma. Muy lacerada.
La reforma Petro-FMI-Ocde apapacha ultrarricos, pero exprime sectores medios urbanos y rurales, desguaza a Ecopetrol, ahonda la inequidad entre empresas, en pro de las trasnacionales, con los supuestos de acortar el coeficiente de Gini entre personas de 0,543 a 0,491 muestra un Gobierno “extremadamente optimista” (R. Angulo) y causa “una reducción del ahorro que no se corrige dentro del modelo imperante” y lleva a “estancamiento con inflación” (E. Sarmiento). ¿Votar a favor?