Es frustrante darse cuenta de que la luz al final del túnel que creíamos estar viendo era solo una ilusión. Las vacunas en Colombia no empezarán a aplicarse tan pronto como habíamos creído. El proceso de vacunación posiblemente tomará todo el año. Y seguirán las cuarentenas y los toques de queda ante la nueva ola de contagios y la escasez de unidades de cuidados intensivos.
Tan pronto esto se hizo evidente, el Gobierno dejó entrever que la reforma tributaria tendrá que esperar un poco más. Se ha hablado incluso de que no haya reforma este año, y quizás ni siquiera en lo que queda de este Gobierno.
Si el único objetivo de la reforma tributaria fuera recaudar más, habría razones para los temores del Gobierno. ¿Qué ambiente puede tener en el Congreso proponer en estos momentos que se grave con IVA la canasta familiar y que se suban los impuestos a la clase media? Pero el planteamiento puede y debe ser diferente. Puesto que estamos en crisis, es preciso que el Gobierno y el Congreso les ofrezcan a las clases bajas y medias la protección social y las posibilidades laborales que están pidiendo a gritos.
Por eso se necesitan las reformas a los sistemas de pensiones y prestaciones sociales, así como cambios profundos al régimen laboral. Y como estas cosas implican costos fiscales, deben hacerse en forma coordinada con una reforma tributaria que recaude más.
Es importante entender los costos fiscales de las reformas pensional y laboral. La reforma pensional tiene que desmontar el sistema de subsidios que actualmente favorece a los pensionados ricos, y crear un verdadero sistema de apoyo para los adultos mayores que actualmente carecen de protección social. Pero esa reforma, cualquiera que sea su diseño, solo puede hacerse si se reconocen los derechos adquiridos de quienes están cerca de la edad de pensión. Como casi cualquiera de las modalidades de reforma pensional que están en discusión implica que Colpensiones recibirá menos contribuciones, se necesitarán recursos adicionales por unos años antes de que empiecen a verse los beneficios fiscales de desmontar el actual sistema de subsidios regresivos.
Una reforma laboral estructural posiblemente tendría también costos fiscales. El principal obstáculo para la creación de empleo formal para los trabajadores poco calificados es el costo que representan las contribuciones a las cajas de compensación y al sistema de seguridad social. Debido a estos costos, muchos trabajadores prefieren seguir como informales, y muchas empresas se abstienen de contratar más gente.
Pero como no es posible desfinanciar a las cajas de la noche a la mañana, ni aumentar el déficit del sistema de salud, no es factible fiscalmente hacer lo que convendría tanto a las empresas como a los trabajadores.
También tienen costos fiscales otras iniciativas, como la creación de un ingreso básico para los grupos más vulnerables o la ampliación de los subsidios de emergencia que se han concedido durante la pandemia. La puesta en marcha del programa Ingreso Solidario, en medio de la pandemia, es muestra de que entidades como el Departamento Nacional de Planeación tienen la capacidad técnica suficiente para diseñar e implementar programas progresivos, que apoyen a los colombianos más pobres.
En síntesis, es igualmente insensato proponer reformas sociales sin analizar sus costos e identificar sus fuentes de financiamiento, como plantear una reforma tributaria que no apunte a mejorar la situación económica y las posibilidades laborales de las clases bajas y medias. En lugar de esperar a que salgamos del túnel para hablar de reformas, es mejor reconocer que seguiremos en el túnel por un tiempo y que en las difíciles condiciones en que estamos ahora es cuando mejores posibilidades tenemos de hablar, negociar y ponernos de acuerdo. Los colombianos no podemos desperdiciar esta crisis.