Muchos delincuentes en este país creyeron que la JEP era un paracaídas de oro que les permitiría en el inmediato futuro acceder a los beneficios de la Justicia Transicional para garantizar impunidad. Por supuesto, contando una supuesta verdad plagada de mentiras. Y tacaron burro: La Jurisdicción Especial para la Paz no es ni será un símbolo de impunidad como pretenden hacerlo ver el fiscal y los enemigos de la verdad. Quien se acoja a la justicia transicional tendrá que contar verdad plena so pena de perder los beneficios. La justicia transicional diseñada en el acuerdo final está blindada y no será el vehículo para que se evada la extradición. Se equivoca el fiscal general cuando pretende enlodar el acuerdo de paz. Ahora, como último cartucho, se inventa suspicacias sobre el artículo 153 de la ley estatutaria tras asegurar que “metieron un articulejo por la puerta de atrás para acabar con la extradición”. Esgrime el jefe del ente acusador el peregrino argumento de que cualquier narcotraficante ofrecerá verdad para evitar ser extraditado a los Estados Unidos, dado que  “Un tercero, que es un narco, va a evitar la extradición con el prurito de contar verdad”. Eso que dice el fiscal es una falacia más grande que una catedral; queda fuera de foco si recordamos que la propia Corte Suprema de Justicia ha negado la extradición de exjefes paramilitares tras valorar el derecho de las víctimas a conocer la verdad. “Esa fue la jurisprudencia de la Corte Superama que ha sido reafirmada por la Corte Constitucional en la sentencia de la ley estatutaria, luego de que con la extradición de los paras se extraditara la verdad”, atinó en aclarar, justamente en la revista SEMANA, la representante Juanita Goebertus. Recuerdo, como si fuera ayer, que el mismo fiscal Martínez, en compañía de los parlamentarios de su partido Cambio Radical, se opuso a que los terceros civiles y los agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública fueran llamados por la JEP a comparecer y pidió, con insistencia, que fueran sacados de la Justicia Transicional y lo dejaran como una opción. Qué incoherencia, por favor. Traigo a cuento ese episodio del fiscal durante el debate sobre el proyecto de ley estatutaria en el Congreso en el año 2017, para destacar cómo se ha pretendido obstaculizar la justicia transicional cuyo único objetivo es esclarecer lo ocurrido en los sesenta años de conflicto armado y que la verdad prevalezca, no solo a través de los combatientes sino de quienes financiaron la guerra, la prohijaron y sacaron provecho de ella. A manera de ejemplo, es pertinente recordar que recientemente en una sentencia de primera instancia, revela el portal Verdad Abierta, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las versiones sobre posibles aportes económicos voluntarios al Bloque Héroes de Granada por parte de las empresas del Grupo Nutresa: Compañía Nacional de Chocolates y Galletas Noel; de Gaseosas Postobón de la Organización Ardila Lulle y de una planta de producción de cerveza del conglomerado Bavaria. Esos terceros deberían ir ante la JEP, pero el fiscal se opuso. Pregunto: ¿estará el fiscal investigando la decisión de ese alto tribunal de la justicia para que estas empresas aclaren estas graves acusaciones? Esa es la verdad que también los colombianos y las víctimas queremos conocer: saber qué grado de responsabilidad tienen los grandes empresarios en esta guerra que dejó más de 220.000 muertos. Más allá de objeciones o no objeciones, la certidumbre sobre lo ocurrido en el conflicto interno armado debe prevalecer y hace mal el fiscal si insiste en vender la idea de que la extradición está por encima del derecho de las víctimas a conocer la verdad.   @jairotevi