Hoy no queda la menor duda de que los dos años que vienen serán supremamente difíciles para los colombianos. Serán duros para los sectores populares, pero también lo serán para la clase media. La cereza que se le suma al pastel es el déficit del Gobierno, que ya compromete obras, planes de expansión y muchos proyectos prioritarios para nuestro país.
El horizonte que nos viene encima se debería manejar como si una pandemia hubiese afectado el desarrollo y la funcionalidad de nuestro país. Una afectación no ocasionada, esta vez, por un factor exógeno, sino por la más profunda incompetencia de un gobierno que perdió las luces y, a estas alturas del partido, muestra la más discreta gestión que se haya registrado en muchos años.
Resulta increíble que estemos hablando de un déficit de 12 billones de pesos en el Presupuesto Nacional, mientras en muchos ministerios y agencias de gobierno, la ejecución no llegue al 10 % a estas alturas de 2024. En contraste, otras entidades públicas exhiben un espíritu derrochón en que los recursos se entregan a proyectos que en otros tiempos no resistirían la mínima evaluación de pertinencia. En un tercer grupo, con justificación ideológica, pero no técnica, se trastocan contratistas en funcionarios de planta, llevando al crecimiento del gasto de largo plazo.
Pero más preocupan los sectores sociales en los que reside el futuro de nuestra sociedad. La retórica y las promesas abundaron durante los primeros dos años de gobierno, seguido de un profundo silencio, y ahora viene el escenario de mayor degradación.
Iniciemos por lo más evidente: La paz total actualmente es una inmensa decepción. El problema hacia el futuro no es su fracaso, sino el colapso de la estrategia de contención de los grupos violentos que hoy se han adueñado de inmensos territorios. Años perdidos de esfuerzo y dinero invertido por los anteriores gobiernos y las Fuerzas Militares. Mientras, el Gobierno se dedica a conceder todas las garantías y gabelas necesarias, a pesar de las fehacientes demostraciones de ausencia de voluntad para negociar y acogerse a una paz ya desdibujada.
En el campo laboral parece casi un chiste que el Gobierno tramite en el Congreso una reforma mientras —de manera contradictoria— su propio sindicato del Ministerio del Trabajo fue empujado a suspender la huelga que sus propios empleados iniciaron en mayo, sin la mínima disposición al diálogo, de parte de quienes hoy regentan esa cartera.
La situación en el sector educación es realmente crítica. El presidente inició su gobierno ofreciendo condonar deudas a estudiantes universitarios y construir nuevas universidades públicas por todas las regiones apartadas del territorio nacional. Hoy no existe ni lo uno, ni lo otro. El Icetex sigue siendo un lastre para los universitarios más pobres y ni una sola universidad nueva se ha concretado. Mientras tanto, las universidades públicas pasan por el peor momento financiero en su historia; tal cual sucede con la Universidad de Antioquia, una de las más emblemáticas. Por otro lado, millones de jóvenes se debaten en sus casas, sin estudiar ni trabajar, mientras ese ministerio se dedica al discurso.
Ni hablar del sector de la salud: las quejas y tutelas están llegando a niveles históricos. Las EPS intervenidas lideran los peores resultados, con mayor desprotección de los pacientes y con un preocupante manto de oscuridad sobre su real situación financiera. Las epidemias de dengue y la malaria superaron todos los registros y se transformaron en enfermedades desatendidas. Mientras tanto, el Ministerio de Salud se dedica a tramitar el refrito de la reforma hundida, dejando de lado la gestión del financiamiento del sector.
La principal gestión que puede mostrar el Gobierno y sus áulicos es la de mirar para atrás para justificar sus malos resultados. Y no existe la más mínima comprensión del daño ni de sus consecuencias. Por el contrario, se han dedicado a llenar el escenario de la opinión pública de cortinas de humo y falsas noticias para evadir cada contingencia que genera el desgobierno, siempre mirando al pasado como si este los persiguiera y no los dejara dormir.
Cuando no es posible cambiar las causas que generan una afectación, lo único posible es una estrategia de adaptación. Y viene al caso recordar los tiempos del covid-19: los colombianos fuimos capaces de desarrollar unos niveles muy altos de adaptación frente a los tiempos difíciles. Fuimos profundamente resilientes y desarrollamos estrategias para hacer que tuviésemos una esperanza de futuro.
Para estos dos años que nos quedan, lo más razonable es dejar al Gobierno hablando solo. Es necesario un acuerdo nacional, pero un acuerdo intersectorial, que considere actuar en la contingencia para lo que queda de ese mandato, y lo que será la dura recuperación de la senda de crecimiento y desarrollo social para nuestro país. Ese acuerdo deberá incluir los mecanismos para empujar a la gestión en los diferentes sectores, enfocándose en la reducción del daño. Acuerdos integrales, porque han sido muy perniciosos los arreglos basados en intereses pequeños y de corto plazo, que han hecho algunos sectores empresariales.
Hoy, a pesar de las dificultades, esa esperanza subsiste y aún es muy poderosa. Es necesario ponerle una cuarentena de 22 meses a un periodo de nuestra historia que no va a generar ningún cambio positivo pero que, seguramente, nos servirá de referencia para no repetirlo y proponernos nunca volver atrás.