Fue ya hace casi cuatro años cuando el espíritu reformista y liberal de los discursos iniciales de Juan Manuel Santos se tomó por sorpresa a país y medio. El anuncio de los pilares de gobierno basados en las víctimas y las tierras fue refrescante y esperanzador después de décadas en las que las élites habían engavetado el tema agrario en el país. Esto a pesar de que a la grandilocuencia de los discursos le aquejaba un tufillo de adanismo: en seis meses se presentaría la reforma integral de tierras que ningún gobierno en la historia del país había podido hacer. Pero como en tantas otras oportunidades, nos dijeron mañana y todavía es de noche. Mientras la reforma integral se iba empantanando, se le apostó a la restitución de las tierras. Pocos preguntaron por qué la restitución terminó siendo tan poco controversial si el tema de tierras había sido siempre tan espinoso. Pero algunos desde entonces ya presagiaban: la restitución en un contexto de inequidad como el que existe en Colombia puede terminar siendo un buen negocio para aclarar derechos confusos y para facilitar futuros traspasos de tierras. A cumplir ese presagio es a dónde parece que vamos encaminados. La restitución mal que bien y con mucho esfuerzo va avanzando. Obviamente, existen distintas formas de ver el asunto, como lo demostró la controversia suscitada con el lanzamiento del informe de Human Rights Watch hace unas semanas. Un informe que con muy buen tino hace un llamado de alerta sobre la seguridad de los reclamantes y sobre la necesidad de contar con información clara y desagregada sobre cómo va la restitución. Pero que se concentra demasiado en señalar que la restitución no despega con base en un solo indicador (el de familias retornadas después de obtener sentencia) el cual no es suficiente para mostrar de manera adecuada la complejidad del asunto. Son ya más de 200 sentencias que cubren algo más de 12.000 hectáreas, repite el gobierno. Un número de casos resueltos que con creces supera los resultados de otros mecanismos similares como, por ejemplo, los magros resultados de la Ley de Justicia y Paz. Pero una cifra que no dice mucho si se compara el esfuerzo que implicó restituir jurídicamente esas tierras frente a la facilidad con la que los “abogados sofisticados” ayudan a otros a acapararlas por medio de otras leyes y mañas legales. Los informes de Arias y Robledo hablan de que con una sola operación Cargill se habría hecho a 26,000 hectáreas y Riopaila a otras 42,000. Ahí es donde está el verdadero entuerto de la restitución. Sin una transformación en el estado actual de la política sobre tenencia y uso de la tierra la restitución terminará sirviendo para acortarle el camino a los acumuladores. Ya no tendrán que acudir a las maromas de los avezados “juristas”. Simplemente será esperar a que el Estado haga todo el esfuerzo y a que dos años después las familias restituidas se estrellen con la pobreza del campo y salgan a vender su tierra por tres pesos. El paro agrario es la constatación de que la economía campesina está ahogada por el modelo actual. Y prueba de que con los mínimos auxilios complementarios a la restitución nadie se convierte en el próspero Juan Valdez del que hablaba Santos en sus discursos. Son subsidios a la pobreza que solo alcanzan para entretener el hambre por un par de días. Casi ya terminando el mandato, el gobierno aún no se decide. No sabe si quiere apostarle al espíritu transformador del campo - en línea de lo que parece se discute en la Habana -, o a seguir abriendo paso al voraz apetito de unos pocos – en la línea del proyecto de reforma a los baldíos. Mientras tanto, paso a paso los defensores de la restitución y del campesinado han ido uno a uno saliendo del gobierno para abrirle pista a una nueva escuadra que más bien parece tener la intención de consolidar un Chicoral 2.0. Hace unos años un paramilitar confesó la estrategia de acumulación de ese entonces: Unos iban matando, otros iban comprando y otros iban legalizando. Pueda ser que no lleguemos a una versión moderna del asunto: unos iban aclarando linderos, otros iban reconstruyendo registros, otros iban presentando demandas…. pero al final, los mismos de siempre terminaban comprando y disfrutando. * Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia