El narcotráfico representa una amenaza real para los territorios y, en especial, para la vigencia de los derechos humanos. En 2020, la tasa de homicidios de los municipios que son enclaves productivos de coca fue de 52 por cada 100.000 habitantes, mayor a la tasa nacional, que registró 23 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y que la tasa en los municipios sin coca, que fue de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Para responder a esta problemática, el Gobierno nacional cuenta con la política Ruta Futuro como la hoja de ruta para enfrentar el problema de las drogas ilícitas de forma integral, política que ha sido exitosa en desarticular toda la red de valor del narcotráfico y sus delitos conexos.
Es de resaltar que el Gobierno del presidente Iván Duque logró revertir la tendencia exponencial de crecimiento de cultivos ilícitos que se presentó entre 2013 y 2017. Durante tres años consecutivos, este Gobierno ha registrado una reducción sostenida en el área cultivada, reportando una disminución acumulada de 28.000 hectáreas, 17 por ciento menos que lo reseñado en 2017, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Si bien la disminución de los cultivos ilícitos es un indicador importante, la política Ruta Futuro persigue un objetivo más ambicioso: la transformación de los territorios y la sustitución de las economías ilícitas por lícitas, a través de desarrollo rural, inversión social y cultura de legalidad.
Como muestra de ello, el Gobierno del presidente Duque ha invertido más de 900.000 millones de pesos a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), programa que ha beneficiado a más de 95.000 familias que tomaron la decisión de entrar al camino correcto de la legalidad.
Respecto a la afectación de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, se destaca la valiosa labor adelantada por la fuerza pública, que implica la destrucción de más de 15.000 infraestructuras para la producción de drogas ilícitas, así como la incautación de casi 25.000.000 de galones de sustancias químicas líquidas y más de 130.000 toneladas de sustancias químicas sólidas. Estas acciones han permitido proteger a los colombianos de la violencia generada por el narcotráfico y preservar el agua, la biodiversidad y el medioambiente, principales activos estratégicos de nuestro país.
Solo en 2020, la afectación económica a las organizaciones criminales transnacionales por las acciones de la fuerza pública se estima en más de 6 billones de dólares.
En cumplimiento del principio de corresponsabilidad, el compromiso del Gobierno nacional es incuestionable. Prueba de ello es que Colombia realiza la mayor cantidad de incautaciones de cocaína en la región –cerca del 40 por ciento–, seguido de Estados Unidos con el 20 por ciento y Ecuador con el 10 por ciento.
Este Gobierno ha extraditado a 503 personas, de las cuales 415 corresponden a delitos relacionados con narcotráfico, es decir, el 83 por ciento de las extradiciones se relacionan con la lucha contra las drogas.
Mantenemos el compromiso y la decisión inequívoca de continuar implementando una política integral de lucha contra las drogas ilícitas, cuyo objetivo fundamental es la protección de la población y la transformación de los territorios. Si bien los resultados demuestran el éxito de la política Ruta Futuro, no somos conformistas, por el contrario, tenemos la plena convicción de continuar trabajando sin descanso para desterrar el narcotráfico de Colombia. Este empeño no solo debe ser un propósito primordial del Gobierno nacional. La sociedad colombiana tiene que estar comprometida con ese anhelo de lograr un país en paz con legalidad.