En Colombia, en los últimos cuatro años, entre enero de 2018 a febrero de 2022, se han registrado 876 casos de presunto abuso sexual, relacionados con entornos escolares. Padres de familia y autoridades advierten por lo que se vislumbra como la reactivación de la violencia sexual contra menores en el retorno a la presencialidad.
En Bogotá por ejemplo, se tienen abiertos 161 procesos por denuncias de casos de acoso o abuso sexual en los colegios. 105 relacionados con irrespeto, 22 con acto sexual abusivo, 19 con acoso sexual, 3 con acceso carnal o acto sexual con persona en incapacidad de resistir, 2 con acceso carnal abusivo con menor de 14 años y el resto con otras acciones de esta índole en contra de niños, niñas y adolescentes.
En este período, las localidades más afectadas por número de casos, en su orden han sido: Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Barrios Unidos, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Chapinero, sin precisar. Y de esos, avanzan por violencia sexual procesos judiciales: activos146, con fallo 10, sin claridad de estado 2.
Aquí vuelve y juega el tema de la salud mental de los menores, tan afectado en pandemia y que ahora vuelve a sacudirse con casos recientes de violaciones y acoso en el retorno a la presencialidad. Hace tan solo unos días salía a la luz el escándalo de los abusos cometidos contra alumnas en el colegio Marymount, por parte del profesor de educación física Mauricio Zambrano, un caso en el que a pesar de que las niñas alertaron a los directivos, no se actuó a tiempo y casi que se encubrieron por el plantel su actuaciones, de acuerdo al testimonio de por lo menos 17 estudiantes.
Otro caso más, hace una semana, de una niña de tan solo 9 años que habría sufrido tocamientos en sus partes íntimas por su profesor de matemáticas en el colegio Colsubsidio Ciudadela de Engativá, en un hecho que generó el repudio de la comunidad estudiantil que lideró protestas pidieron justicia y celeridad en la investigación. Y solo unos días después en otra institución oficial de la ciudad, se denunció que una docente acosaba en el plantel y por WhatsApp a un menor de 15 años para que accediera a besarla y tener relaciones sexuales a cambio de favorecerlo con notas.
Sobre el asunto, los expertos en salud y estudios publicados por el Instituto Colombiano de Medicina Legal, son claros en afirmar que los abusadores saben cómo manipular a sus víctimas, muchos lo hacen psicológicamente o se aprovechan de su situación de vulnerabilidad. Y según cifras de la Secretaría Distrital de Educación, se ha logrado identificar por ejemplo que el 94,27 por ciento de los agresores son hombres en cargos administrativos, auxiliares, coordinadores y directivos; mientras que la mayoría de víctimas son mujeres: 87,02 %.
En el caso de Bogotá, alarma que algunos de los profesores denunciados no han sido apartados de su cargo, según consta en respuestas de la entidad: “Por el debido proceso, la Secretaría no los puede desvincular. Lo que se ha hecho es separarlos de cualquier contacto con los menores de edad. Encontrando la forma de que puedan trabajar mientras cursa la investigación en la Fiscalía y los jueces toman una decisión”.
El gobierno nacional ha adoptado un protocolo unificado para colegios públicos y privados que brinden a los menores las herramientas que les permitan prevenir e identificar las circunstancias de riesgo de abuso o si son como tal, víctimas del delito. Por lo tanto, es urgente dar riguroso cumplimiento y que a nivel distrital se implementen medidas para monitorear con mayor precisión y agilidad cualquier proceso de violencia sexual, que se implementen estrategias que además de promoción y prevención de las dinámicas que pueden constituir violencia sexual, eviten la revictimización de los niños y niñas, y protocolos para separar a las víctimas del presunto agresor definitivamente, hasta que el proceso legal surta efecto.
Urge que las medidas de prevención del abuso sexual pasen de la normatividad consignada en los documentos a la aplicabilidad real en protocolos de prevención de las conductas agresoras, la atención oportuna a menores en riesgo o víctimas y la sanción efectiva de los responsables, con el compromiso y responsabilidad que asuman los actores involucrados: instituciones, directivos, educadores, padres de familia y sociedad civil.