El país se le salió de las manos al Gobierno del presidente Gustavo Petro. La incomprensible política de “paz total” parece más “violencia total”. Solo a título de ejemplo, en marzo la “guardia indígena” secuestró a 70 policías y asesinó a uno de ellos en el Caquetá, y esta semana volvieron a secuestrar a 17 soldados en Toribío, Cauca.
¿Por qué la “guardia indígena” puede secuestrar y asesinar sin que haya consecuencias? ¿Por qué al Gobierno nacional pareciera darle terror llamar a las cosas por su nombre y en lugar de secuestro dicen que fue una retención o un cerco humanitario? ¿Por qué la “guardia indígena” tiene tantos privilegios? ¿A cambio de qué?
Afortunadamente, el único alto funcionario que todavía defiende el Estado de derecho, la Constitución Política de 1991, las leyes y el Código Penal, es decir, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, salió a ponerle un tatequieto al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y habló claro: “Secuestro es secuestro”.
¿Por qué se le volvió costumbre a la “guardia indígena” utilizar la violencia, asesinar y secuestrar a los miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que buscan? ¿O lo que no les han cumplido? Y ¿por qué el gobierno del “cambio” es tan permisivo?
Cuando Gustavo Petro era senador de la oposición, no dudó en exigir la renuncia del exministro de Defensa Diego Molano acusándolo de ser incapaz de contener la violencia del país. De hecho, el entonces senador Petro acusaba al Gobierno del expresidente Duque de haber hecho trizas la paz que (mal) dejó Juan Manuel Santos. ¿Qué pensaría el entonces senador Petro del desastre de la gestión del ministro de Defensa del presidente Gustavo Petro?
Los resultados en materia de seguridad ciudadana del ministro de Defensa, Iván Velásquez, son desastrosos. Según cifras del propio ministerio y comparadas para el periodo 2022-2023: el secuestro simple se disparó en 129 por ciento y el secuestro extorsivo, en 85 por ciento. El hurto de residencias aumentó en 15 por ciento, los atracos, 18 por ciento y el hurto común, 14 por ciento.
Según Indepaz, en 2023 ya van 43 líderes sociales asesinados y, hasta el 11 de abril, 30 masacres. Pero ahora a los líderes del “cambio” estas cifras parecen no importarles. ¿Por qué?
Ante este panorama de la pérdida del control del territorio por parte de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, en lugar de respetar la altura de su cargo y defender el honor de nuestros héroes, regañó desde su cuenta de Twitter a los colombianos diciendo que dejaran el escándalo y que él seguiría hablando de retención. Palabras más, palabras menos, que de malas.
Pero el secuestro es secuestro. De hecho, el artículo 169 del Código Penal crea el tipo penal de secuestro extorsivo, respecto del cual señala: “El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
¡Se confunde el ministro y trata de confundir a la opinión pública! Si bien “retener” es uno de los verbos rectores de la conducta tipificada, lo cierto es que el delito se llama secuestro extorsivo. Mejor dicho, cuando a la Fiscalía le corresponde imputar esa conducta, lo hace por secuestro y no por “retención extorsiva” sencillamente porque no existe tal conducta en el Código Penal. Y, pues, en estos temas el lenguaje lo es todo. No se puede juzgar a nadie por una conducta que no esté considerada como delito en el ordenamiento legal, y la retención no es el delito que tipifica el artículo que tan a la ligera enrostra el ministro del “cambio”.
Pero más allá de los detalles jurídicos, el país trata de entender la intención política detrás de la desidia del ministro de Defensa. ¿Por qué se defienden los derechos de los delincuentes por encima de la función constitucional de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué abandonan a las tropas? ¿Por qué la seguridad de los ciudadanos está por debajo de los intereses de los criminales?
Es indignante que amparados bajo el eslogan de “paz total” (como lo menciona la revista inglesa The Economist), que parece más una campaña publicitaria que una política de Estado, el gobierno del “cambio” se esfuerce tanto en deslegitimar, deshonrar y humillar a los soldados de Colombia que hasta les han demorado la entrega de alimentación y suministros, como ya sucedió en el Catatumbo.
Debería preocuparnos que, en medio de un nuevo embate de violencia de grupos guerrilleros, narcotráfico y delincuencia común, el gobierno del cambio les dé prioridad a quienes afrontan el poder legítimo y la autoridad del Estado, violando la ley y fragmentando las instituciones. Permitir que la “guardia indígena”, o quien sea, chantajee al Gobierno con el secuestro de soldados o policías es una muestra de intolerable debilidad.
Ministro Iván Velásquez: los miles de hombres y mujeres que se juegan sus vidas todos los días, poniendo en riesgo su integridad y la de sus familias, son verdaderos HÉROES, a los que les debemos respeto y agradecimiento. Así a usted ahora le parezca que no.