Esta semana, con la vergonzosa iniciación de las llamadas “conversaciones sociojurídicas” con el Clan del Golfo y Los Pachenca, se completan nueve frentes de diálogo. Estas conversaciones sociojurídicas son un galimatías sin soporte legal, sin criterio y que hacen caso omiso de los gravísimos efectos de los paros armados del Clan del Golfo en 2023, que no solo traumatizaron decenas de municipios en cinco departamentos, sino que le permitieron a la organización aumentar su poder y presencia después de que el mismo Petro les concediera, a cambio de nada, un amplio cese al fuego.
Y de manera increíble e injustificada, en esta semana presenciamos el vergonzoso desenlace de la bofetada de alias Calarca al gobierno y al país entero. Después de su captura en Antioquia, lejos muy lejos de su zona de influencia en el Caquetá, con extorsionistas con orden de captura, menores, comitiva, armas y efectivo en larga caravana de vehículos provistos por la UNP. No solo se liberaron a las personas con orden de captura, sino que en vuelo chárter de la ONU se les devolvió al Caquetá, donde protagonizaron un vergonzoso desfile de bienvenida de presuntos miembros de su frente de las Farc por todo San Vicente del Caguán, bajo la mirada silenciada de la policía y los gobernantes de la ciudad y el departamento.
El Caquetá, como muchos otros departamentos, les fue entregado voluntariamente por el gobierno a los violentos, extorsionistas y reclutadores. Sin excepción, el motor de la presencia guerrillera se amplió del narcotráfico al sometimiento inclemente de las poblaciones urbanas y rurales.
Municipios y veredas enteras carnetizadas, todas las actividades sometidas a cuotas extorsivas, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, limitación de la movilidad, todos los contratistas de los entes territoriales debiendo entregar cuota de cada contrato, son la regla en departamentos como Meta, Cauca, Arauca, Norte de Santander, Nariño, Córdoba, Caquetá, Huila y Tolima y en regiones como el Urabá antioqueño, el bajo Cauca, el sur de Bolívar y muchas más.
Pero hay otra afectación que es igualmente grave, pero que pasa desapercibida por su propia naturaleza. Es la ley del silencio, la represión y la censura a la cual someten los violentos beneficiados por el gobierno a la población civil, a la prensa, a autoridades judiciales y de policía y a los mismos gobernantes.
Nadie puede hablar en los cerca de cuatrocientos municipios en los que los hostigamientos se han recrudecido por cuenta del despelote de la paz total. Los ciudadanos y la prensa se silencian y los medios de prensa nacionales miran para otro lado en una vergonzosa complicidad.
Ahora que el gobierno entrará a controlar la Defensoría del Pueblo, se apagará la única voz que institucionalmente se había comprometido en denunciar el deterioro y crecimiento de la violencia de los grupos armados organizados que asolan al país.
Y así, ganaderos, productores agropecuarios, comerciantes, transportadores, funcionarios públicos, amas de casa, estudiantes, periodistas viven en silencio y temor la realidad de la paz total. Una realidad que en las grandes capitales no vivimos ni nos interesa reconocer.
Mientras tanto, el gobierno y sus negociadores siguen en su despelote, en que cada proceso es inconexo, en que los ceses al fuego fueron intencionalmente imprecisos para inhibir la acción de la fuerza pública, en que el estancamiento de las negociaciones se disfraza y en que los bandidos aprovechan cada día, cada reunión, cada espacio, para fortalecerse militarmente y ampliar sus negocios criminales y el sojuzgamiento de la población.
El ministro de Defensa no puede negar lo evidente. Reconoce la pérdida severa de control territorial, pero sin propósito de enmienda. Sin afán de mejorar las condiciones de operación para la fuerza pública, recuperar el poder aéreo o entregar directivas claras para recuperar el amplio terreno perdido bajo su mando.
Los efectos de la política de paz total golpean y afectan más duramente a los más humildes. Pero ello no parece preocuparle al gobierno, que, por el contrario, se beneficia políticamente de la ley del silencio que hemos referido.
Con la mesa de negociación con el ELN en una nueva crisis, el gobierno queda totalmente en manos de esta guerrilla que se siente envalentonada y quiere obtener nuevas ventajas militares y políticas. Busca que la excluyan de la categoría de grupo armado organizado para que no puedan reanudarse bombardeos en su contra y lograr el ansiado estatus de beligerancia y reivindicar con ello, hágame el favor, la capacidad de representar a todo el pueblo colombiano en contra del Estado.
Petro colocó su futuro en las manos de los más peligrosos bandidos. Comprometió al país en un proceso degenerado, sin orden, ambicioso y basado en la retórica de que la violencia de estos grupos es justificable. Su fracaso era previsto y previsible. Su desesperación no augura nada bueno.
Por ello debemos organizar caminos y rutas para que esa porción creciente de colombianos, que pasan a vivir bajo la égida siniestra de los violentos con el beneplácito del gobierno, encuentre la manera de denunciar los oprobios que sufren sin verse afectados por represalias ante la previsible mutación de la Defensoría del Pueblo de vocera de los derechos a amanuense de la entrega del país a la guerrilla.