El conflicto armado ya ha dejado oficialmente más de seis millones de víctimas. El Estado, que unos años atrás negaba la mera existencia del conflicto, hoy reconoce que el 12 % de su población ha sufrido las terribles consecuencias de la guerra más larga del hemisferio occidental. Colombia no sólo reconoce a las víctimas del conflicto, sino que también trata de repararlas en medio de este, siendo el único país del mundo en hacerlo. En junio del 2011, en una ceremonia junto al secretario general de Naciones Unidas, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La norma, que será aplicable por 10 años y cuenta con 54.9 billones de pesos para su implementación, trajo nuevas instituciones al escenario político colombiano. Una de ellas es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que dirijo desde su creación en el 2012. Unificar seis millones de víctimas en el mismo registro no ha sido tarea fácil. Hasta que se aprobó la Ley de Víctimas, sólo algunos textos legales daban cuenta de la situación de los desplazados internos y las cifras no reflejaban la dimensión real del problema. Esto cambió en el 2011. Nuestro Registro Único de Víctimas incluye hechos como el abandono o despojo de tierras, actos terroristas, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, minas antipersonales, pérdida de muebles o inmuebles, secuestro, tortura o reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Cada vez más víctimas presentan sus declaraciones y la evaluación por parte de la Unidad ha mejorado gracias a mejores formularios de declaración, criterios más claros y procedimientos más rápidos. Ese es uno de nuestros logros: más víctimas del pasado están dispuestas a hablar. Durante la primera mitad del 2013, el 78 % de los hechos victimizantes declarados se referían a años anteriores, y los hechos declarados entre el segundo semestre del 2010 y el primero del 2013 eran casi la mitad menos que los registrados en el mismo periodo durante el 2006 y 2009. Por tanto, ahora sabemos más sobre las circunstancias que rodean a las víctimas, las relaciones entre los distintos hechos y dónde enfocar los programas y proyectos ofrecidos por las 51 entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Para finales del año pasado, 353.174 personas habían sido indemnizadas, incluidas 8,992 víctimas de desplazamiento forzado. Un total de 6.098 niños, niñas y adolescentes fueron indemnizados a través de un encargo fiduciario. Esto jamás había ocurrido en Colombia. No obstante, somos conscientes de que la reparación va más allá del dinero: tiene que ver con lo psicosocial, lo simbólico, lo moral. Gloria Salamanca, una mujer de 53 años cuyo hijo desapareció en el 2006, nos contaba que “la reparación sí es integral. Yo antes me consideraba una víctima más, y hoy soy una sobreviviente del conflicto que he recuperado mi vida, mis emociones, mis sueños y me siento productiva”. Por eso, estoy segura de que la reparación transforma vidas. En abril del 2013, Gloria Salamanca se unió a un grupo de voluntariado impulsado por la Unidad y hoy ayuda a más gente que, como ella, sufrió los golpes más duros del conflicto. También recuerdo la historia de Nelson Vargas, secuestrado durante más de un mes en el 2004. Tras recibir su indemnización, ahora se ha inscrito en una maestría sobre desarrollo humano. “Yo les digo a otras víctimas que lo peor que uno puede hacer es ‘revictimizarse’. Acá nos toca utilizar toda la valentía y pensar que hay que salir adelante. Si el Estado te da un empujón, hay que hacerle”, ha repetido en varias ocasiones. Por tanto, en la reparación hay elementos fundamentales como las medidas de satisfacción, relacionadas con la dignidad de la víctima, la restitución de tierras y propiedades, la rehabilitación física y psicológica, y las garantías de no repetición. En la mayoría de los casos, el apoyo psicosocial es vital para que las personas recuperen sus proyectos de vida y construyan de nuevo sus redes sociales. Es el caso de Alejandro, un joven abusado sexualmente por un grupo armado ilegal cuando tenía 11 años. “Hay algo más que el dinero, en mi caso, fue el apoyo psicosocial, porque creo que el solo hecho de que a las víctimas se les tenga en cuenta, se les escuche, se les haga sentir como actores válidos, con voz y sueños, eso ya es muy importante”, asegura. Su mala experiencia había quedado en secreto hasta que se aprobó la Ley de Víctimas y decidió contar su historia a una funcionaria. Para nosotros, es un logro importantísimo oírle decir que la mujer que lo atendió “me ayudó mucho, me escuchó, no me criticó, no me condenó y yo no oculté ni una palabra de lo sucedido”. Algunas voces críticas consideran que la implementación de la ley es lenta, y debo confesar que a todos nos gustaría que se diese más rápidamente. Sin embargo, hemos aprendido que se deben alcanzar muchos acuerdos, y que hay personas muy diferentes a las que atender. Es necesario que avancemos lentamente, pero firmes, si queremos que este sea un proceso sostenible. Además, no podemos olvidarnos que se trata de algo dinámico: todo el proceso se ve influido y mejorado por actores muy diversos. Por ejemplo, el año pasado la Corte Constitucional sentenció que las víctimas de las bandas criminales también deberían incluirse en el Registro Único de Víctimas, y que las indemnizaciones también fueran otorgadas a las víctimas de desplazamiento forzado. Por eso, este proceso nos afecta a todos: el gobierno, el aparato judicial, el órgano legislativo y la sociedad en general. En un país con tantas desigualdades, creo firmemente que debemos defender y dignificar a las víctimas en público. Su estigmatización por décadas, en ocasiones, se ha visto acentuada por tratarse de alguien proveniente de una etnia diferente, contar con alguna discapacidad, ser adultos mayores, mujeres, de la comunidad LGTBI… Para lograr que se empoderen, es importante que las víctimas participen en las 657 mesas a nivel municipal, departamental y nacional. Desde ahí, pueden influir y dar seguimiento a la política pública que les atañe directamente. Solo apoyando el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, lograremos que Colombia tenga una democracia inclusiva. Es evidente que nos enfrentamos a muchos retos como país. Necesitamos reconstruir y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, especialmente en aquellos lugares donde el Estado había estado poco presente. Para ello, es esencial descentralizar las políticas públicas sobre víctimas. Hasta el momento, disponemos de más de mil comités de justicia transicional en funcionamiento, y más del 90 % de los entes departamentales cuentan con planes de acción territorial. Estos comités permiten que las víctimas sean conscientes de sus derechos y comiencen una nueva vida, donde la violencia ya no sea un elemento central y, por qué no, se inicie un proceso de reconciliación. Tener seis millones de víctimas no es algo de lo que estar orgullosos, pero sí debemos estar orgullosos y orgullosas de nuestras víctimas. Su resistencia y su valentía pueden enseñarnos mucho a la sociedad colombiana sobre cómo afrontar grandes dificultades. Una de las medidas de reparación que establece la Ley 1448 es la no repetición. Teniendo en cuenta el momento histórico que estamos viviendo, en el que el gobierno y la guerrilla de las FARC están dispuestos a dialogar para poner fin a más de 50 años de conflicto, una de las mejores garantías de no repetición, sin duda, sería un acuerdo de paz. *Directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.