El pasado 13 junio se recordó el ascenso al poder del general Gustavo Rojas Pinilla setenta años atrás. No propiamente por un “golpe blando”, pero tampoco por un golpe militar tradicional, sino por un “golpe de opinión”, como lo calificó el maestro Darío Echandía. Mucho se ha escrito sobre el particular.

El gobierno de Rojas Pinilla tuvo una breve duración si se lo compara con la de otros dictadores latinoamericanos. Concluyó con su retiro el 10 de mayo de 1957.

Posteriormente, el general fue sometido a un juicio en el Senado. Se lo acusó de haber dado instrucciones de que se devolviera un ganado que ingresó al país sin los requisitos de aduana; de influir para que se otorgaran préstamos a unos colonos a fin de que pudieran comprar parcelas de una finca de su propiedad, y de presionar la liberación de unos bandidos llamados “pájaros” que se encontraban en la cárcel.

Otros hechos, como la muerte de los estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954, los sucesos en la plaza de toros de Bogotá en enero de 1956 y la explosión de Cali el 7 de agosto del mismo año, no se incorporaron en las acusaciones.

Rojas Pinilla se dejó manipular por una camarilla de aduladores, que existen en todos los gobiernos, que pugnaban por obtener puestos, cargos diplomáticos y privilegios de toda índole.

Lo convencieron de que, al amparo de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por Urdaneta Arbeláez, ya que Ospina Pérez había cerrado el congreso en 1949, debía continuar en el poder “para culminar la tarea de transformar el país con el binomio pueblo-fuerzas armadas”. Varios de sus sucesores han tenido el síndrome de continuidad. De otra parte, Samuel Moreno Díaz, prevalido de su condición de yerno del presidente, estuvo involucrado en varios actos de corrupción.

Rojas Pinilla, ante las críticas de la prensa le impuso la censura. Así consolidó la enemistad de los partidos políticos tradicionales y de sus dirigentes.

A Rojas Pinilla se le siguió un juicio político en el Senado entre el 13 de agosto de 1958 y el 3 de abril de 1959. Aunque después de su retiro se le había abierto un expediente sobre su gestión, la investigación estaba paralizada y no había indicios de que el Gobierno tuviera interés en activarla. Todo se apresuró cuando el general decidió presentarse para afrontar las acusaciones.

El veredicto fue que se lo declaraba “indigno”, por “su mala conducta en el ejercicio del cargo de presidente de la República” y condenado a la pérdida perpetua de sus derechos políticos, privado del derecho de elegir y ser elegido, así como de su grado militar y de toda pensión o sueldo de retiro.

El juicio resultó a la larga un fracaso jurídico y político, ya que cinco años después, fue exonerado de todos los cargos por la Corte Suprema de Justicia y por el Senado de la República. Además, lo promovió y estuvo a punto de ser nuevamente presidente de Colombia, si no hubiera sido por el conteo nocturno de votos en las elecciones de 1970, del que surgió el M-19.

A veces algunos capítulos de nuestra historia política se olvidan.