Nuevamente, aparecen en escena delincuentes que actúan en forma similar a los que han sido patrocinados por Bolívar durante la engañosamente llamada ‘protesta social’, utilizando la violencia para causar pánico, generar caos, destruir propiedad pública y privada, dañar una iglesia afectando el patrimonio cultural de la ciudad, así como intentando quemar el CAI en Suba, pero este personaje de no muy grata recordación, tímidamente se tomó la molestia de pronunciarse, pero no contra estos facinerosos que tanto daño están causando en la ciudad que aspira gobernar en nombre del pacto diabólico; el silencio se convierte en cómplice. Qué vergüenza de candidato.
No quiero imaginar qué será de Bogotá y del país si por indiferencia o indolencia de la población el gobierno de la capital llegara a quedar en manos de esta izquierda recalcitrante en las elecciones de octubre, pues alineado con los planteamientos del neocomunismo del actual gobierno, seguramente dará vida, con los integrantes de la rechazada primera línea, a lo que en época de Hitler se denominaron Las Camisas Pardas o lo que en época contemporánea ha sido estructurado por gobiernos de izquierda como las Milicias Bolivarianas, estructuras paramilitares que forman parte de la estrategia del régimen totalitario para dominar a la población y perpetuarse en el poder.
La seguridad, elemento fundamental para una convivencia pacífica, donde las autoridades constitucionales deben ejercer sus funciones sin ningún tipo de restricción, permitiendo que la población disfrute plenamente de sus derechos y libertades, lamentablemente en Colombia esto se ha perdido por decisiones del jefe de gobierno, quien les ha brindado no solamente la mano, sino también el codo a los grupos fuera de la ley, los cuales tienen más protección del Estado que las mismas fuerzas legítimas que responden por la seguridad, la soberanía y la sana convivencia de la población.
Aparecen en el triste escenario de nuestra maltrecha seguridad los atentados terroristas y el asalto a los bancos, como es el caso del asalto a una sucursal del Banco Caja Social en Bogotá, o al Banco Agrario en Jambaló (Cauca), aparentemente por parte de disidencias de las Farc, recordando los ingratos momentos en que por desidia de los políticos de turno se dejó crecer a estos grupos delincuenciales hasta el punto de tratar de equipararse al mismo Estado.
El jefe de gobierno está empeñado en fortalecer el Banco Agrario de forma tal que se encuentre presente en todos los municipios del país, lo cual sin duda permitirá que este banco se convierta en la caja menor de los diferentes grupos de malhechores; volvemos a la situación de inseguridad de fines del siglo XX. Qué tristeza; pero lo más grave es que no se escuchan las voces de protesta. ¿Qué pasa Colombia? Despierta, sacúdete o te acabarán.
Las carreteras del país están a merced de los delincuentes; los transportadores diariamente son objeto de asaltos, extorsiones, robos de la carga y destrucción de sus vehículos, sin que se observe la contundencia de la acción legítima del estado por parte de la fuerza pública contra este cáncer social. Un Estado lícito no puede renunciar al empleo de los medios a su disposición para combatir el crimen y mantener el orden, como lo establece la Constitución Política.
El no actuar con contundencia dentro de la ley contra estas amenazas convierte al Estado en cómplice de los delitos. El Estado soberano está muy por encima de los grupos delincuenciales y nunca puede considerar como iguales a los facinerosos. El Estado no puede doblegar su soberanía frente a los grupos delincuenciales, a menos que estos lo hayan derrotado, lo cual afortunadamente no ha sucedido aún en Colombia.
Colombia tiende a convertirse en narcoestado. Qué vergüenza el saber que organizaciones internacionales pronostican que la cocaína podría convertirse en el principal producto de exportación en Colombia debido a políticas blandas del Gobierno con las drogas, y peor, que hay más hectáreas cultivadas por coca que por papa, o que muchas hectáreas entregadas a diferentes comunidades tratando de asegurarles su supervivencia están siendo cultivadas por productos ilícitos.
Otras perlas de nuestra inseguridad muestran que hay municipios en manos de delincuentes de todos los pelambres donde no está presente la autoridad legítima del Estado; que la justicia no actúa con presteza frente a procesos contra ciertas personas vinculadas con los altos niveles del estado y que muchos de los procesos se pierden; que la justicia está de capa caída, siendo uno de los pilares fundamentales de la democracia; que el Gobierno va a aplicar una expropiación exprés de tierras y nadie sale a protestar; que quieren establecer una policía paralela a la institución policial constitucional para suplantar funciones y nadie expresa su inconformidad.
El comunismo tiene como doctrina la estatización de todas las instituciones y es lo que está logrando este gobierno; muchos delincuentes están siendo nombrados gestores de paz para burlar la justicia; el fin de la propiedad privada ya llegó con las expropiaciones exprés; estamos bajo un régimen totalitario y el pueblo colombiano no se quiere dar cuenta.
Las elecciones de octubre son la clave para recuperar la democracia, los derechos y las libertades. Dejemos de lado la indiferencia y la apatía para que podamos salvar a Colombia.