Para los ciudadanos, no resultan coherentes las cifras que mes a mes entregan las entidades, que no se compadecen con la realidad que viven en sus barrios. Los hurtos violentos cometidos por bandas organizadas y delincuencia común han intensificado su acción en todas las localidades, se sienten desprotegidos y reaccionan ante los criminales.

Hechos recientes como los ocurridos en Bogotá la semana anterior en Bosa o Ciudad Bolívar, donde delincuentes en medio de intentos de hurto, han sido objeto de intensas golpizas de parte de ciudadanos o grupos de vecinos que han decidido organizarse o armarse, porque asumen que es la única manera en que no logren cometer el delito, no escapen y tengan algún tipo de sanción, pues ya no confían ni en la institucionalidad, ni tienen credibilidad en la justicia.

Según el observatorio Futuros Urbanos, respaldado por cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, las muertes por linchamiento crecieron para el primer semestre de 2021. Para 2019 fueron dos casos, para 2020, uno y para este año ya se contaban siete. Otra cifra que contribuye al estudio de esta situación es la revelada en la más reciente encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos que indica que solo 4 % de los bogotanos afirma sentirse seguros en la ciudad; son datos lamentables y que prenden las alarman sobre la pobre acción del gobierno Distrital.

No es un tema particular de Bogotá, ni aislado en las regiones, es un asunto que ocurre en todos los rincones del país. En el último mes, en Ibagué, a un hombre intentaron lincharlo luego de que al parecer intentara robar a una joven; en Chocó, un hombre fue linchado por la comunidad que lo acusó de supuestamente haber asesinado a dos jóvenes, y así, los casos se cuentan por docenas y se registran en las redes sociales junto a los comentarios cargados de violencia, que dejan en evidencia que se está destruyendo el tejido social. No se puede promover la violencia bajo ninguna circunstancia, y debe quedar claro que una cosa es el legítimo derecho a la defensa y otra muy diferente creer que se tiene el derecho de quitar una vida justificándose en la inacción institucional.

Son este tipo de incidentes los que confirman que los planes de seguridad o convivencia no tienen alcance en la ciudadanía; y es que ante esta falta de estrategias de seguridad que lleguen a los barrios y se socialicen y con las comunidades, que la delincuencia ha encontrado la oportunidad para actuar en las calles residenciales y contra los pequeños comercios dejando como víctimas a los más vulnerables.

La responsabilidad de los órganos de justicia también es cuestionable. Desde 2016, en Colombia, solo 3,16 % de las denuncias por hurto han terminado en condena y 2,95 % llegaron a etapa de juicio, y en Bogotá -entre enero y agosto de 2021- ya se contabilizaban 35.831 denuncias por hurto de celulares. Si la respuesta que reciben los ciudadanos de la justicia es someterse a la tramitología de los formatos y la documentación, falta de información y atención, y por último que la persona que los atacó quede en libertad, quedando en riesgo sus vidas y sus familias por haber denunciado, sin duda, hay algo que está mal.

En la capital del país, la Administración debe por fin entender que la crisis de inseguridad se le ha salido de las manos, priorizar las campañas de convivencia que frenen la violencia y eviten más pérdidas de vidas, no pueden abandonar los esfuerzos en la difusión y tienen que avanzar en el acompañamiento permanente que refleje que sí hay una preocupación sobre los problemas que a diario enfrenta la gente; y así, de cerca, pueden conocer mejor los territorios, la manera en que están operando estas estructuras criminales, dar con la identificación y captura de sus integrantes y lograr la presencia institucional que tanto ha pedido la gente y que no se ha visto en dos años de gobierno.