Gustavo Petro logró lo impensable, unir a los expresidentes de Colombia en contra de una constituyente para cambiar el orden institucional y jurídico del país, que incluye, por supuesto, su reelección.
En las maromas de Álvaro Leyva para justificar que en el acuerdo de paz entre Santos y las Farc quedó establecido el camino para convocar a una asamblea nacional constituyente, graduó a los expresidentes de pertenecer a un “sindicato del pasado”.
Pues bien, este curioso SintraExPreCo (Sindicato de Trabajadores de Expresidentes de Colombia) coincide en tener profundas diferencias entre sus integrantes y en que la Constitución de 1991 no se puede modificar por ninguna vía distinta de la que la misma carta magna establece. Pero en el “cambio” están afanados por encontrar una vía legal que permita la reelección del presidente.
Si hay alguien con quien Petro no debería jugar una partida de ajedrez es con el expresidente Juan Manuel Santos. La movida de este último fue adelantarse a las pretensiones del presidente enviándole una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para explicarle al Consejo de Seguridad de ese organismo que en el acuerdo entre las Farc y su Gobierno no se incluye la figura de convocar a una asamblea nacional constituyente (ya veremos quién gana el pulso lobista en las Naciones Unidas entre Santos y Petro).
Ahora bien, buscar la bendición de la ONU para cambiar la constitución de Colombia basado en la búsqueda de la paz es una jugada astuta de Petro. Pero el presidente no parece entender que, en nombre de la paz, se han cometido muchos crímenes, secuestros y masacres, como el del holocausto del Palacio de Justicia, perpetrado por el M-19. Y en Latinoamérica, luchando por la “paz”, hemos sido testigos de los abusos de los dictadores ‘progres’ de todos los pelambres. Empezando, por supuesto, por Nicolás Maduro, que argumenta que debe ser reelegido porque sin él Venezuela no puede salir adelante; los Castro en Cuba y el dictadorzuelo de Nicaragua, Daniel Ortega.
Las guerrillas marxistas como las Farc, el M-19 y el ELN, por mencionar solo algunas, repito, han buscado la paz a punta de masacrar a los colombianos. Así que cambiar la Constitución con el cuento de la “paz”, no sé qué tanta acogida tenga. Es tan absurdo como que alias Iván Márquez esté nuevamente negociando un acuerdo de “paz” como jefe de la Segunda Marquetalia, cuando fue jefe negociador de los acuerdos entre las Farc con el Gobierno de Santos y su posterior desertor. ¿Cuántos acuerdos tienen que firmar los narcoguerrilleros antes de, por fin, dejar de delinquir?
Si el SintraExPreCo tiene futuro o no, sí es un ejemplo de lo que debería hacer el país de cara a las elecciones de 2026. Esto significa ponerse de acuerdo en que debe haber elecciones libres, transparentes y cuyo objetivo principal sea la defensa de la democracia. Al “progresismo” no le interesa la democracia, sino la burocracia, el presupuesto público y perpetuarse el poder por medio de una dictadura constitucional. Este antimodelo es garantía de que los pueblos no se autodeterminan, sino que están subordinados al partido de Gobierno, solo hay un dictador que se reelige en fraudulentas elecciones, no hay libertad de prensa, ni de opinión y, por supuesto, la clase media es inexistente. Solo tienen una clase social empobrecida que depende de las migajas que le sobran a la estructura que gobierna. Los “progresistas” no son ni de izquierda, ni demócratas, son fascistas.
Petro afirma que no quiere la reelección, ¿pero cómo creerle cuando en 2018 y en 2022 juró que no convocaría una asamblea nacional constituyente, y en menos de dos años ya lo hizo?
Colombia está siendo sometida al genocidio de la razón con un presidente que está obstinado en menoscabar el estado anímico colectivo mediante el miedo. Mientras el Gobierno destruye la economía, los sistemas de salud y pensional, ahorca a la clase media y levanta cortinas de humo para esconder los escándalos de corrupción de la familia presidencial, de la campaña electoral y de los altos funcionarios, Petro distrae a la opinión a través de sus áulicos con una constituyente, inventando teorías jurídicas retorcidas que solo buscan beneficiar a los delincuentes del pasado para garantizarles la legalidad del futuro.
Pero el país no es tonto. La última encuesta realizada por la W Radio arrojó como resultado que solo el 29 por ciento de los encuestados están de acuerdo en la forma como Petro está manejando el país. Su popularidad está por el suelo porque no tiene un solo resultado del cual pueda sentirse orgulloso. ¿O es que cree el mandatario que la gente cada vez que va a tanquear el carro paga feliz el galón a 16.000 pesos? ¿Cree Petro que se puede reelegir democráticamente con tan solo 29 por ciento de aprobación?
Cuando el expresidente Álvaro Uribe dijo en 2020 que ojo con el 2022, nadie le paró bolas. Pues bien, ojo con 2026, que está a la vuelta de la esquina y la única forma de salvar la democracia es con la unión. Puede que no sea posible estar de acuerdo, como les sucede a los expresidentes, pero en este momento histórico e histérico, salvar a Colombia del “progresismo” es un deber. Después nos volvemos a dividir.