Lo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no es simplemente un acto de corrupción. Es el robo de recursos más planeado, descarado e impune del que los colombianos hayamos tenido conocimiento en los últimos tiempos.

Además de la compra y alquiler de carrotanques que jamás funcionaron, de los recursos de las ollas comunitarias que se perdieron y de la declaratoria de emergencias invernales que jamás ocurrieron, en los últimos días se conoció que la UNGRD contrató la construcción y mantenimiento de 1.626 jagüeyes que jamás existieron.

Según lo denunció la representante a la Cámara Cathy Juvinao en debate de control político al director de la UNGRD, Olmedo López destinó 75.000 millones de pesos para la construcción de estos jagüeyes a través de 16 órdenes de proveeduría. De estos, 1.376 jagüeyes debían levantarse en el municipio de Uribia, epicentro de la corrupción de la UNGRD en La Guajira. Todas estas órdenes se firmaron entre agosto, septiembre y octubre del 2023, fechas que coinciden con el cierre de las elecciones regionales.

Pero los contratos nunca se ejecutaron. Solo les hicieron mantenimiento a 209 jagüeyes que ya existían. Para justificar la ejecución de estos contratos, cuenta una fuente de La Guajira que pide reserva de su identidad, lo que hicieron fue contratar personas que tenían maquinaria, hacían el mantenimiento del jagüey, tomaban fotos, y luego traían otra maquinaria con otra placa, tomaban otra foto de otro ángulo y lo hacían pasar como un nuevo jagüey. Pero todo era mentira.

Dicen dos fuentes de La Guajira que quien seleccionaba a estos contratistas era Germán Mejía Sierra, Manchi, papá de María Alejandra Mejía, la directora de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Uribia. ¿Cómo llega Manchi Mejía a ser el amo y señor de estos contratos?

Entre Olmedo López y María Alejandra Mejía, dicen las fuentes de Uribia, nació una relación más allá de lo laboral. Como Olmedo tenía la responsabilidad de ejecutar todos esos contratos, pero no conocía a la gente de La Guajira, terminó entregándole a Manchi Mejía, exdiputado conservador y conocedor de cómo se mueven los hilos políticos en La Guajira, toda la responsabilidad de escoger a los contratistas.

“Se contrataba gente que tuviera maquinaria e hiciera el mantenimiento de los jagüeyes. Trabajaban 50 horas de maquinaria, pero la facturación se pasaba por 150 horas. El pacto era que pagaban las 150 horas, pero el contratista tenía que devolver el valor de las 100 horas que se facturaron y no se trabajaron”, dice una de las fuentes. Esa diferencia debía entregársela a Olmedo por intermedio de Germán Mejía. “Esa plata fue la que se destinó a financiar campañas políticas”, afirma una de las fuentes.

A pesar de lo descarado de este robo, todos estos contratos tenían una interventoría entregada a una misma empresa: Intraffic SAS. Esta empresa fue creada en 2019 por Cecilia Marina de Ávila Torres, en Barranquilla, con un capital de 5 millones de pesos. A pesar de no tener experiencia en contratación pública ni en interventorías, Olmedo López le entregó 14 interventorías para la rehabilitación de jagüeyes y 5 para el suministro de carrotanques, por 5.979 millones de pesos. Aunque los incumplimientos de estos contratos eran evidentes, la interventoría jamás dijo nada de lo que ocurría. Pero es muy fácil suponer por qué.

La gerente de Intraffic era Camila Andrea Sánchez Martínez y la subgerente, su hermana, María Alejandra Sánchez Martínez. Estas dos mujeres fueron, la primera de 29 años y la segunda de 21 años, contratistas del Hospital del Magdalena Medio (conocido como Hospital de Barrancabermeja), y la supervisora de su contrato era Ana María Martínez Galvis, en ese entonces subgerente del hospital y compañera sentimental de Sneyder Pinilla.

Para la época en la que empiezan estas interventorías, Intraffic cambia de representante legal y registra a Leonardo Manuel Bustos Miranda, un trabajador de servicios de mantenimiento en el Hospital Regional, con un salario de 1.800.000 pesos. La supervisora de su contrato era también la pareja de Sneyder, Ana María Martínez. Ninguna de estas tres personas tiene experiencia ni en contratación pública, ni en construcción de jagüeyes, ni en interventorías. Solo tienen una cosa en común: trabajaron en el Hospital de Barrancabermeja, bajo el mandato de la pareja de Sneyder, Ana María Martínez.

¿Cómo llegan tres trabajadores del Hospital de Barrancabermeja a ser representantes legales de la empresa interventora de los contratos de jagüeyes en La Guajira?

Se lo pregunté directamente a la gerente del hospital, Ana María Martínez: “No lo sé”, fue su respuesta. Aunque reconoce que para esa época era la pareja de Sneyder Pinilla y que conoció a los tres trabajadores que pasaron del hospital a la interventora Intraffic, dice desconocer por qué estos jóvenes a su cargo terminaron como representantes legales de la interventoría fantasma elegida por su pareja. “Esa explicación la tiene que dar Sneyder”, insiste.

Intraffic no era desconocida para Sneyder Pinilla. En el 2019, cuando Pinilla era alcalde de Sabana de Torres, creó la empresa de transporte de Sabana de Torres, una sociedad de economía mixta en la que uno de los socios era precisamente Intraffic.

¿Cómo termina la empresa socia del municipio de Sabana de Torres vinculando como representantes a los trabajadores de la pareja del alcalde? La gerente Martínez Galvis se defiende y dice que para esa fecha hasta ahora estaba conociendo a Sneyder y no logra explicarse cómo sus contratistas en el hospital terminaron en esa empresa.

¿A dónde fueron a parar esos miles de millones pagados por esa interventoría que nunca existió?, ¿dónde está la plata de los jagüeyes que jamás se construyeron?, ¿qué campañas se financiaron?

Esa es la verdad que tienen que contar Olmedo López y Sneyder Pinilla, que siguen distrayendo la atención buscando un principio de oportunidad, entregando nombres a medias.