El tamaño del Estado no es propiamente un tema jurídico, la Constitución no se refiere al asunto, aunque sí atribuye una serie de funciones, garantías y deberes que hacen pensar en una organización más bien robusta, con posibilidad de colaboración particular.
En el mundo, de acuerdo con la ONU, hay 194 estados soberanos pertenecientes a la organización, sin embargo, habría otros que no han sido plenamente reconocidos, que elevarían la cifra alrededor de 206 o más, sin considerar las pretensiones separatistas que se mantienen en diferentes lugares del globo. Todos implican costos y burocracias de distinto orden, para albergar a más de 8 mil millones de habitantes.
Desde los orígenes del Estado moderno en que se garantizaba la seguridad, la vida, los bienes y algunos derechos individuales, hasta el actual Estado del bienestar, donde se atiende la economía, el empleo, el valor adquisitivo de la moneda y derechos económicos y sociales, las estructuras estatales se han hecho más complejas, sofisticadas y costosas.
La posición ideológica puede determinar el tamaño del Estado, si se trata de comunistas el Estado será totalitario y pretenderá abarcar todas las actividades humanas, en cambio, si es liberal o neoliberal se procurara un Estado pequeño, encargado de las regulaciones, donde la actividad privada o particular tenga mucho juego.
En otros términos, hoy el Estado puede hacer directamente las múltiples actividades o simplemente regular y controlar aquellas que pueden hacer los particulares en un entorno de libre mercado; es decir se establece una entidad pública para garantizar el acceso a la educación o la salud, o se permiten diversas entidades privadas para tales fines, o ambas alternativas simultáneamente.
Una forma de medir el tamaño del Estado es comparar sus gastos en relación con el PIB. Para el 2022, Colombia tuvo un PIB de $1.462 billones y el presupuesto del Estado central ascendió a $405,6 billones, sin considerar las entidades territoriales, lo que equivaldría 27,7%, que podría considerarse bajo, si se compara para el mismo año, con los gastos de Estados Unidos que equivaldría al 38,5%.
Para los economistas resulta un tanto absurdo proponer un límite al tamaño del Estado en relación con el PIB, no obstante, si se consideran los déficit fiscales, esto son menores ingresos frente a mayores gastos, de 5,71% para el caso de Colombia, así como la deuda de los estados, que no son otra cosa que obligaciones que tendrán que pagar las generaciones futuras, de $1.033 billones, 70% del PIB en nuestro país, medidas como la regla fiscal y el tamaño de los gastos del aparato burocrático, adquieren relevancia y sentido, más aún cuando las inversiones de nuestra nación solo representan el 19,8% y el pago de la deuda el 20,3%.
Así las cosas, las discusiones propuestas por el actual gobierno sobre reformas a la salud y a las pensiones, donde las entidades públicas adquirirían mayor relevancia en detrimento de las empresas privadas, tendrían otra dimensión si se observan desde el incremento de los gastos y el aumento del tamaño del Estado, en relación con su discutible eficiencia.
Por lo anterior, convendría considerar establecer un límite constitucional al tamaño del Estado en relación con el PIB, de suerte que las diferencias ideológicas no condujeran a estados aparatosos, costosos e ineficientes, que tendrán que pagar hijos y nietos.
En otros términos, cabría preguntar a los colombianos qué porcentaje de nuestros ingresos queremos pagar para sostener la burocracia estatal y cuáles servicios queremos que presten directamente o a través de empresas privadas.
Cita de la semana: “Al que solo tiene un martillo, todo le parecen clavos” (anónimo)