Este país tiene el triste mérito de sorprender cada día más cuando a corrupción se refiere. Cada semana un nuevo escándalo opaca el anterior, y así, con el pasar del tiempo, todo queda olvidado en la memoria e impune en los estrados judiciales.

Esta semana el turno fue para el escándalo por la compra de tres aviones para la Policía: un jet Embraer Legacy 600, por 12 millones de dólares, y dos aeronaves ATR-42-500, por otros 12 millones de dólares. Fueron adquiridos a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (Ciac S. A.), gracias a un convenio interadministrativo, suscrito el 13 de enero de 2022 con la Policía. La Contraloría les puso la lupa a estos contratos y lo que ha encontrado es preocupante. O, más bien, descarado.

En esta venta se pactó una comisión del 3 por ciento (cerca de 7.000 millones de pesos) a favor de la Ciac por su gestión en la compra de las aeronaves, a pesar de que la Policía tenía capacidad para hacer las adquisiciones sin necesidad de intermediarios. Cuando la Contraloría pidió el soporte de las gestiones adelantadas por la Ciac S. A., que justificaran el pago de la comisión, solo allegaron una factura por 28 millones de pesos. Alegaron que el resto eran gestiones “intangibles”.

Además, la Ciac S. A. escogió comprar las aeronaves a dos consorcios: el Consorcio Aeronaves PNC y el Consorcio Alas, dos entes bien curiosos. El primero está conformado por tres empresas: Río Sur S. A. S. (5 por ciento), con gran trayectoria en el mundo aeronáutico; Construcción Empresa y Proyecciones para el Desarrollo (5 por ciento) e Ingeambico (90 por ciento), una empresa de venta de maquinaria agrícola y servicios de catering. A este consorcio le compraron el jet de lujo, por 12 millones.

Luego viene el consorcio Alas, conformado por la misma empresa Río Sur (5 por ciento) y Servicios Integrales y Asociados, Emsa, (95 por ciento), compañía que se dedica a un sinnúmero de actividades, como la compraventa de maquinaria, de seguros, de lotes y de ganado, por citar solo algunas. Este consorcio vendió dos aeronaves ATR 42-500, por 6.200.000 dólares y 6.470.000 dólares.

Estas empresas que aparecen consorciadas, excepto Río Sur, tienen en común varias cosas: están domiciliadas en Arauca, no tienen experiencia en nada que tenga que ver con aviones y ostentan objetos sociales tan amplios que no tienen una vocación particular. Es evidente que están constituidas para poder encajar en cualquier convocatoria pública.

Pero ¿quién está detrás de estas multimillonarias contrataciones?

Esta semana Caracol Radio reveló que la sede social de estas empresas es la misma de otras tantas que hoy ejecutan multimillonarios contratos en Arauca, la mayoría con dinero de regalías. Si se hace un zoom a sus representantes legales, se encuentra que son jóvenes sin ningún tipo de experiencia en las labores que ejecutan. Por ejemplo, Nórida Paola García Nontoa, la representante legal de Construcción Empresa y Proyecciones para el Desarrollo, es una joven psicóloga que en sus redes promociona la venta de lechona. Su nombre también aparece en diversos consorcios y uniones temporales. Uno de ellos es el Consorcio Infraestructura para la Gestión del Riesgo, que ejecuta el contrato CO-SMC 012 del 2022 para realizar obras de protección en las veredas La Yuca y El Torno, en el municipio de Arauca, por 31.970.314.262 pesos. Todos, recursos de regalías.

En el mismo lugar, la calle 17 n.º 27-29, está también Inversiones Invida S. A. S., que ha firmado decenas de contratos con la Gobernación de Arauca y otros entes territoriales. Han desarrollado la interventoría del Plan de Alimentación Escolar de Arauca y otros asuntos tan diversos como el plan de conservación del delfín rosado, el manatí y el armadillo en Casanare y Vichada. Inversiones Invida actualmente ejecuta un contrato de apoyo a la generación de ingresos para la reactivación económica de las familias víctimas por 4.523.812.530 pesos.

En este lugar trabaja Pablo Andrés Rojas Castellanos, un recién egresado de Derecho, que es a su vez el representante legal de Emsa, la empresa que negoció los dos aviones ATR-42-500. Según su hoja de vida, se ha desempeñado como conductor de camión, cajero y ayudante de bodega en la empresa de alimentos Starmark STM S. A. S., cuyo representante legal es Juan Carlos Manosalva Carvajal, conocido como el “zar de la contratación en Arauca”, nombre involucrado a diversos escándalos de elefantes blancos y despilfarro de recursos.

Pablo Andrés Rojas Castellanos es sobrino de Elizabeth Rojas, la exesposa de Juan Carlos Manosalva, y no tiene la más remota idea de aviones ni de ninguno de los contratos que ejecuta la empresa que representa.

Para rematar, en el mismo lugar donde funcionan estos contratistas está la Unión Temporal Naranjas 2022, representada por Sharon Gianina Moreno, la misma que representa a Ingeambico, parte del consorcio que vendió el jet de lujo Embraer 600 a la Policía. En la Unión Temporal, Gianina administra un contrato por 33.000 millones de pesos para apoyar a 600 productores en la siembra de 1.200 hectáreas de cítricos en Saravena, Arauquita, Tame y Fortul. Este proyecto fue aprobado a través de los Ocad Paz y financiado con dineros de regalías. No registra ningún tipo de experiencia profesional ni formación afín a sus compromisos legales.

Es claro que estas empresas no son expertas en nada de lo que ejecutan. Y es claro también que hay un hilo conductor entre ellas: Juan Carlos Manosalva Carvajal y Elizabeth Rojas, conocidos por ser ganadores de diversas licitaciones y contrataciones directas.

¿Quiénes están detrás de ellos? ¿Cómo llegan a quedarse con contratos que exigen experiencias y requisitos técnicos que no tienen? ¿Cómo logran ejecutar miles de millones de recursos del orden nacional?

No hay duda, detrás seguro hay un montón de “aviones”. Esperemos que las autoridades los descubra, antes de que, como siempre, “se vuelen”.