El transporte terrestre en Colombia enfrenta desafíos significativos en términos de costos y eficiencia. Así lo indica el estudio más reciente del Centro de Estudios para la Competitividad Regional (SCORE) de nuestra Universidad del Rosario, que revela que dichos costos han experimentado una tendencia al alza en el país entre 2015 y 2022.
Sin embargo, el incremento no ha sido uniforme entre las regiones: Caldas y Córdoba sobresalen por sus marcados crecimientos interanuales en costos del 20.8% y 17.24%, respectivamente. En contraste, Magdalena y Caquetá presentan los menores aumentos interanuales, con tasas de incremento del 9.55% y 9.77%. Estas diferencias evidencian la necesidad de implementar políticas públicas que atiendan las particularidades de cada región para reducir las brechas y mejorar la eficiencia del transporte. Asimismo, es preciso identificar y replicar en otros territorios del país las prácticas exitosas de los departamentos.
Al observar los datos del 2022, también se encuentra un incremento progresivo en los costos de transporte por kilómetro y tonelada en diversos departamentos del país. Risaralda tiene el costo medio más alto, con $696.5, mientras que La Guajira tiene el costo medio más bajo, con $174.3. Nuevamente se manifiesta la necesidad de abordar las disparidades en los costos de transporte y promover la equidad en este sector para que el bienestar llegue a todos los colombianos.
Uno de los factores que influyen en los costos de transporte en los departamentos es la calidad de las vías. El estudio muestra una fuerte correlación entre estas variables: los departamentos con vías de menor calidad tienen los costos de transporte más altos. Así, una posible solución para disminuir los costos de transporte es asignar recursos a la mejora y mantenimiento de la infraestructura vial en los departamentos más afectados, lo que a su vez puede potenciar el desarrollo socioeconómico.
Por otro lado, los resultados también evidencian grandes diferencias en la cantidad de carga de transporte terrestre entre los departamentos. Antioquia y Cundinamarca tienen los mayores porcentajes de participación de carga del país (14.6% y 11.34%). En contraste, los que menos transportan son Guaviare y Vichada, con menos de 0.5% cada uno. Estos hallazgos resaltan la importancia de promover una distribución más equitativa de la carga de transporte y mejorar la eficiencia logística en todo el territorio nacional.
Otro aspecto destacable del análisis realizado es que en el departamento de Casanare se observa una relación inversa entre la cantidad de carga transportada y los costos de transporte. La carga hacia Huila y Meta es relativamente baja, pero sus costos son elevados. En cambio, la carga de transporte es más alta hacia Atlántico, Risaralda, Cauca, Valle del Cauca y La Guajira, y sus costos son significativamente más bajos.
El estudio muestra también que la mayor parte de la carga que sale de Casanare se dirige a Cundinamarca (19%), Meta (16%), Valle del Cauca (8%) y Bogotá (8%), mientras que Caquetá, Chocó, Quindío, Nariño y Caldas reciben del departamento una carga inferior al 1%. Esto indica que hay oportunidades para diversificar los destinos de la carga y mejorar las conexiones de transporte con otras regiones del país. También se plantea la posibilidad de implementar políticas que incentiven el comercio interdepartamental.
¿Qué podemos hacer para transformar estos desafíos en oportunidades de crecimiento y eficiencia? En primer lugar, es necesario invertir en infraestructura vial de calidad, que mejore la accesibilidad y la conectividad entre las regiones, priorizando los departamentos con altos costos de transporte.
Como segunda medida, es importante diversificar los productos transportados y distribuir equitativamente la carga de transporte entre los departamentos para mejorar la eficiencia del sistema de transporte.
Finalmente, es fundamental mejorar la gestión administrativa del transporte terrestre, que incluye aspectos como la planificación estratégica, el mantenimiento adecuado de las vías, el control de calidad y la regulación del sector. Estas acciones contribuirían a optimizar el funcionamiento del sistema de transporte y a garantizar su sostenibilidad.
Para lograr estos objetivos, Colombia requiere de políticas públicas que faciliten una gestión administrativa eficiente y estimulen la inversión en infraestructura de transporte terrestre. La implementación de medidas como incentivos fiscales, promoción de la competencia y mejora de la calidad y extensión de la red vial primaria pueden contribuir significativamente a la reducción de los costos de transporte y al fortalecimiento de la economía regional a favor del bien común.