Hace unos pocos días, en el municipio de Fundación del departamento de Magdalena (Colombia), 52 niños de entre 2 y 13 años eran transportados en un autobús con sobrecupo, sin autorización para operar, sin revisión técnico-mecánica ni seguro obligatorio vigente, con un conductor sin licencia y con casi una decena de multas de tráfico; algo que sorprende poco pues ocurre día a día en diferentes rincones del país. Y lo preocupante es precisamente eso, que tal situación no sorprenda a nadie porque nos hemos acostumbrado a aceptar lo inaceptable como parte de nuestra cotidianidad.Pues bien, tal cotidianidad esta vez tuvo un desenlace trágico. A consecuencia de la negligencia del conductor y de quien contrató el servicio murieron 33 niños y 16 más resultaron con quemaduras serias por un incendio asociado a fallas mecánicas y una inadecuada acción del conductor. ¿Era evitable este incidente tan grave? La respuesta es sí, lo era, y por ello hay que decirle al gobierno nacional que importa poco que se decrete un duelo nacional, lo que realmente importa es asegurar un verdadero control al transporte público y al transporte especial, pues esta no es la primera tragedia que habría podido ser evitada.En nuestro país son millones los ciudadanos que se exponen a diario a una tragedia de estas características. A un transporte formal con parte de su flota envejecida y un significativo número de conductores de dudosa conciencia de la buena conducción y la seguridad vial, se le suma la presencia de un transporte informal que rompe todas las reglas posibles. Basta con mencionar que algunos sectores de difícil accesibilidad en nuestras ciudades están completamente dominados por el transporte informal o por el transporte formal inadecuado (algunos de ellos vehículos tipo campero adaptados), como consecuencia directa de que el gobierno local no ha sido capaz de ofrecer un transporte público de calidad a dichas zonas. El caso del transporte especial para escolares no se queda atrás. Prácticamente en cualquier ciudad abundan los casos en que los escolares, y sus padres, deben encomendarse a la Santísima Trinidad para salir bien librados al movilizarse en un vehículo que, a todas luces, incumple las condiciones mínimas para prestar el servicio.Lo preocupante es que un amplio sector de la población ha decidido hacerse el de la vista gorda frente a tal situación: gobierno, autoridades locales, usuarios y sus familias, instituciones educativas, empresas, etc. Basta echar un vistazo en la calle para percatarse de que es así, aunque algunas excepciones están siempre presentes.Un transporte de calidad, tanto público como especial, no debe ser entendido como un lujo, sino como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado. Es fundamental que lo entendamos de una vez. Si bien Colombia es el país de la informalidad, como así lo demuestran las cifras en varios sectores productivos, tal informalidad en el sector transporte es increíblemente nociva y peligrosa. Resulta inaceptable que nos permitamos viajar en un transporte inadecuado y que el gobierno mire para otro lado, desconociendo sus funciones de regulación y control. Hace unos días murieron 33 niños en un solo hecho. ¿Cuántos más deben morir para que tomemos conciencia del problema y acometamos acciones concretas?Ya está bien de que quienes prestan este servicio de manera irresponsable e ilegal se escuden en su amañado argumento del derecho al trabajo y que una parte de los ciudadanos se solidarice con ellos. El derecho al trabajo no debe reñir con la obligatoriedad de cumplir con todos los requisitos necesarios para prestar un servicio de calidad y en condiciones de seguridad. Quienes no lo entiendan así que por favor se lo expliquen a las decenas de familias de Fundación que hoy afrontan la pérdida de sus niños. Toda nuestra solidaridad debe estar con estas familias, sin lugar a dudas, se trata de un episodio sumamente triste que no debe repetirse.En Twitter: @cargonza6*Consultor e investigador en movilidad y urbanismo. PhD (c) Estudios Urbanos, Universidad de Cambridge.