Cuando se habla de reformas a los procedimientos electorales se suele citar a Ortega y Gasset: “La salud de la democracia, cualquiera que sea su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral”. Por supuesto, la democracia tiene un sentido integral y es algo más que procedimientos electorales. Pero, sin esa garantía, difícilmente se puede avanzar en otros aspectos.

El sapismo en la segunda mitad del siglo XIX, las elecciones de 1970 o el fraude detectado por los jueces en la elección a Senado de 2014 son ejemplos de por qué debe prestarse atención al proyecto de Código Electoral que está a punto de aprobarse en el Congreso. La iniciativa presentada por el registrador se acompañó de un mensaje de urgencia del presidente y contó con el respaldo de 40 congresistas, varios alagados con la nómina de la organización electoral. La ley de presupuesto duplicó sus recursos (1,1 billones de pesos) sin que el nuevo código sea expedido aún, un apoyo inusitado de quienes hundieron los intentos de reforma política.

El registrador señala que el actual código es anterior a la Constitución del 91, y la legislación es dispersa y no genera seguridad jurídica. Promueve la innovación tecnológica, la modernización de la organización electoral, el mejoramiento de los escrutinios, las nuevas modalidades de voto y una auditoría informática de las elecciones. Por supuesto, es necesario un nuevo código, con carácter de ley estatutaria, que recoja los mandatos de la Constitución del 91 y unifique los procedimientos electorales. La crisis sanitaria es un argumento poderoso para incorporar nuevas modalidades de votación.

Sin embargo, el proyecto carece de un diagnóstico serio e ignora tres aspectos que impiden avanzar en la transparencia y neutralidad de los escrutinios, que es donde está la nuez de los resultados electorales.

El primero es el control clientelista de la organización electoral. Una reforma de 2003 dispuso que la Registraduría sería un organismo técnico, encargado de organizar y administrar esos procesos, y con una carrera administrativa especial. La realidad es otra: de 4.000 funcionarios, 600 ingresaron por mérito y 2.400 tienen nombramientos de corta duración (tres a seis meses). ¿Qué dice el proyecto sobre este asunto? Poco. En su lugar, extiende la libre “remoción” por “pérdida de confianza” a los 1.120 registradores municipales. Un regalo que pretende desmontar por la puerta de atrás el arreglo institucional de 2003.

Por otra parte, otorga facultades extraordinarias durante seis meses al presidente para modificar su estructura, lo cual traería ajustes profundos a la planta de personal a pocos meses de las elecciones de marzo de 2022. El segundo son los poderes adicionales exorbitantes para el registrador. El proyecto lo autoriza para reglamentar el voto electrónico mixto y anticipado. Esas facultades ignoran las competencias del Congreso y fallos de la Corte Constitucional. Escogerá las máquinas, los sistemas de asistencia tecnológica y la plataforma de los escrutinios.

Agreguemos el poder sobre los recursos públicos para poner en marcha los cambios. Para hacerse una idea: el informe de gestión de 2019 señala que de los 59 contratos celebrados, la modalidad de contratación directa se aplicó en el 94 por ciento de los casos, por 53.000 de los 56.000 millones comprometidos el año anterior. Algo similar a lo que ocurrió con la innovación de la cédula digital.

En tercer lugar, ignora las recomendaciones de la OEA, que advierte sobre el riesgo de delegar competencias misionales a particulares. Son estos quienes diseñan y administran las soluciones informáticas del preconteo, digitalizan los resultados electorales y manejan la red de comunicaciones. La entidad no tiene control sobre la administración y dirección de esos procesos. Su papel se reduce a simular la elaboración de pliegos de condiciones para contratos que se asignan a dedo.

Tres son los beneficiarios del proyecto: los clanes políticos regionales, los grandes contratistas y, cómo no, el propio registrador, que cuenta con el apoyo del presidente Duque y la familia Char.

Por supuesto, no todo es malo: los sistemas de asistencia tecnológica a los procesos electorales y un plan de auditoría; con base en un fallo del Consejo de Estado, propone que el software de escrutinios sea de propiedad de la entidad, e incorpora una reciente decisión de la corte IDH sobre derechos políticos e inhabilidades electorales. Con las discusiones en el Congreso algo ha mejorado, pero ahora surge el riesgo de su trámite en las plenarias. Implementar algunos de esos cambios para las elecciones de 2022 y 2023 sin un plan escalonado y controles externos, ad portas de una contienda electoral nacional, no solo es un riesgo, sino una irresponsabilidad con la democracia.

*Por Armando Novoa García, exmagistrado Consejo Nacional Electoral y columnista invitado para esta edición.