Profunda es la preocupación del Gobierno de promover acciones que ayuden a mitigar la dolorosa pobreza que se vive en el país. Y le cabe razón, pues, según cifras del Dane, la pobreza en Colombia bordea el 39,3 por ciento de la población. Por eso, el Gobierno Petro ha sido claro en su intención de entregar subsidios a los sectores menos favorecidos como una manera de erradicar el hambre en el país.

La primera acción fue establecer el pago de bonos de 500.000 pesos a adultos mayores en condición de pobreza y a madres cabeza de familia, política que reemplazó al Ingreso Solidario de Iván Duque.

Se conoce también ya la propuesta de entregar una pensión básica a quienes no cotizaron a la seguridad social, política incluida en la reforma pensional que espera su trámite en el Congreso. Y el último de los anuncios en este sentido fue hecho por el presidente Gustavo Petro en Buenaventura, que consiste en otorgar subsidios mensuales de un millón de pesos a jóvenes en entornos de violencia para alejarlos de los grupos delincuenciales. Esta propuesta estará a cargo del nuevo Ministerio de la Igualdad. “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar”, dijo el presidente Petro.

La propuesta recibió, de inmediato, críticas. Una de las más puntuales fue la del exministro de Educación Alejandro Gaviria: “¿Por qué enfocar el programa en jóvenes con un pasado violento y no en los que se han mantenido por fuera de la violencia?”, planteó. Asimismo, dijo Gaviria, uno de los riesgos de este subsidio es que genere precisamente el efecto contrario: que termine incentivando a que los jóvenes se unan a grupos violentos para obtener el ingreso.

Otra de las críticas a esta iniciativa es que no hay claridad en el límite de tiempo ni en los requisitos que se exigirán a los jóvenes para recibir el subsidio. No puede haber subsidios ilimitados, pues no hay economía que pueda sostenerlos en el largo plazo. En el afán de sostenerlos, los subsidios terminan teniendo un efecto de distorsión tanto en su propósito como en la economía misma.

Argentina es un país con una política de estímulos muy similar a la que propone el Gobierno Petro, pero con ya muchos años de ejecución. En ese país se pusieron en marcha varios de los incentivos que quiere Colombia, como la pensión básica, el ingreso mínimo a los cuidadores, el subsidio a madres cabeza de hogar y un largo etcétera, por lo que este es un país espejo en el que bien puede mirarse Colombia.

Actualmente, en Argentina existen 141 programas de protección social y ayuda estatal, que hacen que hoy el 51,7 por ciento de las personas de ese país reciba algún tipo de transferencia del Estado. Entre los distintos programas de ayuda de la Argentina, está un subsidio a jóvenes entre 18 y 24 años que no hayan completado su educación formal obligatoria y que se encuentren en situación de desempleo. Pero también hay otro subsidio de desempleo para trabajadores que hayan perdido su trabajo, que incluye asignaciones familiares y cobertura médica.

Asimismo, el Gobierno argentino dispone de una pensión vitalicia para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con ningún otro beneficio; otra asignación mensual por cada hijo menor de 18 años; un subsidio a mujeres embarazadas con ingresos inferiores a un salario mínimo o pertenecientes al servicio doméstico, al igual que una asignación prenatal durante los meses de gestación y hasta el mes que se produzca el nacimiento o la interrupción del embarazo. Y así, casi que existe un subsidio para cada ciudadano.

En la calle, lo que repiten los argentinos, especialmente los mayores de 50 años, es que en el país los jóvenes no quieren trabajar, pues trabajen o no saben que el Estado les dará lo básico para subsistir. Del mismo modo, quienes trabajan no reciben salarios altos, pues la carga impositiva de las empresas hace que las remuneraciones sean básicas; además, una vez contratado un trabajador, casi que es imposible su despido, así que un empleado puede casi que hacer lo mínimo y no puede ser despedido.

Como consecuencia, los jóvenes no quieren trabajar, pues no ven diferencia en su ingreso si trabajan o no. “Además, están llenos de pibes para recibir los subsidios”, dice un taxista. No obstante, si se atienden las cifras oficiales de desempleo, este solo es del 6 por ciento.

¿Cómo se explica, entonces, que un país que tiene una inflación del 115 por ciento y cuya economía no crece desde hace más de una década registre una tasa de desocupación de solo 6 por ciento? El economista Ramiro Castiñeira lo explica en un artículo del diario La Nación del pasado abril: en la estadística oficial, si un trabajador labora una sola hora formal en la semana, se considera ocupado. De igual forma, quienes son parte del programa social “Potenciar Trabajo” de los jóvenes (que suman más de 1,3 millones de personas) no se toman en la estadística como desempleados.

En Argentina, los puestos en entidades del Estado crecieron 839.000 plazas en la última década, lo que significa un crecimiento del 30 por ciento de burocracia estatal. “En definitiva, el desempleo baja, pese a la falta de crecimiento económico, porque la política se dedicó a esconder la falta de nuevos empleos genuinos, aumentando los puestos del sector público y los planes sociales…”, afirma Castiñeira. “La Argentina pasó, sin escalas, de ‘la cultura del trabajo’ a ‘la cultura de la dádiva’, cambiando empleo por planes y salarios por subsidios”.

Hoy Argentina tiene un índice de pobreza del 46 por ciento de su población. Ninguno de estos subsidios ha servido para reducirla, pero sí para disparar la inflación, destruir el empleo y alimentar una generación de jóvenes sin muchas aspiraciones. Un espejo en el que Colombia debería mirarse, para no recorrer el mismo camino de errores.