El catastro multipropósito, desarrollado conceptualmente por el gobierno y por los departamentos y fortalecido financieramente por entidades como el BID y la CAF, está llamado a convertirse en un instrumento vital para el desarrollo de las anunciadas reformas agraria y fiscal.

Por una parte, contribuirá a formalizar la propiedad rural en Colombia y a reducir la desigualdad en el acceso a predios productivos. Por la otra, al incorporar vastas extensiones de tierra al circuito de la economía nacional. Permitirá ampliar la perspectiva del ordenamiento territorial.

Las perspectivas son favorables. A finales de la segunda década de este siglo el Banco Mundial advertía que el 60 por ciento de la propiedad rural en Colombia era informal y calificaba como anormal esa situación en un país de renta media como el nuestro. A hoy la cifra se acerca al 40 por ciento lo que da cuenta que la reducción de la brecha entre el acceso a la tierra y la productividad seguirá disminuyendo, según el enfoque concertado que logremos darle a la Reforma Rural Integral.

Ante un panorama en el que, según cifras del DANE 2018, para el año 2030 casi el 77 % de los ciudadanos vivirán en los centros urbanos, se hace urgente que la implementación del catastro sea un insumo para el reordenamiento del aparato productivo y que garantice, en articulación con la reforma agraria, la transversalidad de la inversión en tecnología y seguridad jurídica y física.

Concebido técnicamente, el catastro debe ser un instrumento que genere tranquilidad a los actuales poseedores legítimos de la tierra, al tiempo que abre perspectivas para dar una apertura racional a la explotación de tierras que hoy están en la categoría de baldías. Ese equilibrio permitirá prevenir disputas por la tenencia que hoy congestionan los despachos judiciales y en algunas regiones son causa de violencia.

El escenario de los diálogos regionales anunciados por el gobierno electo y entendidos en un espectro amplio de participación y perfil temático, sería ideal para potenciar los instrumentos disponibles y para dotar de mejores recursos a las entidades territoriales que son gestoras catastrales.

Como lo planteó recientemente la Federación Nacional de Departamentos en sus propuestas al nuevo Congreso y también al gobierno, si bien se han dado avances en la formulación del proyecto de catastro multipropósito para que pueda ser el insumo determinante del desarrollo de la planificación y el ordenamiento territorial, se deben definir nuevas fuentes de recursos para que las entidades territoriales puedan implementar y continuar con la gestión.

Recientemente analistas que han venido contribuyendo con ideas para el desarrollo de las reformas recordaban cómo a comienzos del siglo XX Suiza era el país con menores ingresos en Occidente, pero en tan solo dos décadas transformó sus derechos de propiedad y generó un ímpetu productivo al ampliar la tenencia de la tierra, formar a nuevos propietarios y formalizar las empresas productivas del agro.

De acuerdo con los cálculos realizados para darle sustento a la propuesta, el potencial de recuperación de inversión para la implementación de un catastro multipropósito o para convertirse en gestor catastral vía tasas e impuestos, daría un punto de equilibrio en el séptimo u octavo año, por lo que la sostenibilidad durante estos primeros años dependería, en amplia medida, de la subsidiariedad y complementariedad ejercidos por el nivel nacional.

Las metas formuladas inicialmente, que ahora pueden ser modificadas para hacerlas más ambiciosas, buscaban que al finalizar el presente año estuviese actualizado catastralmente 60 % del territorio nacional, con más de 68 millones de hectáreas y la entrega de 48.500 títulos rurales. También es susceptible de mayor crecimiento el espectro de los gestores del catastro multipropósito, de los cuales hasta el año pasado se contaban 31, entre alcaldías, departamentos y esquemas asociativos, principalmente.

No hay duda de que el catastro multipropósito será uno de los motores de la reforma agraria que ahora necesitará un impulso definitivo y también, eventualmente, un instrumento de apoyo a la reforma tributaria en tiempos en los que las arcas de las regiones acusan los efectos de recientes crisis.