Miente quien diga que en Colombia la seguridad no se ha deteriorado. Todos los días despertamos con un nuevo atentando, el asesinato de un uniformado, panfletos con amenazas en algún lugar del país y hechos que parecían olvidados, como el ocurrido en Convención, Norte de Santander, donde hombres armados entraron a la sede de la Registraduría y se llevaron a Camila Suárez Galván, quien fue liberada tres días después, hecho que no ha sido reclamado por ningún grupo armado, aunque en la zona operan el ELN, las disidencias de la Farc y un reducto del EPL.

Pero no es este un caso aislado. En los últimos meses han sido secuestrados en Norte de Santander el avicultor Evangelista Bohórquez, de 75 años, al igual que Elkin Noriel Sánchez Flórez, de 29 años, y Anayibe Pallares junto con su esposo, Héctor Julio Sánchez, sacados a la fuerza de su negocio el mediodía del 21 de julio en Ocaña. En Cesar fue secuestrado hace dos meses el ganadero Sanín Mena, de 87 años.

En lo que va del año, se han registrado 160 secuestros, lo que significa un aumento del 90 por ciento en las cifras de esta abominable práctica criminal. Al 15 de julio se registran 87 masacres y hay un aumento en las cifras de hurto de 18 por ciento. Las extorsiones carcelarias están desatadas y las ciudades son cada vez más inseguras. El campo ha vuelto a convertirse en el lugar donde se pasean como dueños y señores los grupos armados, repartiendo panfletos en los que dan instrucciones de qué pueden hacer los pobladores y qué no, al tiempo que plantan vehículos con explosivos en vías para no permitir que la gente se movilice.

La obsesión del presidente Gustavo Petro de firmar esa “paz total” con todos los actores armados del país ha hecho que estos se sientan en posición de poder y empiecen a mostrar su poderío en distintos lugares del país. Los grupos ilegales están “envalentonados”, queriendo mostrar que mandan y que pueden someter a la fuerza pública y a la ciudadanía cuando quieran, como una manera de obligar al Gobierno a sentarse a negociar.

Mientras desde el Gobierno se sonríe a los grupos ilegales insistiéndoles en su voluntad de diálogo, desechando la veracidad de las denuncias del fiscal general de que el ELN quiere matarlo, pero dando credibilidad a la palabra de esta guerrilla, los gobernadores de todo el país, agrupados en Fededepartamentos, manifestaron sentir que es imposible hablar con los ministros y el presidente. En un comunicado, encabezado en su firma por Roberto Jaramillo, gobernador del Quindío y presidente de esta agremiación, los gobernadores hacen un listado de las distintas situaciones de inseguridad que viven en cada una de las regiones y piden al Gobierno que los escuche y que corrija los errores en el diseño y la implementación de la “paz total” para que esta no sea aprovechada por los grupos ilegales como estrategia para hacer más daño en las regiones.

La respuesta del Gobierno, a través del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue llamar hipócritas a los gobernadores y acusarlos de convertir el tema de seguridad en una bandera política.

A tal afirmación, los gobernadores respondieron pidiendo la renuncia del ministro Velasco. Y cuando todos esperaban una respuesta de Gustavo Petro de aliento a los gobernadores, el presidente desde su cuenta de Twitter le respondió al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga: “Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional”. Una respuesta que deja claro que al presidente en realidad no le importa el sentir de los gobernadores.

Lo que está pasando en el país es en verdad angustiante. Cuando Gustavo Petro anunció su intención de buscar esa “paz total”, la ilusión de lograr un país sin conflicto alentó a muchos. Pero el precio que estamos pagando los colombianos por esta obsesión es demasiado alto. Colombia está regresando de manera acelerada a los tiempos en los que sentíamos que no había institucionalidad, que nuestro país estaba a merced de los delincuentes y que vivíamos con miedo.

Pedir que se preste atención a lo que sucede en los distintos departamentos donde las luchas por el dominio territorial de los grupos ilegales están siendo el escenario de enfrentamientos, en los que la población civil sigue siendo la más perjudicada, no es de ninguna manera oponerse a un gobierno ni querer sabotear un proceso de paz. Es, sencillamente, pedir que las instituciones cumplan los fines para las cuales han sido establecidas.

En toda esta situación sorprende el silencio del ministro de Defensa, Iván Velásquez, un funcionario de quien no se duda de sus calidades como jurista, pero que sorprende su inacción e indiferencia frente a los asuntos propios de su cartera. Es al mindefensa a quien le correspondería estar al frente de esta petición de los gobernadores, mostrando sus gestiones para detener el avance de la delincuencia en las regiones. Aunque exista hoy una perspectiva de acuerdos con las organizaciones armadas, son grupos ilegales cuyo actuar criminal debería generar el rechazo absoluto del Gobierno, principalmente del ministro Velásquez.

El país retrocede a pasos agigantados. Otra vez volvieron las advertencias de no transitar por vías, las extorsiones masivas a comerciantes, las amenazas, las voladuras de oleoductos y los secuestros. Muchos votaron por un gobierno “del cambio”, con más inversión social, con la ilusión de cerrar esa brecha de desigualdad que tanto duele. Ese era el cambio que esperaban los colombianos, pero no creo que nadie haya votado por un Gobierno que se complace con los delincuentes y que los pone, incluso, por encima de sus mandatarios.

El país está descuadernándose y el presidente y sus ministros son responsables de que esto suceda. Es hora de escuchar y mostrar empatía no solo con los delincuentes, sino con gobernantes, empresarios y ciudadanos, que somos quienes pedimos que se frene esta violencia.